Según el informe anual de la institución sobre la libertad de expresión, "cada vez más periodistas deben optar por dejar de investigar y difundir información de alto interés público" para "evitar una represalia contra su vida o su integridad física o la de sus familiares".
El documento, elaborado por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, constata que durante la última década "diversas zonas" del hemisferio están "totalmente silenciadas" a causa del "efecto paralizante" que provoca el "clima de violencia e impunidad", pese a los avances en las investigaciones y procesamientos.
En esta línea, la institución autónoma de la Organización de Estados Americanos (OEA) incide en que en estas áreas "los periodistas y muchos medios de comunicación optaron por abandonar la cobertura de diversos temas" para que "no entren en conflicto con los poderes fácticos locales", generando "zonas de silencio".
En total, 22 periodistas y trabajadores de medios fueron asesinados en 2017 en la región por motivos relacionados con el ejercicio de su profesión, además de "varios" que se vieron obligados a desplazarse y decenas de denuncias sobre actos de violencia o amenaza contra comunicadores.
En relación a este ámbito, la Relatoría también puso el foco sobre la "criminalización" de los comunicadores debido a la publicación de informaciones relacionadas con funcionarios públicos o políticos y expresó la necesidad de "adecuar las normas" para "evitar el uso desproporcionado de las sanciones".
Además, la Comisión se hizo eco de las declaraciones realizadas desde las autoridades estatales con objeto de descalificar y estigmatizar las labores periodísticas de los medios no gubernamentales que, en algunos casos, han estado seguidas de actos violentos y procedimientos para acabar con las licencias.
Uno de los ámbitos relativos a la libertad de expresión que preocupa al organismo es la censura previa impulsada desde el poder, que sigue ocurriendo en la región a pesar de que el artículo 13.2 de la Convención Americana la prohíbe, pero también la censura indirecta mediante la presión por publicidad oficial.
Respecto a la acción de los Gobiernos sobre el entorno digital, aseguró que las normas promovidas por "varios Estados" para prevenir el delito en la red conlleva la restricción de la libertad de expresión, por lo que llamó a ponderar el impacto que tienen estas regulaciones sobre este derecho fundamental.
Otro de los aspectos en los que se centra el informe es la represión ante las protestas sociales, ya que "son regularmente afectadas por el despliegue excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de la policía u otros cuerpos estatales, lo que ha provocado lesiones y hasta la muerte de manifestantes", por lo que reclamó a los Estados miembros garantizar este derecho.
Fuente: Agencia EFE
