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| Cristina Fernández de Kirchner, como presidenta de Argentina, espera para ofrecer un discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2015 |
Uno de los grandes misterios de la política argentina es cuál será el destino de su expresidenta. Cristina Fernández de Kirchner enfrenta múltiples causas por corrupción: se le investigan irregularidades millonarias en la adjudicación de la obra pública y fue procesada por “asociación ilícita” y “defraudación a la administración pública”. El 7 de marzo será interrogada mientras que un día antes comparecerán por primera vez sus dos hijos: el diputado nacional Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, ambos imputados por lavado de dinero y con sus bienes congelados. Aunque se trata de una situación única, las conclusiones que se pueden extraer no son obvias.
En el caso de CFK, algunas pesquisas tienen una evidencia abrumadora y otras parecen débiles. Las dudas que generan ciertos procedimientos de los oficiales de justicia le quitan legitimidad a las investigaciones y generan dudas en la sociedad argentina.
Es muy posible que Fernández de Kirchner, quien ya fue senadora entre 1995 y 2007, se presente como candidata al Congreso Nacional en las elecciones legislativas de octubre. Si adopta una posición audaz se presentará por la provincia de Buenos Aires, el mayor distrito electoral del país, donde la contienda será pareja y los riesgos de una derrota son mayores. Según sondeos de opinión, tendría un tercio de los votos, un porcentaje similar al del oficialista Cambiemos y el opositor Frente Renovador. Si opta por actuar de manera conservadora, se postulará por la provincia patagónica Santa Cruz que gobernó su marido, el fallecido Néstor Kirchner, también expresidente, donde tiene mejores probabilidades de ganar. Si no se candidatea, la carencia de otro liderazgo podría acentuar el declive del kirchnerismo.
Pero, desde ya, un posible corolario de este caso es que en Argentina las causas por corrupción no extinguen las carreras políticas.
La indignación ciudadana frente a la corrupción no ha tenido un impacto electoral concluyente en la historia argentina reciente. En 2001 el expresidente Carlos Menem (1989-1999) estuvo preso por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia y, sin embargo, ganó la primera vuelta electoral año y medio más tarde. En contraste, partidos anticorrupción que en su momento gozaron de un considerable apoyo ciudadano, son hoy electoralmente marginales.
Fernández de Kirchner fue procesada por la adjudicación de obras de gobierno con sobreprecios al empresario Lázaro Báez, importante beneficiario de contratos de infraestructura de los Kirchner, quien está preso desde hace ocho meses. Los fiscales creen que la expresidenta cobró comisiones de Báez a través de contratos para los hoteles de la familia Kirchner que se habrían utilizado para el lavado de dinero. Su ex secretario de Obras Públicas, José López, fue detenido en un monasterio cuando intentaba ocultar nueve millones de dólares en bolsos. Estos elementos —y muchos otros— conectan a la presidenta con un esquema de recaudación ilegal que se extendió durante los tres gobiernos de la dinastía Kirchner.
En cambio, la imputación de Fernández de Kirchner en la causa “dólar futuro” parece ser más producto de la obsesión de un juez que un acto de Justicia. Como presidenta, Fernández de Kirchner había indicado al Banco Central que vendiera dólares a un precio mayor que el del mercado para atenuar la depreciación del peso argentino. Aunque la medida tuvo un perjuicio para el estado de más de tres millones de dólares, fue una acción gubernamental.
El 30 de diciembre de 2016 la cámara de Casación ordenó la reapertura de la investigación originada por la denuncia del fiscal Alberto Nisman en la que acusaba a la presidenta de un presunto pacto con Irán para encubrir el atentado a la AMIA de 1994, en el que murieron 85 personas. Durante el mandato de Fernández de Kirchner, el juez federal Daniel Rafecas la había archivado sin dar lugar a ninguno de los pedidos de Nisman. El 18 de enero de 2015, el fiscal apareció muerto en su departamento. Al día siguiente debía exponer su endeble denuncia en el Congreso. Dos años después, aún no se ha establecido si fue suicidio o asesinado. El 60 por ciento de los argentinos desconfía de esa pesquisa judicial.
