Medios de comunicación, y periodistas, construyen al indígena como el enemigo interno. Repiten el discurso del poder, sesgan la información y avalan la violencia contra las comunidades. Diarios Perfil, Clarín y Jornada. Los que durante doce años hicieron silencio, y hoy hablan. El modelo extractivo y los derechos humanos“Ayer salvajes, hoy nos dicen terroristasSiempre justificando su violencia con mentiras”Canción “Nuevo Cantar”, 2013, de Puel Kona
Por: Darío Aranda
“Denuncian vínculos de grupos mapuches con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia)”, tituló el diario Perfil el domingo 8 de enero en un extenso artículo, referido al conflicto del Lof (comunidad) Resistencia Cushamen con la empresa Benetton. La nota, firmada por Cecilia Moncalvo, acusa: “A medida que aparecen más datos, la acción de (Facundo) Huala y su grupo puede ser leída como el germen de una forma violenta de protestar y de hacer política. Hay datos, como que en zonas limítrofes la Gendarmería envió más personal, mientras que diputados chilenos y periodistas y productores argentinos mencionan a las FARC colombianas como parte de la financiación del grupo (…). Abre interrogantes sobre una zona liberada previamente y de tráfico de armas de Argentina a Chile. Facundo Jones Huala sería el nexo”.
La periodista no cita en ningún momento la voz de la comunidad mapuche, pero se excusa: “Perfil ha contactado en tres oportunidades diferentes por mail y cuatro por teléfono a la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), sin obtener respuesta”.
Detalle importante: el Lof Resistencia Cushamen (cuyo lonko-autoridad es Facundo Jones Huala) no forma parte de la organización RAM.
El artículo de Moncalvo, que ameritó una detallada crítica del periodista de FM Comunitaria Kalewche Pablo Quintana e incluso un comentario del “defensor del lector” de Perfil, no aportó ninguna prueba sobre la vinculación entre mapuches y FARC, sólo dichos de sectores interesados (como la Sociedad Rural).
Dos días después, el martes 10 de enero, hubo feroces represiones sobre el Lof Mapuche. Una por la mañana (Gendarmería Nacional). Otra por la tarde (policía de Chubut). El miércoles se produjo un tercer operativo violento. Tres represiones en dos días. Una cacería de mapuches. Una decena de presos. Otro tanto de heridos. Dos de gravedad. La imagen de Fausto Jones Huala, con un balazo en el cuello, recorrió el país.
Ante la violenta represión se expidieron innumerables organizaciones sociales y de derechos humanos. Nora Cortiñas (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora), Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), Coordinadora contra le Represión Policial e Institucional (Correpi) y Amnistía Internacional, entre otras. Todas organizaciones críticas respecto a la política represiva y de violación de derechos indígenas del gobierno kirchnerista, volvieron a alzar la voz ante el nuevo gobierno y su accionar también violento.
El diario Jornada, de los más leídos de Chubut, llamó a la acción en su editorial del 15 de enero: “Hasta que un juez del Poder Judicial de Chubut no se ponga los pantalones largos, el conflicto con este violento grupo mapuche persistirá”. El diario es conocido por sus posturas antimapuches y pro-estancieros.
- Los mapuches están vinculados a grupos kurdos y a la ETA del país Vasco.
- Recibieron financiamiento del kirchnerismo.
- Afirma que el Lof Cushamen ocasionó incendios, secuestro de personas e intento de asesinatos, entre otros hechos.
No se aporta ninguna prueba de todos estos hechos. Sólo la opinión del gobernador Mario Das Neves y voces en off.
Gonzalo Sánchez, autor de la nota y editor del diario, repite lo de Cecilia Moncalvo en Perfil: vincula al Lof Cushamen (y a Jones Huala) con la organización Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), cuando la comunidad nunca ha declarado ser parte de esa organización. Segunda coincidencia: Sánchez no otorga ni una línea a la voz del Lof Cushamen, ni de sus abogados, ni de las organizaciones de derechos humanos que acompañan. Tercera coincidencia, casi una regla de los diarios porteños, escriben sobre un hecho sin recorrer el territorio, no van al lugar de los hechos. Periodismo de escritorio.
