La Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual depende de la la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización del Congreso Nacional, pero en este momento se encuentra acéfala debido a que los diputados y senadores que integran esa comisión bicameral no han puesto en marcha el proceso para renovar sus autoridades.
Para atenuar esa situación de acefalía, la comisión bicameral autorizó en noviembre de 2016 a la doctora María José Guembe a ejercer la titularidad del organismo “para cumplimentar los actos conservatorios tendientes al normal funcionamiento y la conservación de los recursos”.
Fue precisamente María José Guembe quien la semana pasada respondió, con definiciones muy fuertes, a la nota que mandó el ex presidente de la CPE, Oscar Nocetti, cuando se supo que el gobierno nacional había dado el visto bueno a la “megafusión” entre Telecom y Cablevisión.
“En relación con su reclamo sobre medidas que profundizan la concentración comunicacional, ponemos en su conocimiento que la Defensoría comparte su preocupación”, señaló Guembe ante el planteo del pampeano. “Así lo ha expresado -puntualizó- a través de distintas acciones y recomendaciones adoptadas desde la modificación por decreto presidencial de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, 26.522”, una norma que reemplazó a la vieja Ley Audiovisual y que había sido redactada “adecuada de los principios y estándares internacionales e interamericanos de derechos humanos, libertad de expresión y acceso a la información”.
Desguazamiento
Para la defensora pública, la reforma integral de la Ley N° 26.522 “fue el primer paso en un camino que primero desarticuló los mecanismos de control antimonopólico que garantizaban la pluralidad informativa y la diversidad cultural en los medios de comunicación audiovisual”, favoreció “la concentración de la propiedad de los medios de comunicación” y, en su última etapa, “habilitó la fusión de los actores más poderosos y concentrados del mercado info-comunicacional en nuestro país, las empresas Cablevisión S.A. y Telecom S.A., tal como se plantea en su reclamo”.
Esta profundización del escenario de concentración mediática fue puesto en conocimiento del Relator Especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza, y del Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrao, por la propia Guembe. A ambos se les solicitó “considerar el panorama descripto de cara a las acciones que en materia de derechos humanos y medios de comunicación se lleven adelante en el sistema de protección interamericano”.
Retroceso
Estas medidas de desguazamiento legal y administrativo “se traducen en retrocesos en materia de diversidad y pluralidad informativa, la configuración de obstáculos para el acceso a licencias de radio y televisión, en particular para el sector sin fines de lucro, y en la homogeneización de representaciones y discursos”, enumeró la defensora. “Seguimos con atención el proceso ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, (y) en virtud de vuestra presentación esperamos poder aportar nuestra opinión fundada”.
A lo largo de este año, la Defensoría realizará Audiencias Públicas centradas en recibir las opiniones de personas y organizaciones de todo el país sobre el funcionamiento de los medios audiovisuales. “Éste será seguramente un marco propicio para conocer en profundidad el impacto que el actual escenario comunicacional tiene en las realidades diversas de las distintas regiones y localidades del país”, reflexionó Guembe, que agradeció sobremanera a Nocetti haberse contactado con ese organismo y se comprometió a tenerlo al tanto de las novedades que puedan generarse a partir de su presentación.
