Fueron 15 y simultáneos los operativos para intimidar a Clarín
Ex directores de la DGI coinciden en señalar que es "muy difícil" que Ricardo Echegaray desconociera el asunto. Y otros expertos entienden que, a los dos sumariados actuales que son investigados, hay que agregar más funcionarios.
Por: Martín Bidegaray
¿Puede un ejército de 300 inspectores de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) moverse sin la venia de su comandante y los principales subordinados?
Según varios tributaristas que ocuparon las máximas posiciones en el organismo, se trata de algo prácticamente imposible.El jueves, durante la espectacular inspección a varias empresas del Grupo Clarín, tuvieron lugar 15 operativos simultáneos con requisitorias de información a las compañías y varios ejecutivos de las mismas. En la AFIP admitieron que se abrieron sumarios a esos "responsables" y por esa tarea señalaron a Sergio Ariel Mancini, subdirector General de Operaciones Impositivas Metropolitanas, y Andrés Edgardo Vázquez, el que le sigue en el organigrama, a cargo de la regional Sur (que controla Barracas, donde se encuentra la sede de Clarín). Sin embargo, para realizar un operativo de tamaña naturaleza, se necesita el consentimiento de varias partes más, según todos los especialistas consultados.
Ricardo Echegaray, el interventor de la AFIP, sigue repitiendo que "desconocía" la operación. "Yo hubiese estado al tanto de un operativo de esta magnitud", señaló Santiago Montoya, ex recaudador bonaerense echado por el kirchnerismo en abril. En la misma línea se pronunciaron Luis María Peña y Raúl Cuello, que también tuvieron a su cargo la DGI.
"Abajo de Echegaray, hay otros directores: el de Seguridad Social (Iván Fernando Budassi) y de la DGI (Ángel Rubén Toninelli)", reconstruye Peña, ex jefe de los sabuesos en los 90. "Budassi es de absoluta confianza de Echegaray. Es su mano derecha. No hace nada sin consultarlo", explicaron varias fuentes que conocen los pasillos de la AFIP. Sobre Toninelli, en cambio, las versiones son más diversas. "Es de poca relevancia" indica Peña. "Está distanciado de Echegaray", dicen otros.
Mancini está sumariado por ser el director de la región Metropolitana. Sin embargo, también se presentaron requisitorias en una sociedad de CableVisión en Córdoba y en el domicilio de un director del grupo Clarín en Chivilcoy (dependiente de la agencia Mercedes). "Eso excede el área Metropolitana y requiere la firma del interventor general o del director de Operaciones en el Interior", pormenoriza a Cuello, ex subsecretario de Ingresos Públicos. En el organigrama oficial, ese casillero lo ocupa Carlos Alberto Sánchez.
"El que ideó todo el operativo es Andrés Vázquez", puntualizó un supervisor de altísimo rango, que accedió a desembrollar el asunto bajo pedido de total confidencialidad por temor a represalias. "Vázquez conoce la cuestión impositiva y eso le suma que tiene contactos en los servicios de inteligencia", narran. Durante la gestión de Alberto Abad como interventor (Cristina Fernández lo desvinculó en marzo de 2008), Vázquez fue relevado de funciones en los que tuviera poder de decisión. "Echegaray lo restituyó", precisan.
El eje Echegaray-Budassi-Vázquez es el más repetido por los consultados. Otros agregan a Mancini a la lista.
Alrededor de Echegaray ponen toda su atención en Vázquez. Pero hay que ir más arriba para entender otros hechos. El mismo día en que se presentaron cuatro equipos de inspectores en Clarín, correspondientes a la regional Sur de Buenos Aires, también hubo otras dos pelotones en firmas del grupo correspondientes a la regional Palermo, otro en microcentro y un octavo en Constitución (también de la regional Sur). A ese total de 8 requisitorias, más las dos del interior antes descriptas (una firma y un directivo), hay que sumarle la visita a otros cinco domicilios particulares de directores y síndicos de la empresa, desperdigados por todas las regiones: fueron desde countries en Berazategui (Sur) a casas en San Isidro (Norte), pasando por varios departamentos en la Capital Federal.
