Mientras el destino de Oil Combustibles parece encaminado a la quiebra, los medios de comunicación de Cristóbal López podrían terminar formando parte del grupo de empresas periodísticas del Grupo América.
La sociedad de la que participan Daniel Vila, José Luis Manzano y Claudio Belocopitt fue la única que presentó una propuesta formal para quedarse con los canales de cable C5N y CN23 y con las emisoras Mega, Pop, One, Vale y Radio 10.
El interés de Vila no se extiende a otras sociedades vinculadas con el negocio periodístico como pueden ser las productoras Ideas del Sur y La Corte o el diario Ámbito Financiero.
Resulta sintomático el hecho de que en las pantallas de las señales del grupo -América TV y A24- y en las radios de Vila y sus socios el caso Cristóbal López sea uno de los más comentados y abordado desde diferentes aristas.
Concretamente, desde los aspectos comerciales que involucran a las empresas del empresario kirchnerista, desde el punto de vista penal y a raíz de las repercusiones que la excarcelación del dueño del Grupo Indalo generaron en la sociedad y en el Gobierno.
La propuesta para quedarse con los canales de cable y las radios fue elevada por una de las empresas del Grupo América al Juzgado Comercial Nº 5 a cargo de Javier Cosentino, donde se tramitan las causas vinculadas con los procesos concursales de todas las empresas del Grupo Indalo.
"Nos dirigimos a usted en el marco del interés formalmente manifestado de llevar adelante una transacción consistente en la posible adquisición de acciones que, directa o indirectamente, otorguen el control de las sociedades de propiedad de South Media Investment", reza el documento. SMI es una una empresa perteneciente a Grupo Indalo.
A la par del envío al letrado, los apoderados del Grupo América también lo hicieron llegar a los ejecutivos de esta empresa controlante de las compañías titulares de las licencias de televisión por cable y radiales del empresario kirchnerista.
En el caso del holding periodístico que preside Daniel Vila, la propuesta se presenta a través de Cortinker S.A. y está firmada por Alberto González Estevarena, representante legal de la sociedad del Grupo América.
Se trata de la segunda oferta que este conglomerado mediático hace llegar tanto a los ejecutivos de SMI como a la Justicia. La primera fue acercada el 18 de enero y tiene como objetivo volver a poner en valor el negocio de medios de Cristóbal López.
Actualmente, tanto C5N como Mega 98.3 se encuentran en concurso preventivo de acreedores, situación legal que seguramente será la de los restantes medios en las próximas semanas.
Como contrapartida a la propuesta, la sociedad de Vila promete el aporte de fondos a través de la creación de una nueva sociedad en la que SMI controlará el 15% del capital, mientras que el Grupo América pasará a ser propietario del 85% restante.
¿Sin valor patrimonial?
También se compromete al aporte de $100 millones "a los efectos de integrar el capital inicial de la nueva sociedad, que será de $117,6 millones", especifica la presentación que aún se encuentra bajo análisis del juez Cosentino.
En la propuesta también se le pide a la empresa de Cristóbal López que confeccione balances especiales de todas las sociedades que controla "a efectos de sincerar su patrimonio neto".
Especifica que dichos balances "deberán tener fecha de cierre el 18 de febrero de 2018 y tendrán que ser entregados a Cortinker no más allá del 15 de abril de 2018".
Como ya se da por descontado que el patrimonio neto de SMI y el de sus compañías controladas será negativo, para el Grupo América no tendrán ningún valor a la hora de cerrar la transacción.
Por ese motivo, y en base al due dilligence que se está llevando a cabo en todos los medios, la empresa del Grupo Vila aportará los $100 millones a partir del quinto día de aprobada su propuesta.
Por su parte, SMI deberá sumar los otros $17,6 millones y las acciones de las sociedades operativas.
Además de los fondos iniciales, Grupo América se compromete a aportar otros $200 millones a través de préstamos que podrán ser utilizados libremente por la nueva sociedad, pero prioritariamente afectados al giro opertativo de las seis compañías que se pretenden adquirir.
