Ir en beneficio del trabajo periodístico, pero, por sobre todo, colaborar en la consolidación de una sociedad democrática, son las finalidades de una iniciativa gestada desde el Colegio de Periodistas y que plantea un cambio constitucional en la normativa que regula a las comunicaciones en Chile.
Con cifras que superan el noventa por cierto de concentración de medios en algunos ámbitos, según datos del Consejo Nacional de Televisión, se trata de uno de los grandes impedimentos para la consolidación democrática en Chile. Por tal motivo, en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la presidenta del Colegio de Periodistas, Margarita Pastene, describió la pertinencia de la propuesta.
“Estamos demandando que podamos consignar el derecho humano a la comunicación en la Constitución, en una nueva Constitución para Chile, y que desde ahí se desprenda una ley de medios que permita regular los medios de comunicación privados, de tal modo que no se produzcan estas concentraciones que apuntan, en términos ideológicos, en una sola dirección”, explicó Pastene.
Pero aquello, sin embargo, abarca mucho más allá que un solo problema y plantea, según Pastene, propuestas de fomento y apoyo a los medios de servicio público, así como los de alcance local, regional y de tipo comunitarios.
Todo esto, además, con una normativa que proteja el trabajo periodístico en épocas de “inmensa precariedad y desprotección laboral”, indicó Pastene.
Esto último, sin embargo, si bien podría haberse exacerbado en los últimos años, donde diversos medios nacionales han sucumbido al cierre de sus funciones, para Pastene, acarrea una deuda que se inició en los años de dictadura.
“Cuando se recuperó la democracia, los medios de comunicación que participaron activamente y los periodistas que dieron su vida por recuperar la democracia, estuvieron en medios que fueron cerrando porque no fueron sustentables. Y ningún gobierno de la Concertación cubrió esa deuda histórica con el periodismo y con las comunicaciones en Chile”, criticó Pastene.
Esta propuesta, en las últimas semanas, ha recibido el apoyo de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, con cuyo equipo se está trabajando en un documento que será presentado al Congreso Nacional y que, por ahora, plantea la modificación del artículo 19, número 12, de la Constitución, justamente el que hace referencia a los medios de información en el país.
Así se refirió el presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margotta, sobre las falencias de la normativa vigente.
“El artículo 19, número 12, lo que establece es el derecho a la opinión y a la información, pero no a la libertad de expresión, que sí establece la Convención Americana de Derechos Humanos y que fue un instrumento suscrito y ratificado por el Estado de Chile. Lo que proponemos es la adecuación de la legislación nacional a la normativa internacional”, indicó.
Este aparente detalle mínimo resaltado por Margotta es, justamente, el detonante de otros problemas como el pluralismo informativo y la concentración de medios, que terminan colocando al público en una condición de desprotección en épocas de alto tránsito de información.
Hay que recordar, finalmente, que según un informe realizado en Chile por el visitante de la Comisión Internacional de los Derechos Humanos, Edinson Lanza, y que fue publicado en el año 2017, se constató que la libertad de expresión está siendo seriamente amenazada en Chile. Este, no obstante, sigue siendo un derecho fundamental de los seres humanos que el país no está garantizando de forma absoluta.
Discurso de Margarita Pastene por el Día del PeriodistaFuente: Radio UChile y Colegio de Periodistas
Es un gran honor para mí, representar hoy al Colegio de Periodistas en este día en que nos hemos congregado aquí en Valparaíso, para celebrar el sexagésimo aniversario de nuestra Orden e instituir el 11 de julio como el Día del Periodista en Chile, por mandato de nuestro Consejo Nacional, en su sesión del sábado 8 de junio, recién pasado.
Permítanme destacar la labor visionaria de Juan Emilio Pacul, fundador de nuestra Orden, quien supo de la trascendencia, significado y de sentido de nuestra profesión, la que tenía que pasar de ser un oficio, a ser una profesión universitaria. Pacull le dio al Colegio, en tanto organización de derecho público, la misión de velar por el mas irrestricto respeto por el ejercicio profesional, tarea a la que no podemos renunciar.