El nuevo gobierno no ha podido revertir esa desconfianza hacia el poder judicial. El presidente Mauricio Macri ha mantenido un patrón del kirchnerismo: la designación de jueces probos para la Corte Suprema de Justicia y la continuidad de un toma y daca con la Justicia Federal (que investiga la corrupción) en la que la varios jueces y fiscales actúan de acuerdo a los vaivenes del tiempo político. La demolición judicial de la expresidenta es un ejemplo del funcionamiento de los tribunales federales. A pesar de las causas de corrupción que se le siguen, al gobierno le conveniene que CFK se candidatee al Congreso: puede provocar cierto daño, pero también divide los votos de la oposición.
La “judicialización de la política”, como se llama en Argentina a la extraordinaria influencia de las decisiones judiciales en el sistema político, ha puesto a la política en manos de fiscales, jueces y agentes de inteligencia. Esto se evidencia con la difusión reciente de conversaciones privadas captadas para causas judiciales y difundidas por la prensa a riesgo de violar el derecho a la privacidad.
En una de grabaciones, difundida hace un par de semanas, Cristina Fernández habla con su ex jefe de inteligencia, Oscar Parrili, sobre Antonio Stiuso, un funcionario de inteligencia con gran influencia sobre Nisman y de estrechas relaciones con los Kirchner durante años.
Esa judicialización de la política es parte integral de la refriega política y no está exenta de episodios tragicómicos. Hace dos semanas también se conocieron escuchas ilegales de Daniel Angelici, presidente del club Boca Juniors y operador judicial del gobierno de Macri, en las que intentaba influir sobre un juez, quien resultó ser el juez de un partido de Boca contra Vélez Sarsfield en 2015.
Con todo, las causas de corrupción que afectan a la expresidenta no parecen determinantes para su futuro político ni para las elecciones de mitad de periodo. El aumento de la pobreza y la desocupación y la división de la oposición son hoy variables más decisivas.
Y es difícil que este juego cambie sin una reforma integral de la Justicia Federal que garantice más infraestructura y presupuesto para avanzar sobre los delitos de corrupción pública más allá de las coyunturas políticas. Esa reforma podría tener una consecuencia paradójica: una vez restaurada la confianza en la justicia, los argentinos podrán ejercer su derecho legítimo de elegir representantes procesados y condenados por actos de corrupción. Una manera de sincerar que la honestidad no es determinante en los comportamientos electorales de los argentinos.
*Martín Sivak es periodista argentino. Su más reciente libro, "Clarín, la era Magnetto", será publicado el próximo año en inglés por Duke University Press
En el caso de CFK, algunas pesquisas tienen una evidencia abrumadora y otras parecen débiles. Las dudas que generan ciertos procedimientos de los oficiales de justicia le quitan legitimidad a las investigaciones y generan dudas en la sociedad argentina.
Es muy posible que Fernández de Kirchner, quien ya fue senadora entre 1995 y 2007, se presente como candidata al Congreso Nacional en las elecciones legislativas de octubre. Si adopta una posición audaz se presentará por la provincia de Buenos Aires, el mayor distrito electoral del país, donde la contienda será pareja y los riesgos de una derrota son mayores. Según sondeos de opinión, tendría un tercio de los votos, un porcentaje similar al del oficialista Cambiemos y el opositor Frente Renovador. Si opta por actuar de manera conservadora, se postulará por la provincia patagónica Santa Cruz que gobernó su marido, el fallecido Néstor Kirchner, también expresidente, donde tiene mejores probabilidades de ganar. Si no se candidatea, la carencia de otro liderazgo podría acentuar el declive del kirchnerismo.
Pero, desde ya, un posible corolario de este caso es que en Argentina las causas por corrupción no extinguen las carreras políticas.
La indignación ciudadana frente a la corrupción no ha tenido un impacto electoral concluyente en la historia argentina reciente. En 2001 el expresidente Carlos Menem (1989-1999) estuvo preso por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia y, sin embargo, ganó la primera vuelta electoral año y medio más tarde. En contraste, partidos anticorrupción que en su momento gozaron de un considerable apoyo ciudadano, son hoy electoralmente marginales.