"Es un papelón por el que debe renunciar Echegaray", dispara Peña. "Si no presenta su dimisión, los legisladores tienen que pedir su juicio político o remoción. No puede ser que un funcionario no sepa lo que están haciendo sus subordinados", complementa Cuello. "Sería un grave error si no fue un control de rutina, porque tenemos que separar el partido del Estado, y las instituciones no pueden ser utilizadas por temas coyunturales", completó Montoya.
En el entorno de Echegaray, un ultrakirchnerista confeso, dicen que el funcionario se enteró de lo que pasaba a través de clarin.com.
"Cerca del jefe recaudador ya se imaginaban populosas movilizaciones contra el grupo Clarín, una vez que se hicieran públicos los casos de evasión que dicen tener comprobados de sus empresas", detalló sin embargo el diario Crítica en su edición del viernes, en el relato de los hechos del día anterior. "La orden puede haber sido de la SIDE, pero esa orden, sea de quien sea, tiene el permiso de Kirchner", caracterizó ayer el bisemanario Perfil. "Vázquez, Mancini y Budassi fueron designados en sus puestos por Echegaray, que desde su designación al frente de la AFIP removió a decenas de directores y jefes para colocar a gente de su confianza", agregó La Nación.
En la prensa, como entre los especialistas, la versión del desconocimiento de la cúpula de la AFIP del operativo contra Clarín, carece de credibilidad.
Alguien debe hacerse cargo
Por: Marcelo Canton
El titular de AFIP, Ricardo Echegaray, dice que no sabía nada del operativo contra Clarín, y apuntó contra sus subordinados. El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández aseguró que alguien "pagó" por ese operativo. Y ahora, en el oficialismo echan a rodar versiones sobre internas de funcionarios. Todos señalan hacia abajo o al costado. Pero nadie se hace cargo de lo que pasó. En medio de un andanada del oficialismo contra un grupo periodístico, la AFIP quedó expuesta como si fuera usada como un arma de guerra más. Esa responsabilidad debe ser asumida por alguien. No alcanza seguir mirando abajo o al costado.
Nuevas versiones sobre el operativo contra Clarín
Cerca de Echegaray miran con desconfianza hacia la SIDE
Consideran que el responsable oculto de la operación es el 2 de Inteligencia.
Por: Martín Bidegaray
Quienes frecuentan a Néstor Kirchner dicen que el ex Presidente valora la lealtad a su persona como un tesoro político incunable. Una nueva disputa para ganar puntos en las simpatías del santacruceño parece haber nacido al fragor de las últimas horas: Francisco 'Paco' Larcher, número dos de la SIDE, estaría enfrentado con Ricardo Echegaray, el administrador de la AFIP.
En el entorno del actual jefe de las recaudadores admiten que tenían programada una inspección a Clarín. Pero dicen que ese procedimiento se iba a concretar tras el recambio legislativo del 10 de diciembre. Aunque la movilización de 300 inspectores demanda no menos de una semana de preparación, voceros de Echegaray siguen repitiendo la misma versión desde el jueves: que el funcionario no sabía nada."Poneme en el teléfono a la persona que está a cargo", le habría ordenado Echegaray a sus subordinados, tras conocerse el espectacular operativo. "Y ahí apareció (Andrés Edgardo) Vázquez. Ricardo (Echegaray) lo llamó y le dijo que levantara todo esto", cuentan cerca del ex titular de la ONCAA.
Aunque en el organigrama formal, Sergio Mancini (bahiense, amigo personal de Echegaray, compañero universitario en Mar del Plata) está por arriba de Vázquez, en la AFIP siempre apuntaron a este último como primer responsable.
