La actividad, denominada “Medios, comunicación y tecnología para la inclusión económica y cultural”, se desarrolló en La Usina de la Cooperativa Popular de Electricidad y consistió en una serie de paneles de debate con diversos temas para comenzar a delinear una nueva propuesta.
La apertura del encuentro estuvo a cargo de Nocetti, quien destacó que la CPE fue la primera cooperativa en contar con el servicio de TV por cable, como beneficio de la Ley Audiovisual. Luego, el abogado Rodríguez Villafañe advirtió que el gobierno macrista contrató a consultoras internacionales para el asesoramiento en la nueva ley y pidió aportes de las distintas organizaciones para el borrador que llevará la Coalición al Congreso. También pidió por la pérdida de los puestos de trabajo en el sector y la afectación de la libertad de prensa.
Por otro lado, respaldó la continuidad de la Televisión Digital Abierta (TDA) como política pública de inclusión en la comunicación y el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el marco de los proyectos del Fondo Concursable para medios de comunicación audiovisual.
A su turno, Néstor Piccone planteó la necesidad de avanzar en “un proyecto propio” de la Coalición para proponer en el Congreso de la Nación en el marco del nuevo debate que prometió dar el presidente Mauricio Macri tras derogar por decreto los puntos más considerables de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que había sido votada por Diputados y Senadores.
Además advirtió que el cambio de gobierno modificó el escenario de los medios de comunicación. “Pensamos ahora en refundar la Coalición y para eso trabajamos diariamente, hay que estudiar las acciones de este gobierno. La comunicación es un derecho humano y hay que defenderla ante la ofensiva de Clarín y de las multinacionales”, sostuvo.
El presidente de la CPE, en tanto, manifestó que en el país “hay una crispación social producto de la situación económica y de la corrupción” y remarcó que los medios hegemónicos como el Grupo Clarín “están fomentando los desencuentros”.
Nocetti agregó que “los grandes multimedios generan conciencia, perspectivas que hacen complicada la convivencia” y que recuperaron su poder político que les había quitado la Ley Audiovisual.
Paneles
En el encuentro se escuchó a panelistas que fueron agrupados en cinco mesas de debate plurales e interdisciplinarias. La primera incluye a las cooperativas de servicios y de comunicación en el nuevo escenario político, legal, económico y tecnológico (Alberto Calvo de Colsecor, Roberto Gómez del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, Fabián Denda de la CPE y Lucas Olivo de Corpico).
La segunda, en defensa de las audiencias: accesibilidad, soportes y programación para la democratización de la comunicación. Educación crítica en escuelas y universidades (María Capurro, de Defensoría del Público; Mónica Bianchi, ACIS, Personas con Discapacidad; la diputada provincial de Misiones, Miriam Duarte; Julieta Laborde, de Avellaneda; y Miriam Bobadilla, Red de Comunicadores internacional con perspectiva de género).
La tercera, actores sociales, pueblos originarios, universidades, pymes y medios públicos: legalidad, sostenibilidad y políticas públicas para ejercer el derecho a la comunicación (Paulo Buticce, secretario de Comunicación de Chaco; Osvaldo Frances, ARBIA; Laura Méndez, CCAI pueblos originarios de Jujuy; Mabel Loisi, Argentores; y Diego Ibarra, ARUNA.
La siguiente, a los trabajadores, entre la comunicación social y la transnacionalización de la economía y la tecnología (Daniel Alvaredo, de Asociación Argentina de Actores; Gustavo Belingieri, de SATSAID; Guillermo Deffays, del Sindicato de Trabajadores de las Tecnologías de la Información y la Comunicación; Flavio Frangolini, de FATPren; y Mónica Molina, Red Par).
Coordinada por el periodista, integrante de la Coalición, Luis Lazzaro y un panel integrado por, Miguel Rodríguez Villafañe, Santiago Martínez, Damián Loretti, Guillermo Tello y Diego Rossi, la última mesa buscó sintetizar las propuestas de acción de la Coalición por una Comunicación Democrática frente al proyecto de Ley de Telecomunicaciones del ENaCom.
