Durante la jornada, representantes de entidades solidarias realizaron una reunión para analizar el proyecto recientemente presentado denominado “Ley Corta”. Las cooperativas advirtieron sobre los aspectos que “habilitan a las telefónicas a brindar TV por cable, pero no incorpora nuevos actores sin fines de lucro como cooperativas y entes oficiales, dejando la calidad y el precio librados a las condiciones del mercado que fijan los privados”.
Formaron parte del encuentro, autoridades del Consejo de Administración, encabezado por su titular Pablo Zampieri, el subsecretario de Cooperativas y Mutuales, Claudio Gordillo, y Alberto Calvo, representantes de COLSECOR.
La Cooperativa de Provisión y Comercialización de Servicios Comunitarios de Radiodifusión COLSECOR Ltda., con sede en Córdoba Capital, es una entidad con la cual CORPICO está asociada, al igual que las cooperativas que brindan servicio de TV en las distintas provincias. El subsecretario de Cooperativas explicó que en la oportunidad “intercambiamos aspectos en cuanto al funcionamiento de las telecomunicaciones en la actualidad, en la provincia y el país”.
El macrismo quiere confiscar la fibra óptica de la CPE
El proyecto de Ley abre la puerta de Santa Rosa a multinacionales y monopolios
Luego de dar marcha atrás en su intento por gravar con el Impuesto a las Ganancias a las cooperativas, el presidente Mauricio Macri vuelve a la carga contra el movimiento cooperativo a través de la denominada “Ley Corta” de Telecomunicaciones que el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, un ex directivo del Grupo Macri, envió al Congreso de la Nación.
La norma fue largamente reclamada por la española Telefónica -su envío al parlamento coincide con la visita del presidente de España, Mariano Rajoy, y un grupo de empresarios ibéricos- y la mexicana Claro, dos compañías multinacionales que nunca invirtieron en fibra óptica. El proyecto de ley habilita a las telefónicas a dar televisión satelital, pero obliga a las proveedoras de servicios públicos a ofrecerles su infraestructura.
El movimiento cooperativo objeta el artículo 2 del proyecto, justamente el que obliga a “los prestadores o concesionarios de servicios públicos nacionales, provinciales o municipales” a “facilitar” a los licenciatarios “el acceso a la infraestructura pasiva de la que sean titulares, integrada por torres, postes, ductos y cualquier otro elemento que se utilice o pueda utilizarse para desplegar, albergar o instalar cables, fibra óptica, antenas, equipos”.
Fuente: La Arena
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