El viernes, cerca de Echegaray, insinuaban que "todo se trataba de una maniobra de inteligencia". "Pero que no se entienda que hay algo con (Héctor) Icazuriaga (el director de la Secretaría de Inteligencia)", confiaban. Ayer estaban un poco más afilados: "Vázquez responde a Paco Larcher (número 2 de Inteligencia). No se entienden las razones por las que está tratando de perjudicar a Ricardo (Echegaray) y al Gobierno en su conjunto", soltaban en medio de conversaciones cargadas de bronca.
Vázquez provoca toda clase de polémicas desde su apellido. Algunos lo escriben con "s"(Vásquez), pero en su último nombramiento oficial, en el Boletín Oficial del 16 de febrero, cuando fue ungido como director de la Regional Sur figura con "z".
"Es peligroso. En mi época hacíamos todo lo posible para alejarlo de las decisiones sensibles", reseña un asesor que estuvo en la AFIP durante la gestión de Alberto Abad (que se fue por un enfrentamiento público con Echegaray, por entonces titular de la Aduana, por la implementación del sistema María, contado en Clarín del 27 de enero de 2008). "Pero es un tipo formado: sabe de normas contables pero también tiene cintura política", admiten hasta los que no lo quieren.
"(Francisco) Larcher le dijo a Echegaray que lo tenía que nombrar", sostienen como defensa del director recaudador. En ese caso, lo llamativo sería que Echegaray -al que describen como muy meticuloso en los detalles y la letra chica, una costumbre que habría adquirido en la Aduana- haya aceptado la situación sin formular las preguntas adecuadas. Todo indica que el mismo líder en el que ambos convergen -Kirchner- dirimirá la contienda.
Un preocupante antecedente en Tucumán
La diputada nacional Nora Castaldo, además de expresar su solidaridad con Clarín por la intimidación de la AFIP recordó que el antecedente más notorio fue, en Tucumán, "el envío en setiembre de 1967 por parte del dictador Onganía de una expedición de agentes fiscales y 50 hombres armados de Coordinación Federal que tomaron por asalto los ingenios con el pretexto de irregularidades contables. El operativo fracasó por la resistencia popular desatada, pero el régimen militar acabó confiscando los ingenios de la CAT en 1970, y luego los remató a precio vil entregándolos a los amigos de la dictadura. La invasión artera de Clarín -apuntó- es una a muestra de lo que el Gobierno se dispone a hacer con la prensa libre si se aprueba el proyecto de radiodifusión".
Los diputados oficialistas intentaran sacar dictamen de comisión el martes
Presión del Gobierno para apurar la ley de medios en el Congreso
Pretende asegurarse el voto de sus aliados con retoques mínimos al proyecto oficial.
Por: Atilio Bleta
El Gobierno presiona a su tropa parlamentaria para que apure el tratamiento de la ley de medios en la Cámara de Diputados. Por ese motivo, la cúpula del bloque K intentará obtener el martes despacho de comisión para estar en condiciones de llevar el debate a votación esta misma semana -hablan de miércoles o jueves-, por medio de una sesión especial que acelere los tiempos
reglamentarios. Otros sectores del oficialismo, en cambio, prefieren debatir el miércoles 23, cumpliendo con el plazo de siete días que deben esperar los despachos.Para comprobar si llegan a tiempo para dictaminar el martes, los negociadores del kirchnerismo se reunirán mañana con los bloques aliados, para tratar de acercar posiciones en torno a los artículos de la ley sobre los cuales aún no hay acuerdo. El oficialismo aceptaría hacer concesiones a cambio de votos, aunque trascendió serán mínimas.
La vicepresidenta de la Cámara, Patricia Vaca Narvaja, el jefe de bloque Agustín Rossi y la secretaria Patricia Fadel son los encargados de pilotear este arreglo. Borrador en mano, se sentarán con los siete radicales K, que lidera la diputada Silvia Vázquez, los cinco diputados de Encuentro Popular y los dos diputados fueguinos (alineados con la gobernadora Fabiana Ríos), que son los sectores que aparecen alineados con el oficialismo.