Hubo dirigentes de distintos puntos del país y un equipo de CPEtv siguió el desarrollo del encuentro y hubo un móvil de la Defensoría del Público.
Aprobada por unanimidad en el Encuentro Federal “Medios, comunicación y tecnología para la inclusión económica y cultural”, en Santa Rosa, 25 de junio de 2016.Fuentes: El Diario de La Pampa, InfoGEI, PlanB y La Arena
Desde la ciudad donde el federalismo comunicacional proclamó dos gritos históricos; contra la exclusión de la ley de la dictadura (2003) y por el derecho cooperativo a la implementación de la Ley 26.522 (2009), la Coalición por una Comunicación Democrática, lanza una nueva convocatoria por el pluralismo y la democratización de la comunicación como bien social y como derecho humano en tiempos en que el desarrollo de operadores convergentes puede constituir una amenaza al bien común si se privilegian los intereses corporativos sectoriales.
La Coalición, conformada por múltiples actores: sindicatos y centrales obreras, radios y televisoras populares, comunitarias y escolares, universidades nacionales y provinciales, periodistas, cooperativistas, pequeñas y medianas empresas de comunicación, productoras, comunicadores y comunicadoras, centros comunitarios, revistas y medios gráficos y digitales, organizaciones de derechos humanos y organizaciones sociales, reitera sus principios en defensa de la pluralidad de voces, la libertad de expresión y la pluriculturalidad de expresiones. Entendemos que sin derecho a la comunicación no hay democracia plena. Esto requiere hoy también el acceso universal a internet en su múltiple sentido; geográfico, social, comunitario y humano.
Actualizamos de esta manera, un compromiso por valores y principios, y nos encaminamos a un programa de acción para la inclusión económica y social en materia audiovisual y de telecomunicaciones, tal como se aprobó en el Congreso Nacional del 3 de marzo de 2016, que lanzó los nuevos 21 Puntos por el Derecho a la Comunicación.
Este Encuentro Federal se realiza en coincidencia con el día 179 de vigencia del Decreto 267/15 que esta Coalición denunció por agravios a la libertad de expresión en la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA el pasado 8 de abril.
De allí surgió un compromiso público de parte de las nuevas autoridades nacionales de convocar a diversos actores a participar en el proceso de redacción de un anteproyecto denominado como “Ley de las Convergencias” frente a lo cual la Coalición reafirma su histórica metodología abierta para la formulación de políticas. En este sentido, valoramos la presencia de organizaciones miembros de la Coalición en instancias de debate y reclamamos que estas consultas incluyan foros federales abiertos y participativos que permitan acordar conceptos que actualicen las políticas de comunicación con las voces de todos los sectores, al servicio de la creatividad, la producción, la distribución de contenidos y el trabajo nacional.
Denunciamos la ausencia deliberada de representación federal, popular y sectorial en el seguimiento y aplicación de las políticas, a partir de las modificaciones realizadas por el gobierno nacional y que contemplaban los Consejos Federales creados por las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual y Argentina Digital.
Expresamos nuestra pública preocupación por la contratación altamente onerosa de consultoras internacionales para asesorar al gobierno en la elaboración del futuro marco regulatorio, lo cual se contrapone con los principios a favor de un debate público, abierto y de cara a la sociedad, en el que se puedan expresar los intereses de cada sector.
Al respecto exigimos plena claridad sobre el punto de partida gubernamental para un borrador de ley que respete la Constitución y los Tratados Internacionales, la transparencia en las gestiones que impliquen elaboración de proyectos y la apertura de audiencias públicas (como lo establece la Ley 26.522 vigente), de foros consultivos y de otras vías de participación, que, de todas maneras, la Coalición sigue implementando en forma permanente en todo el país. En este punto, sostenemos con firmeza el principio de no regresividad en los derechos ciudadanos, como también lo ha subrayado públicamente la CIDH en relación con el caso argentino.
