lunes, 6 de noviembre de 2017

Argentina presentó ante la ONU su posición sobre libertad de expresión, acceso a la información y derechos humanos

Claudio Avruj, Silvana Giudici y Brian Schapira integran la delegación argentina
“La Argentina está implementando por primera vez en su historia su Plan Nacional de Derechos Humanos, conformado por el trabajo de los 20 ministerios, en base a los conceptos que definieron como prioritarios” afirmó el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, en el marco del 28° periodo de sesiones del Grupo de Trabajo del Examen Periódico Universal (EPU) en la ciudad de Ginebra. Y agregó que “trabajamos para recuperar dos valores fundamentales: la verdad y el diálogo, ambos como garantía de la libertad de expresión”.

A su turno, la vicepresidenta del Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom), Silvana Giudici, aseguró que “la libertad de expresión y el acceso a la información pública son, para esta delegación, pilares fundamentales del sistema democrático y requisitos indispensables para el desarrollo de una sociedad moderna”.

La delegación argentina ante Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) que participó de esta revisión regular sobre la situación de los derechos humanos -en la que intervienen los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas-, se completó con la presencia del Subsecretario de Protección de Derechos Humanos, Brian Schapira, y funcionarios de los ministerios de Justicia, Seguridad, Salud, y Educación.

Giudici presentó un informe sobre los avances en materia de protección de la libertad de expresión en Argentina: “Desde la asunción del presidente Mauricio Macri, el país ganó calidad institucional, la prensa tienen total libertad para trabajar y las conferencias de prensa y entrevistas con el presidente son habituales. Los medios públicos recuperaron la pluralidad”.

“Los dos logros más importantes en protección de derechos, en cuanto a libertad de expresión, fueron la sanción de la Ley de Acceso a la Información Pública y la regulación de la publicidad oficial a través de la resolución 247/2016”, señaló la vicepresidenta del ENaCom.

“El diálogo con todos los sectores políticos y el acceso a la información de los actos gubernamentales es permanente. El Jefe de Gabinete visitó 16 veces al Congreso Nacional para realizar sus informes en cumplimiento de lo establecido en la Constitución Nacional”, finalizó la ex presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados.
Mensaje ante la asamblea de Silvana Giudici, del Ente Nacional de Comunicaciones:
La libertad de expresión y el acceso a la información pública son, para esta delegación, pilares fundamentales del sistema democrático y requisitos indispensables para el desarrollo de una sociedad moderna. Estos principios rigen las políticas públicas desarrolladas desde el inicio de nuestro gobierno:

Modificación de las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual y Argentina Digital
En diciembre de 2015 se creó el Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) como organismo que asumió las competencias que hasta entonces cumplían la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC).

El objetivo principal de esta decisión fue la creación de un organismo regulador independiente y convergente para los servicios de comunicación audiovisual, las telecomunicaciones y las TIC’s.

Se busca así avanzar en la adecuación del sistema normativo argentino al escenario de convergencia de las comunicaciones, al entenderse el desarrollo de las mismas como un requisito indispensable para el pleno ejercicio de la libertad de expresión y del acceso a la información.

Este primer paso regulatorio fue convalidado por el Congreso de la Nación que ratificó con fuerza de Ley el decreto de creación del ENaCom y la decisión de unificar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual con la Ley Argentina Digital, para avanzar en la redacción de un marco legislativo innovador e integrado.

A tal fin, se conformó una Comisión Redactora que llevó adelante un amplio proceso participativo. Se recibieron a más de 78 organizaciones representativas de todos los sectores involucrados. Durante más de un año y medio se desarrollaron además debates académicos y seminarios internacionales. Este proceso se completó con una amplia consulta digital que recibió aportes de ciudadanos de todo el país.

Desde julio de 2017, el Ministerio de Modernización tiene a su cargo la redacción final de la norma, integrando al mismo marco regulatorio la agenda digital y las políticas de inclusión digital que ese Ministerio venía llevando adelante como el programa para la inclusión digital de los adultos mayores, el Plan de Conectividad de Escuelas Rurales, el Sistema de Gestión Documental Electrónica para todas las dependencias del Estado Nacional, el Portal de Datos Abiertos, la finalización del tendido de la Red Federal de Fibra Óptica (ReFFEFO) y el plan federal de Internet para conectar 1339 localidades en todo el país.

Protección de la actividad periodística y políticas de transparencia y acceso a la información
Otro paso importante para garantizar el ejercicio de la prensa independiente fue la puesta en funcionamiento de un Protocolo de Actuación para la Protección de la Actividad Periodística destinado a garantizar la labor de los trabajadores de prensa que investiguen causas vinculadas al narcotráfico, tráfico de personas, o crimen organizado.

Con el objetivo de brindar información pública, y cumpliendo con la Constitución Nacional son estrictas las visitas informativas del Jefe de Gabinete al Congreso.

Esta política de información y rendición de cuentas se complementa con el desarrollo frecuente de Conferencias de Prensa en el ámbito de la Casa Rosada, donde los periodistas pueden preguntar con libertad tanto al Presidente de la Nación como a los miembros de su gabinete. Práctica que en todo gobierno democrático es fundamental y que, durante la última década, estuvo vedada en la Argentina.

Asimismo, se recuperó el rol de los medios públicos, garantizando la pluralidad de voces y los espacios de debate a todos los sectores políticos.

Regulación de la Publicidad Oficial
La regulación y el control de la Publicidad Oficial fueron uno de los principales logros del gobierno argentino, ya que por más de una década la misma fue utilizada por el Estado de manera arbitraria, configurando situaciones de censura indirecta prohibidas por el artículo 13.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Por ello, en el año 2016, el Poder Ejecutivo Nacional, a través de la Secretaría de Comunicación Pública, dictó una norma que fija criterios claros, equitativos y objetivos para la distribución de la publicidad oficial, crea un registro público de beneficiarios y establece la obligación de publicación permanente de sus datos.

Sanción de la ley de Acceso a la Información Pública
En abril del 2016 se sancionó la primera ley en nuestro país que regula el Derecho de Acceso a la Información Pública, en base a una iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo Nacional.

A partir de su sanción, Argentina se incorporó al grupo de 22 países del hemisferio sur que promulgaron normas para garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, adecuando así su legislación a los estándares interamericanos.

La norma creó la Agencia de Acceso a la Información Pública como autoridad de aplicación, ente autárquico que actúa dentro de la órbita de la Jefatura de Gabinete.

El director de la Agencia fue designado, a través de una audiencia pública y la agencia entró en funcionamiento el 3 de octubre último.

En conclusión, entendemos que la Argentina se encuentra avanzando firmemente en un proceso de modernización del Estado que garantiza la inclusión y la alfabetización digital. Al tiempo que se impulsa una amplia agenda parlamentaria en protección de la libertad de expresión y en cumplimiento de las garantías constitucionales de acceso a la información, ejes centrales para la vigencia de los derechos consagrados en la Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos.

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