Además, el kirchnerismo buscará también llegar a acuerdos con el bloque SI, que lidera Eduardo Maccaluse, y que tiene diferencias en torno a la discusión de la ley.
La táctica oficial consiste en avanzar lo máximo posible con la letra fina del proyecto, limar diferencias, en lo que sea posible para conseguir que los aliados se sumen a la firma del dictamen en el plenario de las tres comisiones, previsto para el martes.
El plenario (que se hará el martes a la tarde en el edifico anexo del Congreso) reunirá a 103 diputados pertenecientes a las comisiones de Comunicaciones, Presupuesto y Hacienda y Libertad de Expresión. Según trascendió en el bloque oficial, calculan que podrían llegar a sumar al dictamen de mayoría cerca de 60 diputados, algunos aún firmando en disidencia.
Si el oficialismo consigue dictamen el martes, el sector duro estima que podrá llamar a la sesión especial para el miércoles o jueves y así intentar sancionar la ley esta misma semana.
Para que el debate prospere, el kirchnerismo necesita formar el quórum de 129 diputados. En conversaciones informales que Clarín mantuvo con Rossi y Fadel, las autoridades del bloque oficial se mostraron confiados, al punto que están dispuestos a jugar fuerte y apurar la discusión de la ley, contra la opinión de todos los bloques opositores que vienen reclamando más tiempo de debate, por la importancia y complejidad de este proyecto.
De todos modos, hay diputados del oficialismo como los cinco de Chubut que responden al gobernador Mario das Neves que aún no fijaron posición y que, por lo menos abren un interrogante sobre la chance de llegar con facilidad al quorum. El viernes bloques del radicalismo, el PRO, la Coalición Cívica y el Socialismo se manifestaron en contra de esta iniciativa y lamentaron el apuro oficial. Asimismo, la UCR y el PRO se comprometieron a revisar la ley tras el recambio de diciembre, si llega a ser sancionada.
Telefónicas y pauta oficial
Las mínimas concesiones que la Presidenta autorizó a ofrecer a sus diputados para atraer el voto de sus aliados no alcanzarán para modificar el núcleo duro del proyecto, según revelaron a Clarín fuentes del bloque K.
Por ejemplo, a las compañías telefónicas se les seguirá permitiendo el acceso a los medios y la única condición que le impondrán será que lo hagan a partir de 3 o 4 años después de la reglamentación de la ley.
Las reformas arrojarían, como novedad, la obligación de las emisoras de publicar el porcentaje que reciban de publicidad oficial, tanto nacional como provincial o municipal.
El mercado de la comunicación en la Argentina
De qué hablamos cuando hablamos de monopolio: refutación al argumento preferido del Gobierno
Clarín es el principal grupo de medios. Pero el escenario es plural y competitivo.
Por: Miguel Wiñazki
Los teóricos de la Escuela de Frankfurt, los más lúcidos críticos de los autoritarismos del Siglo XX, concibieron el concepto de "Ticket Thinking". El pensamiento tipo ticket. Una pastilla de pensamiento, o menos aún que eso, un slogan de una sola palabra que suele utilizarse para desacreditar y montar un mito. En ese contexto es necesario analizar la apelación reiterada y poco analizada del concepto de "monopolio".
La imputación se vocifera como si fuera una verdad indiscutible. Es un estigma que se le aplica a Clarín y por carácter transitivo a sus periodistas, imputados tácita o explícitamente de trabajar en un espacio ilimitado, único, imperativo. Es políticamente incorrecto ¿si se ve la realidad con parámetros kirchneristas¿ analizar, examinar y poner en tela de juicio al epíteto, pero cabe hacerlo. Lo más elemental que se vocifera cuando alguien pretende rever el término "monopolio", adherido por el gobierno a Clarín, es la burda falacia 'ad hominem': "quienes refutan analíticamente la imputación, dependen del monopolio", dijo Julio Piumato, dando por cerrada cualquier posibilidad de diálogo respecto del tema.
