domingo, 19 de noviembre de 2017

El macrismo, sin necesidad de inventarse medios propios, ha concitado la melosa unificación de los sesgos editoriales

Ni la Nación ni la Provincia tienen leyes que reglamenten la contratación de publicidad oficial. Queda, entonces, sujeta al gusto y paladar del gobernante de turno. Durante el gobierno kirchnerista, empresarios no dedicados a la comunicación compraron numerosos medios con dinero público para difundir el mensaje oficialista. Ahora, los están dejando abandonados por la disminución de la pauta publicitaria y la escasa audiencia que tienen
Por: Jorge Eduardo Simonetti, jorgesimonetti.blogspot.com
“En términos más sociológicos, la cuestión sería: si los medios no sólo son agencia (actores conscientes, troqueladores de la agenda pública) sino también reflejo del estado de conciencia y organización de grupos sociales”.
Martín Alfredo Becerra, Doctor en Ciencias de la Información e investigador independiente del Conicet
La entrega de los premios Martín Fierro suele ser escenario para que los ganadores se despachen con discursos que nada tienen que ver con el evento, en la mayor parte de los casos de carácter puramente demagógico.

El del lunes pasado, en el rubro radial, no fue la excepción, aunque en este caso estuvo referido a la situación real que atraviesan trabajadores de medios ligados al kirchnerismo, que han perdido o están en peligro de perder su fuente laboral a raíz de la disminución o suspensión del generoso dinero público que, como pauta publicitaria, recibían durante el gobierno anterior.

En determinado momento la situación se puso tensa, Alfredo Leuco atribuyó la plena responsabilidad a los pseudo empresarios de comunicación que abandonaron sus medios a la buena de Dios, al no recibir los jugosos montos de la pauta oficial, entre ellos Grupo Indalo de Cristóbal López (C5N, Radio 10), Szpolski- Garfunkel (CN23, Radio América, Tiempo Argentino) y Electroingeniería (360 TV, Radio del Plata), entre otros.

Como casi siempre, miramos hacia el Estado cuando hay un conflicto. La pregunta es, en este caso, ¿si los argentinos, con dinero que es de todos, somos los responsables de solucionar la fuente laboral y rescatar estas empresas que nacieron al amparo de la política?

Y es en este punto donde debemos separar la paja del trigo, porque no todo es lo mismo, no cualquier empresa que tenga medios es verdaderamente una empresa de medios, no todos los que reciben pauta oficial tienen el compromiso con el hecho informativo, y no todos los empresarios son lo mismo.

El modo normal del silogismo comunicacional, en una democracia, se expresaría de la siguiente manera: la sociedad tiene derecho a informarse y expresarse, el empresario capta esa necesidad social y de mercado, crea un medio periodístico, para lo cual contrata periodistas, y busca anunciantes privados y públicos (pauta oficial) para hacerlo económicamente sustentable.

El modo anormal sería al revés: los que manejan el Estado (el gobierno), necesitan difundir su relato (y hacer caja política), para lo cual disponen de una porción importante del dinero público (pauta oficial), para entregarle a un empresario amigo, que compre o cree un medio de comunicación al servicio del gobernante de turno, con periodistas que deban cumplir esa función.

Es decir, los verdaderos medios son los que atienden al hecho comunicacional,  son preexistentes  al político y a su pauta. Los otros, son los que atienden al hecho político, son postexistentes al dinero público,  nacen con el político que lo necesita y dispone del dinero público que entrega a un empresario amigo para crearlos o comprarlos.

Estos últimos son los que podríamos encasillar como “pautadependientes”, creados para cobrarla y muchas veces imposibilitados de subsistir sin una publicidad generosa que exceda los límites razonables.

La gastos publicitarios del gobierno no son un hecho cuestionable en sí. Hacen a la obligación de informar, e integran el combo constitucional de la libertad de expresión y de la libertad de prensa.

La cuestión es cómo se los utiliza, para qué, criterio con el que se distribuyen, montos, objetivos y normas regulatorias.

Aunque parezca mentira, a esta altura de los acontecimientos, ni la Nación ni la Provincia de Corrientes tienen una ley que regule la contratación estatal de pautas publicitarias. Es decir, que todo se hace con la discrecionalidad que dispone el que ocupa el sillón.

En noviembre de 2016, el Senado Nacional dio media sanción al proyecto de ley que reglamenta la publicidad oficial. Duerme el sueño de los justos en Diputados.

Lo propio pasa en la Provincia. En 2009, en el ámbito del Senado Provincial, se hicieron audiencias públicas en las que participaron personas e instituciones del quehacer periodístico que enriquecieron el proyecto. La pérdida de interés post electoral de algunos sectores políticos, impidió juntar las firmas necesarias para sacarlo de comisión. En 2014, la diputada López presentó un proyecto, que no llegó a tratarse.

Aun así, la publicidad oficial no se reparte de manera horizontal, el derecho de los medios a recibirla debe ser igualitario en la medida que ofrezcan condiciones similares. Es lo que determinó la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso de editorial Perfil.

Dos enunciados básicos que hay que respetar: el de la pluralidad ideológica y el del mercado. Nadie contrata publicidad en un medio que no se lee, no se escucha o no se mira, tampoco debe hacerlo el Estado. Lo segundo es que no debe ser utilizada la pauta para la discriminación política, porque el Estado debe también con ella garantizar la difusión de las ideas de manera plural.

Es de interés público que los medios reflejen todo el espectro político e ideológico de la sociedad, porque “los medios no son sólo agencia, sino también reflejo de conciencia y organización de grupos sociales”. (Becerra).

El kirchnerismo, comenzó su gobierno sin medios “amigos”. Pasado el tiempo, el Grupo Clarín, La Nación y otros, se manifestaron como duros opositores. Con negociados poco claros de por medio, crearon o compraron medios que en definitiva resultaron (no todos) un fiasco de audiencia, y terminaron cayendo bajo el propio peso de su ineficacia y su corrupción.

Sin embargo, hoy el sistema de medios de la Argentina es casi un monopolio ideológico, no por imposición autoritaria, sino por reacción política del cambio de época. Cuatro de las cinco señales de noticias se afanan por difundir el mensaje del oficialismo, habiendo disminuido al mínimo el ingreso de opiniones diferentes.

Es un hecho plausible en una sociedad democrática, que los medios representen la institucionalidad discursiva de todo el espectro ideológico, de tal manera cumplen con su función de contención, de reparo y de identificación que tienen en la sociedad.

El kirchnerismo, salvo las cadenas oficiales, nunca pudo tener el dominio del sistema de medios, porque creó muchos y muy caros pero de escasa audiencia. Los medios tradicionales, los pasaron por encima en el rating. El macrismo, en cambio, sin necesidad de inventarse medios propios, ha concitado la melosa unificación de los sesgos editoriales.

El Grupo Clarín es el que mayor pauta recibe hoy, explicable por su amplia audiencia. Pero el Grupo Indalo (Cristóbal López) no la pasa mal, está en tercer lugar (informe de la Jefatura de Gabinete, 2016)

Recibiendo de su propia medicina, la audiencia kirchnerista parece condenada al nomadismo, ni siquiera le queda el inefable Navarro, que tenía bastante rating.

El macrismo ha sido beneficiario de ese hartazgo, pero hay que posibilitar la existencia de la otra campana, porque  las unanimidades terminan siempre mal.
Fuente: El Litoral

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