domingo, 12 de junio de 2016

Mariano Martínez Rojas sacó del aire Radio América, que emite por internet con sus trabajadores

El empresario Martínez Rojas, a quien se atribuye la propiedad de Radio América, ingresó ayer a la planta en la que opera la antena de la emisora, en Villa Soldati, y cortó la transmisión, informó una delegada de los trabajadores que mantienen una programación de emergencia desde hace tres meses cuando se inició un conflicto sindical por salarios adeudados y despidos
El usurpador en la Planta de Radio América
"Martínez Rojas ingresó a la planta en la que opera la antena de la emisora, en Villa Soldati, y cortó la transmisión", informó una delegada de los trabajadores, que mantienen una programación de emergencia desde hace tres meses cuando se inició un conflicto sindical por salarios adeudados y despidos.

"La planta está en Soldati, donde había un operador hasta que ingresó Martínez Rojas con dos personajes de seguridad y cortó la transmisión", dijo a TelAm Daniela Gisbert, delegada de los trabajadores de la emisora que se ubica en el 1190 AM del dial.

En lo que calificó de "golpe duro" para los trabajadores que sostienen una lucha por el pago de salarios adeudados, Gisbert dijo que "la radio sólo se transmite por internet", en el sitio web 1190america.com.

La situación ocurrió durante el ciclo conducido a la tarde por Matías Colombati y Gabriel Michi, quienes comunicaron que el supuesto dueño "actúa con violencia, premeditación y hechos de censura al sacar un medio del aire, al haber cortado Radio América".

“El señor Mariano Martínez de Rojas acaba de cortar la transmisión del aire. Obligó a poner música y nosotros seguimos acá por lo menos por internet”, manifestó Gabriel Michi al aire y pidió: “A quienes nos estén escuchando que alerten por las redes sociales porque están sacando del aire a una radio, lo cual es gravísimo”.
Michi aseguro que esto es “un hecho sin antecedentes en la historia democrática” del país. “Esto no ocurría desde la época de la dictadura militar para que  tengamos una referencia concreta de la gravedad institucional de lo que está ocurriendo en estos momentos”, dijo el periodista.

“La radio es mía, así que vine con gente de seguridad y me hice cargo de la planta transmisora, ya que los estudios desde donde se emitía la programación están usurpados por un grupo de ex trabajadores, que no me dejan entrar”, dijo Martínez Rojas a Clarín. Y contó que su plan es, en los próximos 15 ó 20 días, conseguir otros estudios técnicos para emitir una nueva programación, “con los 30 empleados que quedaron en la empresa, ya que el resto fueron despedidos y está todo en la Justicia”. Además, el empresario sostuvo que hay una orden de desalojo judicial de los estudios técnicos del barrio de Belgrano, ya que “están intrusados y hace más de un año que no pagan el alquiler”.

Los conductores condenaron las "actitudes difamatorias" de Martínez "contra trabajadores que hace seis meses están sin salario, sin hacerse cargo de la cobertura social, ni siquiera de trabajadoras que están embarazadas".

"Ratificamos el mandato que tienen nuestros delegados, fieles representantes de nuestros intereses colectivos, y cuando Martínez Rojas los agravia, nos agravia a todos: repudiamos este intento de acallar la radio, de cerrarla al sacarla del aire, lo que es un delito federal", denunciaron.

Uno de los primeros entrevistados durante el programa fue el diputado y secretario general del gremio de los Canillitas, Omar Plani: "Espero que alguien del gobierno revierta esto, que coarta el derecho a la información y ataca derechos laborales", expresó Diego Pietrafesa, delegado de Telefe por SiPreBA, se sumó a la mesa de conducción en el estudio de Amenábar 23, en Colegiales, para respaldar la campaña por la normalización de las tareas en la emisora, el pago de salarios y el restablecimiento de obra social.

"Si no pudo acreditar que fuera propietario, ¿de quién era el dinero?", cuestionó la abogada Graciana Peñafort, especialista en derecho de la comunicación y una de las autoras de la ley de medios.

Para defender sus puestos de trabajo, el 7 de marzo unos 120 trabajadores comprendidos en los gremios SiPreBA, AATRAC y SAL se hicieron cargo de la transmisión a través de AM 1190 y de la página web 1190america.com.

La iniciativa se impuso ante el abandono empresarial de la histórica emisora, que cesó en el pago de salarios, alquiler de instalaciones, luz, agua y servicios como internet y teléfono.

Gisbert informó que "el ENaCom -Ente Nacional de Comunicaciones- no le dio la titularidad a Martínez Rojas, que apareció como comprador pero nunca formalizó los papeles, que están en una nebulosa; hubo cinco acuerdos incumplidos en el ministerio de Trabajo y desde que se retiró Sergio Szpolski quedamos en un limbo".

"Radio América está cien por ciento operativa", enfatizaron en la transmisión de emergencia los conductores, que reivindicaron que "las licencias de radio AM son de todos los argentinos", en tanto el hashtag #NoApaguenRadioAmerica se convirtió en tendencia en twitter.

Los trabajadores formalizaron una denuncia por "intrusión, daño y corte de transmisión" en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 10, del juez Julián Ercolini.

