El artículo 1 del proyecto con media sanción establece que los licenciatarios TIC “facilitarán el uso y ocupación de su infraestructura pasiva” condicionando la compartición a que “sea técnicamente factible, no afecte la normal prestación del servicio que brindan a sus clientes ni resulte necesario para la expansión futura de sus propias redes”. Esta compartición de infraestructura ya está establecida en distintas regulaciones, incluida la licitación de espectro de 4G del año 2014. Además, el artículo 1 no contempla las asimetrías que existen en el sector, quedando en igualdad de condiciones los grandes operadores y las pequeños licenciatarios del interior, con las consecuencias que esto trae.
Por último, el artículo agrupa tanto a licenciatario públicos como privados, sin establecer ningún tipo de distinción. Sin embargo, la mayor parte de los licenciatarios estatales, tanto nacionales como provinciales, que proliferaron en los últimos años se desarrollaron o potenciaron su actividad sobre la Red Federal de Fibra Óptica que desplegó ARSAT desde el año 2011 en el marco del Programa Argentina Conectada del Ministerio de Planificación Federal, Inversión y Servicios Públicos. Esta red, de más de 36 mil kilómetros que atraviesa todas las provincias de la Argentina y que Santa Cruz, fue la primera en tener conectividad a través de la misma, representó una inversión de más de 1.000 millones de dólares para que la banda ancha llegue a cada rincón del país. La misma se llevó adelante como consecuencia de la falta de interés del mercado en desplegar redes donde no le resulta ampliamente rentable.
El Estado Nacional y los estados provinciales desplegaron redes a través de empresas como ARSAT, REFSA, Marandú, ECOM Chaco, entre otras, buscando que estas ofrezcan servicios y sean una alternativa para los licenciatarios PyMEs y cooperativos ante el abuso de la posición dominante de los grandes operadores. Que estos últimos puedan usufructuar las redes estatales invocando la obligación de facilitar la infraestructura es, no solo injusto sino que además pone en riesgo la sustentabilidad de las empresas públicas, sobre todo en los casos donde son gestionadas con escaso o nulo interés en potenciar las capacidades estatales.
Mientras que la fusión entre Telecom y Cablevisión, actualmente el operador con mayor cantidad de accesos y capacidad de facturación de una industria que genera más de 5000 millones de dólares anuales, está autorizada mediante resoluciones la ENaCom y de la Secretaría de Comercio de la Nación para brindar servicios convergentes a partir del 1 de enero de 2019, la totalidad de sus competidores tendrían plazos mucho más dilatados e incluso indeterminados. En caso de aprobarse el presente proyecto de ley, los restantes prestadores de comunicaciones móviles podrían brindar servicios convergentes en todo el país en 2022 y el resto de los licenciatarios recién luego de una potencial subasta de espectro regional y tras el despliegue de sus redes. El inicio de los servicios convergentes en Argentina está reservado para una sola empresa, la más grande, la que actualmente tiene una posición dominante en el mercado.
Ante esta situación, Oscar Trucco le pidió a los diputados nacionales que tienen la oportunidad histórica de modificar la situación de las comunicaciones, que se le de “valor agregado a todo lo ya realizado, desde el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en la red nacional de fibra óptica, conocida como REFEFO, para que todas aquellas ciudades, pueblos y parajes que están ubicadas sobre esta red de fibra óptica tengan la misma oportunidad y calidad de servicios que las grandes ciudades, donde los grandes operadores poco o nada han invertido en detrimento de esos lugares.”
En muchos hogares de nuestro país la única alternativa para mirar televisión es mediante satélite. Los hogares rurales o las áreas urbanas donde no hay tendidos de cable o fibra por la baja densidad de población requieren de transmisiones satelitales para poder acceder a la información, la cultura y el entretenimiento. Actualmente hay un solo proveedor de Televisión satelital paga, DirecTV. El servicio de la empresa norteamericana, actualmente subsidiaria del gigante AT&T, tiene 2,47 millones de accesos de televisión en todo el territorio nacional. Uno de cada cinco hogares en la Argentina mira televisión a través de Directv y paga en promedio 800 pesos por el servicio.
Respecto a la televisión satelital se observan dos problemáticas que deberían abordarse: no hay competencia en una importante porción del territorio nacional y no se cumple la obligatoriedad de incluir contenidos regionales y provinciales. “Si se autoriza la posibilidad de que tanto Claro como Telefónica ofrezcan televisión por satélite, el primer problema estaría resuelto, pero la ley no dice nada respecto a la obligación de los sistemas satelitales de transportar señales locales. Los usuarios actuales y futuros de televisión por satélite continuarán estando vedados de acceder a programación de sus comunidades o provincias de avanzar el proyecto tal como se aprobó en la cámara de senadores”.
Por todo esto, expresó Trucco, “y en defensa de los pequeños cable operadores y de los trabajadores de esos servicios que con esfuerzo se brindan a diario en todos los pueblos y ciudades de nuestra provincia es que no estamos de acuerdo con el proyecto de la denominada Ley Corta de Telecomunicaciones y una vez más llamamos a que el Estado Nacional regule para todos y no para los sectores de mayor peso o poder en las telecomunicaciones”.
Más opiniones
El secretario de Telecomunicaciones de Entre Ríos, Carlos Bilbao, solicitó modificar el proyecto de ley, en el sentido de “proteger” a las 52 empresas cableoperadoras que funcionan en su provincia. “Nos genera incertidumbre las asimetrías que produce la ley que vino del Senado”, advirtió. “El proyecto no contempla al usuario y a los contenidos regionales y puede promover la concentración del mercado”.
En tanto, Santiago Marino, director de la Defensoría del Público, organismo que se encuentra acéfalo, manifestó que “la ley avanza desde la perspectiva del mercado y limita al usuario como mero consumidor”. Marino opinó en calidad de especialista y también propuso incorporar una “tarifa social para internet”.
Como representante del gremio de los trabajadores de la TV, Gustavo Bellingeri, Secretario Gremial del SATSAID, lanzó una advertencia sobre “los 20 mil puestos de trabajo en peligro”. “No puede prevalecer un esquema de negocios llevándose puesto un esquema de comunicación social. En un mercado como las comunicaciones la asimetría es enorme”, dijo Bellingeri.
La directora de cine, María Victoria Cherñajovsky, del colectivo de mujeres autoconvocadas del cine, también habló de una “situación de peligrosidad” y pidió defender a la producción audiovisual local. “La ley no contempla ningún tipo de obligación para la producción de contenidos argentinos. Brasil obliga a Netflix a producir películas locales, por ejemplo”, ejemplificó. En el mismo sentido se expresó Luciano Bertone, del Sindicato Argentino de Actores.
Fuente: Gobierno de Santa Cruz
