Las radios comunitarias, cooperativas, ciudadanas son parte de una realidad efectiva en el mapa comunicacional desde hace alrededor de tres décadas. A fines de los años ochenta cuando los partidos políticos atravesaban una crisis de representación (una de las tantas desde la recuperación democrática hasta el "que se vayan todos" de 2001) surgieron cientos de medios alternativos que además de ser espacios de comunicación fueron lugar de encuentro para una militancia que se propuso hacer política desde organizaciones no tradicionales.
A partir de esa explosión de medios que cubrieron todo el territorio nacional y desde una práctica autónoma y asociativa, miles de comunicadorxs sentaron las bases para el debate que derivó en la ley de servicios de comunicación audiovisual (LSCA) en 2009. La ley centralmente cambió el paradigma de una comunicación como negocio a una como derecho humano e intentó regular sobre las posiciones dominantes de los grupos concentrados. La ley también reconoció a las radios y televisoras comunitarias, les reservó un tercio del espectro, creó un fondo de fomento y abrió concursos diferenciados para otorgar licencias. En los primeros años de vigencia de la LSCA se dieron pasos significativos para afianzar la legalidad de esos medios y acompañar el surgimiento de nuevos (por ejemplo los gestionados por pueblos originarios). Quedaron cosas por hacer, la aplicación durante el período que terminó en diciembre de 2015 dejó gusto a poco también para el sector comunitario pero lo que vendría iba a ser peor, mucho peor.
Durante el gobierno macrista hubo un claro retroceso. La LSCA fue desguazada para favorecer los negocios de los grupos concentrados y se gubernamentalizó el organismo regulador Enacom. En lo referente a medios comunitarios se desarticularon varias líneas de trabajo que los tenían como principales destinatarios. Se burocratizaron los concursos de fondos de fomento y sub ejecutaron las partidas destinadas a las radios sin fines de lucro. Se desarticuló el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual donde las redes de medios comunitarios tenían representación para llevar reclamos y propuestas. Se intervino la Defensoría del Público hasta paralizar su trabajo que consistía en la defensa de las audiencias de radios y televisión y entre muchas otras acciones respaldaba a cientos de medios locales, escolares, indígenas con capacitación y asesorías legales.
Las radios y los canales comunitarios (a los que se pueden sumar diversas experiencias surgidas en los últimos años como medios sindicales, televisoras cooperativas y radios on line) cumplieron un papel fundamental en la disputa por la agenda y por la construcción de sentido durante en el periodo 2015/2019. Resistieron sin apoyo por parte del Estado nacional y soportaron persecución y políticas de vaciamiento. En muchos casos, sobre todo en los territorios alejados del centro, cubrieron el vacío que los medios públicos (abandonados por el macrismo hasta achicarlos a su mínima expresión) fueron dejando vacantes. Fueron estos medios los que defendieron el pluralismo, garantizando aire a voces y temas que fueron censurados en los medios comerciales cada vez más uniformes y en los medios públicos vaciados de trabajadores y contenidos.
Esos medios comunitarios con proyectos políticos claros y de propiedad social demostraron tener más vigencia e incidencia que algunos medios creados por empresarios oportunistas que una vez que dejaron de recibir pauta oficial se fugaron dejando un tendal de trabajadores desocupados. Medios que por tener altos niveles de reconocimiento y legitimidad en sus comunidades lograron ser sostenibles más allá del apoyo económico del gobierno de turno. Radios y televisoras que mueven la aguja en las comunidades aunque algún que otro burócrata deslumbrado con los medios mainstream no termine de entender ese tipo de construcción alternativa. Esos medios requieren que el Estado los incluya en sus políticas públicas reconociendo el trabajo que desarrollan.
Autoridades recién asumidas en los organismos de la Comunicación expresaron la necesidad de contar con una nueva ley de servicios audiovisuales que incluya a la denominada comunicación convergente tomando como piso a los principales postulados de la LSCA. El paradigma de derechos expresados en esa ley que ya cumplió diez años es una base sólida desde la cual se puede actualizar una nueva norma que debe ratificar la legalidad de los medios del tercer sector (junto con los públicos y los comerciales).
Todavía estamos en tiempo de designaciones y luego vendrá el tiempo de los planes de trabajo. Es deseable que el sector de medios comunitarios tenga interlocutorxs en la gestión pública que conozcan su realidad y valoren el rol clave que estos medios tienen en la construcción de una agenda ciudadana, en la democratización de la comunicación, en la creación de espacios locales en los que se defiende y promueven culturas diversas, otras lenguas, otras noticias, otros protagonistas, otras voces. Otro aire que es fundamental para garantizar el pluralismo. Otro aire que es necesario acompañar y fortalecer con políticas públicas acordes a la importancia que tienen esos medios. Los medios comunitarios merecen espacios de participación para tomar decisiones. Ojalá no se pierda esta oportunidad de integrar a un sector de la comunicación que solo reclama su derecho a existir y crecer. Ojalá.
Fuente: Agencia TelAm