Fuentes del Ente Nacional de Comunicaciones dijeron al diario Clarín que el lunes van a analizar el caso de Radio América, para ver si intervienen la frecuencia o cómo se puede resolver esta situación, que ya lleva medio año de conflicto. Los trabajadores pretenden que se le quite la radio a Martínez Rojas y se convoque a una nueva licitación, que garantice la estabilidad laboral de sus 80 empleados titulares y los 20 suplentes. El empresario presentó esta semana todos los papeles ante el ENaCom, para que apruebe la transferencia de la radio y certifique que es de su propiedad. Todos esperan que el organismo oficial intervenga, antes de que se profundice la crisis.

Declaración de Julio Miguel Rodríguez Villafañe Pte. Asociación Iberoamericana de Derecho de la Información y de la Comunicación


Martínez Rojas escribió en la cuenta "No Oficial" de Radio América:

Repudio de FoPeA
El Foro de Periodismo Argentino (FoPeA) repudia la intempestiva irrupción del empresario Mariano Martínez Rojas, con varios custodios, en el predio de la planta transmisora de LR9 Radio América – ubicada en Villa Soldati, CABA- y la posterior interrupción de la programación de emergencia que llevaban adelante los trabajadores al aire para denunciar lo que estaba ocurriendo, lo que constituye un gravísimo acto de censura. FOPEA insta a las autoridades públicas, al Ministerio de Seguridad, al Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) y a la Justicia a intervenir en forma urgente en el conflicto y garantizar el regreso al aire de la emisora.

Mariano Martínez Rojas dice ser el propietario de la radio en cuestión, pero esta situación no está demostrada aún ni ante la Inspección General de Justicia, ni ante el Ministerio de Trabajo, ni ante el propio ENACOM desde donde su titular, Miguel De Godoy, reconoció ante los trabajadores que dicho empresario no tiene acreditado ser el titular de esa licencia, lo que pone en duda su legitimación como tal.

Los hechos
Durante la mañana 11, Martínez Rojas se presentó en la planta transmisora de Radio América y mostrando un papel que según él era una orden judicial para poder ingresar al predio, pero que en realidad sólo era una denuncia suya ante una Fiscalía, engañó al operador técnico que estaba de guardia e ingresó con un grupo de custodios, tomando posesión del lugar. En un similar procedimiento había intentado concretar días atrás un ingreso intempestivo a la planta, algo que no pudo concretar pese a las amenazas de sus custodios -denunciadas ante la Policía- contra el personal.

En esta ocasión y con este engaño ingresó a la planta transmisora y, alrededor de las 15:00 horas, cortó la transmisión que en vivo estaban realizando los trabajadores desde los estudios del barrio de Palermo y obligó al personal de la planta transmisora a poner música al aire. Los trabajadores sólo pudieron seguir con una transmisión de emergencia vía Internet (a través del sitio www.1190america.com), donde recibieron la solidaridad y apoyo de periodistas de distintos medios, abogados especializados y de diputados nacionales de diferentes partidos que integran la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara Baja, quienes ratificaron que lo ocurrido era un ataque directo a este derecho garantizado por la Constitución Nacional.

Los trabajadores de Radio América -una emisora con 90 años de historia- hicieron la denuncia en la Comisaría 36 de la Policía Federal por el delito de intrusión pero también por la interrupción de la transmisión, lo que puede constituir un delito federal. Vale recordar que las frecuencias radiales pertenecen al Estado y que éste es quien las concesiona a los licenciatarios. Horas después de su llegada al predio, Martínez Rojas le impidió a otros trabajadores de la radio ingresar al lugar, que estaba cerrado con candado, pese a que en su interior estaba el personal técnico de la planta transmisora. Y advirtió en persona y redes sociales -con injurias de todo tipo- que gran parte de los trabajadores estaban despedidos, incluyendo a los representantes gremiales a quienes también dijo haberle iniciado causas penales, hechos que constituiría además una persecución sindical.

Antecedentes
El empresario Mariano Martínez Rojas aduce haberle comprado la compañía DESUP -propietaria de AM1190 Radio América- a Sergio Szpolski , el mismo responsable del Grupo 23 que durante años recibió cientos de millones de pesos de Publicidad Oficial, pero que con el cambio de Gobierno cerró, vendió o abandonó la mayoría de los medios, dejando en la calle a centenares de empleados. Sin embargo, desde la supuesta venta, en enero pasado, Martínez Rojas nunca pagó los salarios de los 120 trabajadores -que hace seis meses que no reciben ninguna remuneración, pero que sostienen al aire la emisora, pagando incluso los impuestos que no abonan los empresarios- e incumplió varias actas acuerdo rubricadas ante el Ministerio de Trabajo donde se comprometía a afrontar dicha deuda. Tampoco paga los aportes previsionales ni jubilatorios -como ya no lo hacía Szpolski- por lo que los empleados se quedaron sin cobertura médica y dejó caer la inscripción de los trabajadores de la AFIP.

FoPeA alerta sobre este gravísimo ataque a la Libertad de Expresión -sin antecedentes de estas características desde el retorno democrático- e insta a la Justicia y a las autoridades públicas, en particular al ENaCom, a intervenir de manera inmediata en esta situación que afecta múltiples derechos garantizados por la Constitución Nacional.
Fuentes: TelAm, Clarín

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