Mientras las oligopólicas Cablevisión y Telecom avanzan en la implementación de su fusión de facto, constituyendo el mayor conglomerado infocomunicacional de la historia argentina, el Gobierno no demuestra apuro alguno en poner límites o condiciones desde la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que aún no emitió dictamen al respecto. Universitarios críticos y variadas organizaciones están manifestándose en contra.
No es novedad que el Estado regulador y las grandes empresas reguladas utilicen lapiceras similares para escribir las reglas de juego para las comunicaciones. Queda claro que los balances de los grandes vienen dando altas ganancias, como el recientemente publicado del Grupo Clarín, correspondiente a 2017. Y que también altas son las tarifas que pagamos mensualmente, si queremos tener, separados o en “combo”, los servicios de TV paga, telefonía fija, móvil e internet. La permanente lucha en pos de políticas de equidad y democratización de la palabra y el conocimiento radica en no naturalizar estas maniobras que afectan claramente a quienes menos tienen.
Con el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 267 de fines de 2015, Mauricio Macri pateó el tablero, anulando partes estratégicas de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la Ley Argentina Digital. La habilidad posterior de sus funcionarios radicó en sostener una eterna demora del debate sobre políticas de comunicación, a la par del guiño desregulador que permitió vía decretos y resoluciones la consolidación de las posiciones dominantes de los grandes operadores hacia la convergencia de servicios y el “cuádruple play”. Finalmente, mediante una resolución del ENaCom en diciembre de 2017 se autorizó la imposición de Cablevisión Holdings para la fusión con Telecom que ya era vox populi.
Aún hoy, la Corte Suprema tampoco demuestra afición por resolver un recurso de inconstitucionalidad del referido DNU macrista, presentado por la Cooperativa En Tránsito, que de ser reconocido haría caer todo el andamiaje legal que encubre y avala la vocación concentradora.
Así las cosas, diversos sectores comprometidos en la lucha por las políticas de comunicación democrática y los derechos laborales alertan sobre este retroceso. Ya lo había hecho la Coalición por una Comunicación Democrática en un documento al filo del fin de año.
El martes 3 de abril, la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, aprobó por unanimidad “su repudio a las políticas de comunicación y tecnologías de la información del Gobierno Nacional, que en nombre de la modernización y la competencia desreguló y promovió el mayor proceso de concentración mediática y de infraestructuras de telecomunicaciones en Argentina”. La resolución del Consejo Directivo repudió también la falta de límites a la fusión entre las oligopólicas Cablevisión y Telecom, “lo cual vulnera el funcionamiento democrático y las ofertas de servicios plurales y con diversidad de prestadores para millones de argentinos”. Resulta llamativa la amplitud política del arco de Consejeros que alzó su voz, incluyendo a más de un representante del radicalismo universitario.
El jueves 5, un acto por la suspensión de la fusión de Telecom y Cablevisión, la derogación de los decretos por fuera de la ley y la defensa de los puestos y condiciones de trabajo congregó la adhesión de diputados como Romina del Pla (FIT) o Liliana Mazure (FPV, mandato cumplido), y de organizaciones como el Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCo), el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), la Asociación Argentina de Actores y la Agrupación Naranja, integrante de la Comisión Directiva del sindicato de telefónicos FOETRA, y el Observatorio de la Riqueza Padre Arrupe.
Durante este mes, se activan también las Comisiones de Comunicaciones y Libertad de Expresión de ambas cámaras del Congreso. Allí, Leopoldo Moreau (Unidad Ciudadana) ya señaló que pondrá el foco en todos los problemas que afectan al derecho a la información, aún cuando no le sean girados expedientes por la Presidencia de la Cámara.
Ciertamente, aún hay sectores políticos y organizaciones gremiales, de pequeños medios y periodistas que no llegan a visibilizar sus posiciones, entre las difíciles condiciones macroeconómicas, los ajustes y despidos sectoriales y las mordazas visibles o invisibles a la circulación democrática de ideas y opiniones.
Pero va quedando claro que detrás de las agendas de la política, la tragedia de las mega concentraciones será señalada cada vez más, por sus vicios y sus impáctos.
*Escritor y periodista, presidente de Comunicadores de la Argentina
Foto: ANRED
Fuente: Diario PáginaI12
