Con la apelación al sobreseimiento de los de cuatro trabajadores de prensa, además de desconocer su actividad en la movilización, el fiscal Moldes avanza pidiendo que se haga una reforma de las leyes para impedir la excarcelación de aquellas personas que son detenidas en el marco de movilizaciones. En la próxima audiencia el fiscal deberá fundamentar este pedido en la Cámara de Casación Penal. De la misma manera, tendremos que seguir demostrando que los comunicadores estaban realizando tareas de prensa al momento de las detenciones.
De esta manera, Moldes favorece el clima represivo y utiliza esta causa como herramienta legal para criminalizar la protesta. No hay pruebas ni argumentos nuevos, es tan sólo un discurso fascista y un pedido claro al Ejecutivo Nacional para endurecer las leyes. El fiscal Moldes ignoró lo señalado por los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun en el fallo en el que dictan el sobreseimiento y en el que hacen un fuerte llamado de atención a Martínez Di Giorgi. Los camaristas retaron al juez por intentar suplir las pruebas necesarias para un procesamiento “con construcciones dogmáticas carentes de respaldo indiciario”.
Está claro que en el Estado argentino no existe la división de poderes. El presidente Mauricio Macri dirige una orquesta de ajuste que se avala en el Congreso con leyes a medida y que suena al ritmo de los bastones y las balas de las fuerzas de (in)seguridad. Pero como la violencia estatal no sometió al pueblo, tuvieron que sacar a jugar al Poder Judicial y en dos semanas detuvieron y judicializaron, en el país, a 254 personas por manifestarse.
Si trazamos una línea de tiempo de las acciones en materia represiva de los gobiernos del macrismo, podemos ver cómo actuaron, comenzando con los asesinatos durante la represión a la toma del Parque Indoamericano hacia sectores pobres de inmigrantes, el violento desalojo de la Sala Alberdi (donde dos periodistas de la RNMA fueron heridos con balas de plomo) por parte de la Policía Metropolitana (hoy Policía de la Ciudad) y la represión en el Hospital Borda; la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado por la Gendarmería Nacional; el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel por parte de la Prefectura Naval Argentina en un desalojo a fines de noviembre en la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu; el asesinato por la espalda del joven en La Boca, ejecutado por el policía local Luis Chocobar, que luego fue defendido y recibido públicamente con honores en la Casa Rosada por el presidente; ahora, continúa con los casos de pibes asesinados por el gatillo fácil policial, como sucedió en Tucumán o Lomas de Zamora. En todos los casos, las víctimas fueron jovenes y pobres, lo cual deja abierta la incertidumbre por la posible instalación oficial de la metodología (“Doctrina Chocobar”) de balear por la espalda al pueblo trabajador, principalmente a quienes luchan y se manifiestan en las calles, lo cuál supone un gobierno que instala constantemente un estado de excepción donde se suspenden las libertades y derechos humanos.
Manifestaciones populares, y trabajadores de prensa en contexto de represión a dichas manifestaciones no escapan a esta lógica, es por esto que al ritmo de la protesta social, sufrimos las mismas consecuencias por parte del Estado: represión, detención y encarcelamiento, y luego criminalización y persecusión judicial. Pero los poderes del Estado no están solos. Los medios tradicionales hegemónicos construyen enemigos internos para legitimar la avanzada represiva y cuentan también con una "oposición" en decadencia por la asfixia de la pauta.
Sin embargo, la clásica fórmula de un Ejecutivo tirano, más un Congreso obediente, más jueces aliados, más los discursos de los medios comerciales tradicionales, ya no da como resultado la sumisión del pueblo. Los tiempos cambiaron: las herramientas comunicacionales son accesibles para todas las personas y los medios comunitarios, alternativos y populares, nacidos al calor del 19 y 20 de diciembre 2001, continúan de pie y avanzando. Las denuncias individuales, tejiendo redes con éstos actores de la comunicación, pueden llegar a socavar la versión oficial de los hechos y el cerco des-informativo de sus aliados como Clarín y otros. Son una amenaza latente.
En ese sentido, Moldes refuerza con esta decisión la campaña criminalizadora para avanzar con la escalada represiva, justificar el accionar de las fuerzas y perseguir opositores. Tal es así que el secretario de seguridad de CABA, Marcelo D'Alessandro, dijo en declaraciones radiales que “hubo un plan de sedición para desestabilizar al Gobierno y atentar contra la democracia”.
Párrafo aparte merece el fiscal de Casación Raúl Omar Pleé (sindicado en medios por estar alineado en el mundo judicial al gobierno de Macri), quién en un escrito de escuetas 6 páginas da lugar a la apelación de Moldes sobre los 4 comunicadores sobreseídos, repitiendo argumentos antiguos ya demostrados como falsos (fraguado de causas por parte de la Policía de la Ciudad) y confundiendo antojadizamente a los compañeros sobreseídos por otros detenidos, lo cuál demuestra un gran desconocimiento del proceso y de los cuerpos que componen la causa.
Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA)
Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI)
Argentina, abril de 2018
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Fuente: redeco.com.ar
