Cuando Telefónica presentó los resultados de 2017, advirtió a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en su Informe de Auditoría, un documento de 700 páginas, de que estaba llevando a cabo “unas investigaciones internas en varios países sobre posibles infracciones de las leyes contra la corrupción”, en contacto con las autoridades de esos países. No era posible entonces, febrero de 2018, “predecir el alcance o la duración de estos asuntos, o su resultado probable”, decía el texto. La CNMV requirió a Telefónica para que explicase el caso de forma más detallada. En su respuesta, publicada hoy por el supervisor bursátil, la operadora afirma que el resultado de esas pesquisas, que siguen en marcha, no afectará a su situación financiera.
Sin embargo, en su respuesta al requerimiento de la CNMV sobre las “investigaciones en varios países”, la operadora no especifica ni dónde se han llevado a cabo esas investigaciones ni si como consecuencia de ellas se ha tomado alguna medida. Fuentes cercanas a Telefónica han informado a El País que se trata de investigaciones de casos fuera de España. La operadora ha declinado oficialmente hacer ningún comentario sobre el asunto más allá de la nota publicada por la CNMV.
En ella, Telefónica responde punto a punto a lo que el supervisor le pregunta: en primer lugar, sobre el estado de las investigaciones y el “impacto potencial sobre el patrimonio del Grupo, así como si se ha realizado alguna provisión al respecto”. En este punto, Telefónica sostiene que las investigaciones siguen en marcha, en cooperación con las autoridades gubernamentales, pero que “no es posible en este momento predecir el alcance o la duración de estos asuntos, o su resultado probable”. En todo caso, la empresa minimiza el impacto de posibles sanciones derivadas de esas investigaciones. “Cualquier potencial sanción como resultado de la resolución de esas investigaciones no afectaría de forma material a la situación financiera del grupo considerando su tamaño”.
La CNMV pide también a la operadora que describa los riesgos que puedan derivarse de esas investigaciones, que telefónica resume en "sanciones financieras", la posible "resolución de contratos públicos", daño a la reputación o "otras consecuencias que podrían afectar de forma negativa a los negocios, los resultados operativos y la situación financiera del grupo".
Finalmente, Telefónica incluye, también a petición explícita del supervisor, sus mecanismos de control interno para evitar casos de corrupción. La empresa española afirma que cuenta con esos "controles y procedimientos" preventivos y a posteriori que aplican y gestionan distintos departamentos de la empresa: el área de auditoría interna, la jurídica, la de sostenibilidad o la de cumplimiento, creada a principios de 2016. En este sentido, recuerda la existencia de un código de conducta y una política anticorrupción, que incluye "directrices en materia de ofrecimiento y aceptación de regalos e invitaciones", "sistemas de reporte en situaciones de conflicto de interés" y garantías en los contratos. En todo caso, afirma que "ha instaurado determinados controles y se encuentra definiendo e implementando otros adicionales". Finalmente, señala la "concienciación a los empleados en materia de integridad a través de acciones de comunicación o de formación".
Foto: Juan Medina, Reuters
Fuente: El País