Fernández de Kirchner fue procesada por la adjudicación de obras de gobierno con sobreprecios al empresario Lázaro Báez, importante beneficiario de contratos de infraestructura de los Kirchner, quien está preso desde hace ocho meses. Los fiscales creen que la expresidenta cobró comisiones de Báez a través de contratos para los hoteles de la familia Kirchner que se habrían utilizado para el lavado de dinero. Su ex secretario de Obras Públicas, José López, fue detenido en un monasterio cuando intentaba ocultar nueve millones de dólares en bolsos. Estos elementos —y muchos otros— conectan a la presidenta con un esquema de recaudación ilegal que se extendió durante los tres gobiernos de la dinastía Kirchner.
En cambio, la imputación de Fernández de Kirchner en la causa “dólar futuro” parece ser más producto de la obsesión de un juez que un acto de Justicia. Como presidenta, Fernández de Kirchner había indicado al Banco Central que vendiera dólares a un precio mayor que el del mercado para atenuar la depreciación del peso argentino. Aunque la medida tuvo un perjuicio para el estado de más de tres millones de dólares, fue una acción gubernamental.
El 30 de diciembre de 2016 la cámara de Casación ordenó la reapertura de la investigación originada por la denuncia del fiscal Alberto Nisman en la que acusaba a la presidenta de un presunto pacto con Irán para encubrir el atentado a la AMIA de 1994, en el que murieron 85 personas. Durante el mandato de Fernández de Kirchner, el juez federal Daniel Rafecas la había archivado sin dar lugar a ninguno de los pedidos de Nisman. El 18 de enero de 2015, el fiscal apareció muerto en su departamento. Al día siguiente debía exponer su endeble denuncia en el Congreso. Dos años después, aún no se ha establecido si fue suicidio o asesinado. El 60 por ciento de los argentinos desconfía de esa pesquisa judicial.
El nuevo gobierno no ha podido revertir esa desconfianza hacia el poder judicial. El presidente Mauricio Macri ha mantenido un patrón del kirchnerismo: la designación de jueces probos para la Corte Suprema de Justicia y la continuidad de un toma y daca con la Justicia Federal (que investiga la corrupción) en la que la varios jueces y fiscales actúan de acuerdo a los vaivenes del tiempo político. La demolición judicial de la expresidenta es un ejemplo del funcionamiento de los tribunales federales. A pesar de las causas de corrupción que se le siguen, al gobierno le conveniene que CFK se candidatee al Congreso: puede provocar cierto daño, pero también divide los votos de la oposición.
La “judicialización de la política”, como se llama en Argentina a la extraordinaria influencia de las decisiones judiciales en el sistema político, ha puesto a la política en manos de fiscales, jueces y agentes de inteligencia. Esto se evidencia con la difusión reciente de conversaciones privadas captadas para causas judiciales y difundidas por la prensa a riesgo de violar el derecho a la privacidad.
En una de grabaciones, difundida hace un par de semanas, Cristina Fernández habla con su ex jefe de inteligencia, Oscar Parrili, sobre Antonio Stiuso, un funcionario de inteligencia con gran influencia sobre Nisman y de estrechas relaciones con los Kirchner durante años.
Esa judicialización de la política es parte integral de la refriega política y no está exenta de episodios tragicómicos. Hace dos semanas también se conocieron escuchas ilegales de Daniel Angelici, presidente del club Boca Juniors y operador judicial del gobierno de Macri, en las que intentaba influir sobre un juez, quien resultó ser el juez de un partido de Boca contra Vélez Sarsfield en 2015.
Con todo, las causas de corrupción que afectan a la expresidenta no parecen determinantes para su futuro político ni para las elecciones de mitad de periodo. El aumento de la pobreza y la desocupación y la división de la oposición son hoy variables más decisivas.
Y es difícil que este juego cambie sin una reforma integral de la Justicia Federal que garantice más infraestructura y presupuesto para avanzar sobre los delitos de corrupción pública más allá de las coyunturas políticas. Esa reforma podría tener una consecuencia paradójica: una vez restaurada la confianza en la justicia, los argentinos podrán ejercer su derecho legítimo de elegir representantes procesados y condenados por actos de corrupción. Una manera de sincerar que la honestidad no es determinante en los comportamientos electorales de los argentinos.
*Martín Sivak es periodista argentino. Su más reciente libro, "Clarín, la era Magnetto", será publicado el próximo año en inglés por Duke University Press
Foto: Josh Haner/The New York Times
Fuente: New York Times