Hacemos nuestras las expresiones de sectores diversos del campo audiovisual y de las tecnologías de la información y la comunicación que vienen señalando la urgencia de políticas activas para la defensa y promoción del espacio audiovisual nacional, tal como se manifestó en el reciente Congreso Multisectorial por la Ficción y la Producción Nacional Audiovisual. Allí se abordó la necesidad de políticas claras de fomento y promoción fiscal a las industrias creativas y culturales, se denunció la injustificada parálisis gubernamental en la conformación de jurados, en la ejecución de fondos afectados, y la falta de pago de compromisos surgidos de la aplicación de políticas de Estado, como los Fondos Concursables para el Cine y la TV, o el FoMeCA. En esa línea también el reconocimiento y defensa de todos los derechos autorales reconocidos en la ley 11.723 de Propiedad Intelectual en todas las plataformas en que se de a la difusión pública de obras musicales, argumentales y literarias, destacando la aplicación del principio de progresividad y no retroceso en los derechos adquiridos ante el anuncio de eventuales modificaciones.
Hacemos nuestra también la denuncia de los trabajadores de prensa de todas las centrales sindicales acerca de la pérdida de más de 2.000 puestos de trabajo en el sector durante el primer semestre de 2016, acompañamos este reclamo y manifestamos el consecuente resentimiento que estos hechos implican sobre la libertad de expresión. Resulta central desde esta perspectiva la plena aplicación de los postulados de la ley 26.522 respecto de las cuotas de producción nacional, local, independiente y propia, con espacios informativos obligatorios, incluyendo a la televisión paga como actor fundamental de los servicios audiovisuales.
Respecto del acceso gratuito y el potencial democratizador de la televisión abierta, respaldamos la continuidad de la Televisión Digital Abierta como política pública de inclusión, tanto desde la infraestructura y la gestión de frecuencias, como en la transición digital y la disponibilidad de señales en todo el país y bajo las distintas formas de gestión previstas en la legislación de Servicios de Comunicación Audiovisual.
La reserva del 33 por ciento del espectro establecida por la Ley 26.522 para las organizaciones sin fines de lucro debe traducirse en una concreta existencia de estas emisoras, para lo cual reclamamos que el Estado garantice las condiciones para su efectiva concreción. En el mismo sentido exigimos el cumplimiento de las previsiones respecto de las PyMEs del campo audiovisual y de las TICs.
Destacamos el rol del cooperativismo como un actor con peso y con capacidades para crecer en la prestación de servicios de comunicación, así como a las pequeñas y medianas empresas de arraigo local, las comunitarias, los pueblos originarios, las universidades, las escuelas técnicas, de frontera, los sindicatos, las organizaciones sociales. Por ello, deben ser restablecidas y reconocidas, las regulaciones asimétricas que protejan a estos actores de la competencia despiadada y desigual ante los oligopolios concentrados. En particular ratificamos la plena legitimidad y necesidad de que las cooperativas de servicio público sean actores centrales en la prestación de telefonía móvil y de servicios de banda ancha con sentido social y federal. La constitución de empresas de la economía social no debe permanecer centralizada en la Capital Federal, lo que atenta contra principios constitucionales y debe desconcentrarse como factor de promoción del federalismo económico y comunicacional.
La sostenibilidad del nuevo sistema de medios argentino debe contemplar los cambios de las formas de financiamiento y asignación de recursos en cada soporte y actividad. Esto implica, además de la ejecución de políticas de fomento y promoción audiovisuales, una regulación de la publicidad oficial en todas las jurisdicciones (nacional, provincial, municipal), y la regulación y tributación de las plataformas digitales de distribución audiovisual de pago de creciente consumo por parte de las audiencias de nuestro país.
Cualquier nueva regulación deberá considerar los derechos de las audiencias como ciudadanos y no como simples consumidores. En este sentido, debe estar garantizada la plena accesibilidad para las personas con discapacidad en todas las plataformas, la diversidad, la producción local de contenidos y la comunicación con perspectiva de género. Para ello resulta indispensable la continuidad de la tarea que viene desempeñando la Defensoría del Público de SCA, solicitando la apertura de delegaciones en todo el país con un sentido federal e inclusivo.
Si la libertad de expresión está en peligro, todas las libertades lo están.
Vaya entonces desde Santa Rosa, La Pampa, este tercer grito por una comunicación democrática, en todas las plataformas, al servicio del pueblo argentino.
Coalición por una Comunicación Democrática