Tampoco señalan los derechos vigentes (en numerosas leyes) que protegen a los pueblos indígenas y, mucho menos, dan cuenta de las denuncias que recaen sobre la empresa Benetton, contraparte en el conflicto y con enorme poder de lobby en el poder político, judicial y mediático.
Los artículos periodísticos citados no pasarían la aprobación en primer año de periodismo de ninguna facultad. Serían rechazados por tendenciosos, sesgados y antiperiodísticos.
Hipocresías. Comunicadores, intelectuales, artistas y políticos no dudaban en echar sospechas sobre el líder qom Félix Díaz de Formosa y, al mismo tiempo, silenciar las atrocidades del gobierno feudal de Gildo Insfrán. Figuras radiales afines al kirchnerismo relativizaban el reclamo qom y hasta hacían entrevistas condescendientes a Insfrán. En el “mejor de los casos”, se llamaban a silencio ante la violación de derechos. El periodismo afín al kirchnerismo apoyó fervientemente la explotación petrolera en Vaca Muerta, aunque allí se violaban derechos indígenas y también se reprimía (y se reprime). Con el macrismo en el poder, esos mismos periodistas, intelectuales y artistas se horrorizan y repudian la violencia que sufren los mapuches.
Lo mismo sucede en sentido inverso. Medios y personalidades que denunciaban el accionar de Insfrán (y la complicidad del kirchnerismo) hoy hacen silencio o, incluso, legitiman la violencia contra los mapuches.
Responsabilidades. Ya se sabe lo que son los grandes medios de comunicación. Sus intereses políticos y económicos. Sus posturas editoriales, sus amplias coberturas oportunistas y sus silencios cómplices. Pero urge discutir las responsabilidades individuales dentro del periodismo. “Nadie les pide tanto”, resumió una colega en referencia a una opereta mediática orquestada durante el kirchnerismo, ejecutada por editores y un periodista. Dicho de otro modo: nadie es obligado a escribir mentiras. Siempre se puede decir que no. ¿Tiene costos? Quizá sí, pero también tiene costos altos escribir mentiras.
La nota de Perfil fue escrita por Cecilia Moncalvo. La de Clarín por Gonzalo Sánchez.
No se puede alegar obediencia debida para escribir falsedades, omitir hechos, silenciar voces, proteger al poder y justificar represiones.
Amplios sectores de la sociedad argentina se pueden conmover ante la miseria planificada (por el poder) que sufren los pueblos originarios del Salta, Chaco, Misiones o Formosa, con incluso niños muertos por desnutrición. Hasta pueden “ser solidarios” y recolectar donaciones. Pero no toleran cuando los pueblos indígenas se paran como sujetos de derechos, políticos y sociales, y exigen lo que les corresponde: territorio y reparación ante el genocidio sobre el que se funda el estado moderno argentino. Queda en evidencia el lado racista de sectores de la sociedad y, en consonancia, una larga fila de periodistas que actúa en consecuencia: llama terroristas a los mapuches, acusa (sin pruebas) de crímenes, legitima represiones.
El fondo. La Campaña del Desierto tuvo como objetivo principal apropiarse del territorio, entregarlo a sectores del poder e incluirlos al mercado capitalista. El genocidio de la última dictadura cívico-militar también estuvo motivada por la imposición violenta de un modelo económico-político (graficada como nadie por Rodolfo Walsh en la Carta a la Junta Militar ).
En el Siglo XXI, un nuevo capítulo de violencia-empresas-gobiernos-medios de comunicación se desarrolla en manos de mineras, petroleras, multinacionales del agro, pasteras, empresarios locales y grandes compañías constructoras (de represas, rutas). Los pueblos indígenas (y también campesinos y asambleas socioambientales) son grandes escollos para la avanzada territorial.
Medios de comunicación, y periodistas puntuales, son parte fundamental del entramado de legitimación del modelo.
Isabel Huala, madre de Facundo y parte del Lof Cushamen, resumió: “Nos culpan de terroristas, nos identificaron con el ISIS y la ETA, nos acusan de causar incendios y de golpear animales, todo un circo para ocultar que hay un Estado Nacional y Provincial que nos persigue, con un poder político que nos quiere desaparecer”.
Fuente: Territorios