El 11 de Julio de 1956 se crea entonces mediante la ley 12045 el Colegio de Periodistas de Chile, como la entidad rectora de nuestra profesión. Esta ley señala que nuestro Colegio tiene por misión la tuición, supervigilancia, perfeccionamiento y protección de la profesión de periodista.
Sabemos que, a lo largo del día, todas y todos nuestros/as dirigentes/es, realizan una importantísima labor para el fortalecimiento de nuestro gremio, con un propósito único y principal la promoción de los Derechos Humanos, así como también constituirnos en verdaderos centinelas de memoria, para no olvidar y menos negar.
Este permanente estado de alerta sobre derechos humanos y medios de comunicación, nos permite reaccionar de inmediato cuando, con intención o no, se actúa con total irresponsabilidad ante temas tan sensibles como los crímenes de lesa humanidad.
No podemos permitir como sociedad, como seres humanos, nunca, que en ningún medio de comunicación, se invite a alguien que haya sido condenado a prisión por graves delitos de violación a los derechos humanos, para que cuente su “verdad”.
La verdad es una sola: Rodrigo Rojas de Negri y Carmen Gloria Quintana fueron quemados vivos en dictadura. Rodrigo murió a causa de las graves quemaduras. Nadie puede negar aquello. Otorgar espacio en un medio televisivo al culpable directo de esto, es volver a quemarlos, volver a asesinarlo. Estas prácticas dañan y violentan nuestra memoria.
El Periodismo es un asunto de moral y conciencia y en ese sentido la ética periodística es el eje fundamental en el ejercicio de nuestra profesión. Y debemos considerar aquello al abordar desde el periodismo temas tan sensibles como la violencia a las mujeres, la vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes, la migración, entre otros grandes temas.
Nos asiste la convicción que solo el ejercicio de un periodismo ético y responsable, nos conducirá a una sociedad libre de toda manipulación, distorsión y deslealtades.
Tenemos que perseverar en ello, porque ya sabemos de la dramática experiencia vivida en nuestra historia reciente, con la tergiversación de los hechos y el grave ocultamiento de la verdad en que incurrieron algunos medios de comunicación en nuestro país.
Nos parece urgente que el control de ético, se restituya a los Colegios Profesionales. Esta tarea nos parece de la mayor relevancia y estamos trabajando en ello a través de la Federación de Colegios Profesionales del país, institución a la que pertenecemos.
Esperamos que el proyecto de Ley que está estancado aun en el Congreso se haga realidad y nos permita avanzar en un marco legal para regular debida y oportunamente el ejercicio del periodismo y de todas las profesiones del país. Hoy más que nunca debemos erguirnos con total rigurosidad y sin tardanza para impedir el descalabro moral al que se pretende acarrear a nuestra sociedad, producto de la impunidad y carencia de ética de ciertos personeros y personajes públicos.
Para todas estas transformaciones necesitamos imponer un tranco distinto, desde las organizaciones sociales, al tranco de la esfera política. Necesitamos profundizar la democratización del espacio público, reforzar el pluralismo informativo para garantizar a la ciudadanía un ejercicio social de intercambio fluido de información, libre de restricciones y ocultamientos deliberados.
Necesitamos un sistema medial constituido por múltiples propuestas informativas, para contrarrestar la estrategia informativa homogénea, en una sola dirección que prima hoy. Ello hace que la ciudadanía se encuentre en total indefensión al estar desprovista de elementos fundamentales para comprender su entorno y activar su legítimo derecho a la información y a la participación.
La concentración política, ideológica y económica de los grandes medios en Chile, sin contrapeso, es una deuda pendiente con los derechos fundamentales de las personas. Y por lo mismo, es urgente revertir la situación de total indefensión en la que se encuentran medios independientes, comunitarios, locales y regionales, que deben hacer frente a una situación de total inequidad, al gran capital que maneja el sistema medial chileno.
Nuestro país requiere con urgencia democratizar las comunicaciones y el Estado debe garantizar ese derecho, el derecho humano a la comunicación. Como Colegio de Periodistas proponemos incorporar el Derecho a la Comunicación en una nueva Constitución para Chile, como principio fundamental para la construcción de una sociedad verdaderamente democrática.
Margarita Pastene Valladares
