Tales propuestas surgen de los foros realizados en todas las regiones de la Argentina con la participación de trabajadores de la comunicación y la cultura, de medios públicos locales y nacionales, medios Pymes, cooperativos y comunitarios, Universidades Nacionales, colectivos de Derechos Humanos y de género, de personas con discapacidad, representantes de Pueblos Originarios, de Carreras de Comunicación, trabajadores de la economía social y productores audiovisuales y de servicios TIC, en los que se debatió la actualización de la agenda de la comunicación.
Este miércoles 28, a diez años del debate parlamentario que se concretó en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, representantes sectoriales, gremiales, legislativos, universitarios y de medios, pondrán en debate ideas y aportes para construir una política de comunicación que supere la crisis actual con más trabajo, más voces y más democracia informativa.
Hace 10 años acompañamos la decisión política de tener una ley de medios audiovisuales en democracia. Una ley que impulsamos y que consagró la comunicación como un derecho. Que se completó luego mediante Argentina Digital y ARSAT, al considerar a internet y la infraestructura de conectividad como recurso social, federal y de soberanía.
El macrismo ha vulnerado esos principios por decreto, alentando una mercantilización inédita de la comunicación en todas las plataformas. Lo ha hecho favoreciendo posiciones oligopólicas, el uso discrecional de fondos públicos para la propaganda oficial y la asignación escandalosa de frecuencias radioeléctricas para grupos empresarios.
Esas políticas, junto a los tarifazos y la recesión, han silenciado miles de voces independientes y puestos de trabajo de empresas públicas y del sector comercial.
Han producido un verdadero apagón informativo en manos de una agenda única concentrada en la Capital Federal y unas pocas empresas de medios que impiden el pluralismo informativo.
10 años después, y como mandato surgido de los foros federales de consulta pública realizados en todo el país, solicitamos al gobierno que asuma por decisión de la voluntad popular que:
Contactos de prensa: Pablo Antonini 0221 154406934, Natalia Vinelli 11 5965 5317, Luis Lazzaro 11 5626 2872
- Se sancione en democracia una ley de publicidad oficial que garantice el pluralismo informativo, el federalismo y la sostenibilidad de todos los sectores.
- Se garanticen cuotas de contenido nacional, propio, local e independiente en todas las plataformas como mecanismo para la creación de empleo y la promoción de la cultura regional.
- Se apliquen tarifas diferenciadas de servicios públicos que respeten el rol social de los medios y garanticen diversidad de voces.
- Se recupere la participación federal y multisectorial de las provincias, universidades, medios comunitarios, trabajadores y productores en la dirección de los entes reguladores sectoriales.
- Se sancionen normas de orden nacional, provincial y municipal para sostener la producción y la información local, incluyendo leyes de fomento sectorial y direcciones locales de comunicación comunitaria y popular.
- Se ejecuten en forma completa y se preserven los fondos de servicios universal para el acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) así como el Fondo de Fomento para Medios de Comunicación Audiovisual (FoMeCA) y todos los recursos de asignación específica para promover el desarrollo local y regional.
- Se promueva a los medios de entidades comunitarias mediante medidas específicas y el respeto a la reserva del 33 por ciento del espectro radioeléctrico.
- Se recupere y ponga en valor a los medios públicos (Radio y Televisión Argentina, Agencia TelAm, TDA y Sistema de Producción de Medios Públicos) y las empresas de infraestructura de conectividad, desarrollo de tecnología de la información y operación satelital (Ar-Sat) como forma de sostener el acceso universal, el pluralismo, la diversidad y el respeto al federalismo en la distribución cultural e informativa.
- Se respeten los derechos de las audiencias y los usuarios mediante el pleno funcionamiento de la defensoría del público de servicios audiovisuales y su ampliación a los usuarios de servicios tic.
- Se promueva la equidad de género mediante mecanismos que eviten el sexismo en el tratamiento de los contenidos y garanticen equidad en la constitución de los organismos de aplicación y control.
- Se impulse el rol activo de las universidades nacionales y sus medios de comunicación como protagonistas informativos, culturales y de difusión del conocimiento.
- Se promueva el rol de las pymes de la comunicación mediante procedimientos simplificados de acceso a frecuencias, de promoción fiscal y de acceso al crédito.
- Se garanticen los derechos laborales de los trabajadores de prensa, cultura, comunicación y servicios de intercambio de datos mediante el respeto a los convenios colectivos y cumplimiento de las obligaciones empresarias.
- Se considere el acceso en condiciones equitativas y razonables a papel para periódicos como un requisito de la libertad de expresión a fin de asegurar el funcionamiento de diarios, periódicos y revistas independientes en todo el país.
- Se protejan los datos personales y la soberanía mediante una regulación eficaz de los operadores de servicios digitales que garantice la preservación de la intimidad, de los datos biométricos de las personas, el consentimiento informado y la custodia nacional de la información.
- Se fomente el desarrollo de medios de comunicación de pueblos originarios como expresión de políticas de promoción de la diversidad y protección del patrimonio cultural.
