miércoles, 21 de diciembre de 2016

Las decisiones del Gobierno pueden poner en riesgo el desarrollo de las telecomunicaciones

El Gobierno de Argentina ha impulsado un proceso de reforma para establecer un marco normativo moderno para las comunicaciones electrónicas. Sin embargo, las decisiones políticas que se adopten hasta que dicha legislación sea aprobada, que tomará previsiblemente dos años más, pueden afectar seriamente las condiciones de operación del mercado, perpetuando las asimetrías existentes o introduciendo nuevas distorsiones, alejando las necesarias inversiones que el país requiere, y deteriorando las condiciones de competencia, lo que perjudicaría directamente a los consumidores. Es indispensable que las definiciones del Gobierno garanticen la igualdad de trato efectivo entre todos los actores del mercado y la eliminación de las condiciones arbitrarias y discriminatorias actualmente existentes, especialmente en un tema tan delicado como el acceso al espectro radioeléctrico
Durante los últimos años Argentina ha carecido de una política clara en materia de telecomunicaciones que favorezca las inversiones y estimule una competencia sostenible en el mercado, en un entorno de confianza y equidad de trato para todos los operadores. Por el contrario, las políticas públicas han profundizado las asimetrías entre los distintos actores, han generado limitaciones a la oferta de servicios convergentes, y han estado caracterizadas por la arbitrariedad y la ausencia de consensos. Una condición indispensable para reactivar las inversiones en telecomunicaciones es la construcción de un clima de confianza regulatoria que establezca condiciones de igualdad de trato a todos los actores, bajo el principio de neutralidad tecnológica, que permita maximizar las oportunidades que ofrece la convergencia tecnológica.

El actual gobierno ha declarado su intención de corregir los errores históricos de la política sectorial, para lo cual ha emprendido un proceso de reforma que ha sido ampliamente aplaudido. Sin embargo, hasta que dicha reforma sea aprobada, se estarían introduciendo modificaciones al marco normativo que contrariamente al objetivo declarado de la reforma, preservarían las asimetrías existentes, y favorecerían abiertamente a determinados actores en desmedro de otros. De producirse dicho escenario se afectaría negativamente la confianza en el actual proceso de reforma y dañaría severamente el prospecto de mayores inversiones en el corto y medio plazo.

En diferentes instancias del proceso de reforma, ASIET ha expresado que un mercado moderno y competitivo debe garantizar que todos los actores puedan competir con condiciones regulatorias equivalentes. Ello se traduce, por una parte, en la libertad para que todas las empresas puedan ofrecer todos servicios que la tecnología permita, y que las condiciones normativas así como las cargas regulatorias sean esencialmente las mismas para todos los operadores.

En tal sentido, es indispensable que se elimine la actual restricción que impide a los operadores de telecomunicaciones ofrecer servicios de televisión de pago (incluso DTH), garantizar el principio de neutralidad tecnológica y que los proveedores de televisión de pago vía satélite puedan ofrecer servicios de acceso a internet. No es propio de un país moderno limitar de forma arbitraria las alternativas tecnológicas y comerciales que las empresas puedan ofrecer, y menos hacerlo de forma asimétrica para proteger a determinados actores del mercado. Mientras no se resuelvan dichas asimetrías, difícilmente habrá inversiones importantes en el sector.

De igual forma, la igualdad de trato en lo referido a las condiciones de operación y cargas regulatorias es una condición esencial de un mercado competitivo. En tal sentido, preocupa especialmente el posible trato asimétrico que pudiera establecerse en favor de determinados actores en relación a las condiciones de uso del espectro radioeléctrico.

Argentina sólo destina en torno a 400 MHz a servicios móviles, menos de un tercio de lo recomendado por la UIT, menos de la cuarta parte de lo que será necesario para el 2020 y por debajo de lo asignado en otros países de la región como Brasil o Chile. Este rezago ha limitado el despliegue acelerado de nuevas tecnologías y ha producido deterioro de la calidad de los servicios. La asignación de la tercera parte de ese espectro fue concursado entre los años 2014 y 2015, luego de 15 años sin asignaciones, proceso en el cual se establecieron importantes obligaciones económicas para las tres operadoras de telecomunicaciones, pagando cada una cientos de millones de dólares para acceder a aproximadamente un tercio de los 140 MHz (700/AWS) asignados por la subasta.

Recientemente un operador ha adquirido espectro asignado inicialmente para fines distintos a los servicios móviles avanzados y ha solicitado la modificación de la atribución de estas bandas a efectos de poder utilizarlas para este uso. Indudablemente resulta positivo que la normativa otorgue la suficiente flexibilidad para que este tipo de operaciones puedan llevarse adelante, posibilitando un mejor aprovechamiento eficiente del espectro, y permitiendo que este recurso pueda ser explotado por los actores que más lo necesitan y tienen la capacidad económica de desplegar redes y servicios. Valoramos que las atribuciones de espectro sean lo suficientemente flexibles para permitir la prestación de servicios convergentes con las tecnologías más avanzadas disponibles, particularmente desarrollando el mercado secundario de espectro. Sin desmedro de lo anterior, es fundamental que un proceso de estas características se realice respetando el marco legal vigente, sin producir asimetrías y vulnerar la igualdad de trato respecto de las inversiones ya realizadas.

El último proceso de subasta supuso importantes obligaciones de cobertura (lo que implica fuertes inversiones), obligaciones de compartición de infraestructura, obligaciones de disponibilidad de acceso a la red para operadores móviles virtuales, entre otras. En ese sentido, es indispensable que se establezcan los adecuados mecanismos compensatorios para preservar la igualdad de condiciones entre todos los actores, tanto en lo referido al valor económico del espectro, al tratarse de un bien de la Nación, las obligaciones no pecuniarias antes referidas y se levanten las limitaciones a la cantidad de espectro que pueda tener cada operador.

La Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones se caracteriza por ser una entidad que estimula el diálogo público privado con el objetivo de favorecer las condiciones para el desarrollo de las tecnologías de información en América Latina. Hemos seguido con mucha atención el proceso de reforma impulsado por el Gobierno de Argentina y confiamos en el criterio de las autoridades del país. Es por ello, que de forma respetuosa con la institucionalidad del país, tenemos el deber de expresar nuestra preocupación por las decisiones que el Gobierno debe adoptar en los próximos días y hacemos votos porque se avance en la dirección adecuada para el desarrollo del sector y el interés de los usuarios.
Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET)

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