Adicionalmente, la propuesta hace referencia a la importancia que a nivel constitucional y legal se les da a los medios de comunicación. También, al rol clave que estos cumplen para asegurar la pluralidad "rasgo propio de la democracia en su más amplia concepción".
La oferta también resguarda las fuentes de trabajo, hoy día en riesgo por la actual situación de crisis que atraviesan los medios de Cristóbal López que quedaron bajo el control operativo de su socio, Fabián De Sousa.
El escrito nombra a una gran cantidad de medios periodísticos que fueron desapareciendo tras la salida del gobierno kirchnerista o que presentan serios problemas para mantener sus operaciones.
"La propuesta concilia una solución integral para los intereses de los acreedores, los individuales de los trabajadores, sociales e institucionales por cuanto se preserva el interés público a los fines a los que deben propender los medios de difusión", sostiene el escrito.
Apela además al conocimiento del juez Cosentino de "lo ruinoso de las quiebras para los acreedores. En especial, los quirografarios, quienes habitualmente no perciben ningún dividendo liquidatorio".
En otro orden, advierte que esta situación hasta agrava los problemas del personal y de sus fuentes de ingresos.
Se hace referencia además a las causas penales que enfrentan López y De Sousa y le piden al juez Cosentino que autorice la compra, disponiendo el levantamiento de todas las medidas o restricciones vigentes "a los efectos de perfeccionar la propuesta".
Solicitan en este caso un plazo de 15 días, renovable por otros 15, para obtener la venia judicial bajo el amparo de una propuesta con carácter de exclusividad que impida la presentación de otra oferta durante ese período.
¿Qué pasó con Rosner?
Se habían presentado como los nuevos dueños de Indalo. Pero duró poco: Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre se retiraron fugazmente del holding que habían rebautizado como Grupo Ceibo.
Optaron por "salir del negocio" tras la liberación de López y De Sousa y al escuchar las declaraciones del empresario identificándose como el único "dueño".
Atrás quedó aquella embestida para hacerse del manejo de las compañías, que incluyó comunicados leídos en los distintos medios que daban cuenta de un presunto contrato ya firmado de compraventa.
En aquel entonces, la estrategia de Rosner y Dellatorre era iniciar un proceso de reestructuración a partir de Oil Combustibles, la nave insignia del holding.
Incluso, llegaron a ofrecer la incorporación del grupo ruso Lukoil como socio estratégico de la petrolera para inyectar inversiones y pagar la deuda de más de $8.000 millones con la AFIP.
Sin embargo, el acuerdo con los fundadores de Indalo nunca se concretó. Es que debía contar con la aprobación de juez federal, Julián Ercolini, quien nunca le dio luz verde.
Ese coctel de problemas, sumado a la negativa de la AFIP a los planes de salvataje y a la crisis que abrió en la Justicia la excarcelación de López y De Sousa terminaron por convencer a Rosner y Dellatorre de que era conveniente correrse.
Entre las explicaciones esgrimidas señalaron:
i) El rechazo de la AFIP a todas las iniciativas
ii) La demora de la Justicia en aprobar la transferencia accionaria
iii) La falta de aval legal para liquidar activos no estratégicos
iv) La indisponibilidad de contar con cuentas bancarias
v) La incertidumbre creada por el monto del pasivo concursal
vi) La inseguridad jurídica e institucional
vii) El daño que genera no separar la responsabilidad de los accionistas de las empresas
viii) La falta de voluntad de las autoridades competentes
ix) La imposibilidad de atender todos los requerimientos legales de manera simultánea
En función de estos fundamentos, Rosner y Dellatorre decidieron iniciar la salida.
Más aun, luego de escuchar la primera declaración de López al salir de la cárcel: "Fabián de Sousa y yo seguimos siendo los dueños de las empresas del Grupo Indalo. Rosner nunca lo fue".
Fuente: iProfesional