Lo importante es debatir la cuestión y determinar si la acusación es fundada o infundada. Cuando el ministro Aníbal Fernández quiso despegar al gobierno del intimidante megaoperativo de la AFIP, dijo literalmente: "el monopolio Clarín no tiene coronita". Obviamente no tiene coronita. Pero ¿por qué un ministro da por cierta una caracterización sin dudas discutible? Es una etiqueta fomentada por los altos mandos del oficialismo, que suele aparecer en boca de militantes o funcionarios de segunda línea que siguen al pie de la letra libretos escritos en Olivos.
Según la teoría económica se denomina monopolio a un mercado en el cual hay un solo oferente del producto o servicio en cuestión. El Grupo Clarín es el principal grupo de medios de comunicación de la Argentina. No es el único oferente de la información en el país. Está lejos de ser un monopolio.
La Argentina tiene la mayor oferta mediática de América Latina y con una de las más diversas a nivel internacional. Medios que pertenecen a distintos propietarios configuran un escenario plural y competitivo en cada segmento.
En prensa gráfica, Clarín es uno de los trece diarios nacionales pagos de información general que se editan en la ciudad de Buenos Aires. Allí compite en los quioscos con La Nación, La Prensa, Diario Popular, Crónica, Página/12, Crítica de la Argentina, Bae, Buenos Aires Herald, El Cronista, Ambito Financiero, Perfil y Miradas al Sur. En el país compite con más de 200 diarios regionales y locales que son voces de referencia en su zona, donde los diarios nacionales tienen una inserción comparativamente muy baja.
En televisión abierta, el Grupo es licenciatario, a través de Artear, de uno de los cinco canales de la Ciudad de Buenos Aires. Ganó por concurso la licitación de Canal 13 en 1990 (también obtuvo el primer puesto en el concurso por Canal 11, pero optó por el 13). La oferta de TV abierta en Buenos Aires es similar a la de las principales ciudades del mundo (entre 4 y 6 canales). Donde hay falencias es en el interior del país: sólo 7 ciudades tienen más de un canal abierto.
En radio, el panorama es más atomizado y diverso. Mientras en la ciudad de Nueva York y alrededores ¿el principal mercado publicitario del mundo¿ funcionan 165 radios en total, en el área metropolitana de Buenos Aires suman 550, entre radios legales, radios con permiso precario y radios ilegales. De todas esas, Clarín participa en una AM (Mitre) y su correspondiente FM (La 100). Aunque varios no lo respetan, el marco jurídico establece ese límite por jurisdicción.
La cuestión de los canales de noticias por cable es un fenómeno aún más singular. La Argentina cuenta con 5 señales informativas nacionales, todas de dueños diferentes (Crónica TV, América 24, C5N, Canal 26 y TodoNoticias). Una de ellas, TN, es de Clarín. No hay otro país en el mundo, salvo Estados Unidos, con una diversidad de oferta semejante.
En Internet es imposible la existencia de los monopolios. Cualquier persona puede distribuir contenidos.
En el mercado de la televisión paga, Clarín invirtió desde 1993 en la conformación de una red de cable que hoy encabeza Cablevisión, en un espacio sin concesiones públicas exclusivas, ni tarifas subsidiadas. Hoy la TV por cable es generada por más de 700 operadores. Cablevisión es el principal, con el 47% de participación. Compite con otras opciones, tanto en cable como en satélite (DTH). Conformó la primera red regional, alternativa a las grandes telefónicas globales. Así se logró, por ejemplo, una amplia competencia en Internet por banda ancha, donde el cablemodem actuó como dinamizador, alcanzando el 28% de las conexiones argentinas.
El proyecto de ley de medios del oficialismo restringirá esta competencia al ponerle límites a los cables, mientras que las grandes telefónicas, que facturan globalmente 70 veces más que el mayor cable argentino, no tienen tope alguno en sus mercados y poseen más del 95% de participación en sus territorios.
Pero hay más. Se pretende licenciar desde el gobierno a los productores audiovisuales, que generan trabajo y pluralismo. Y ponerles estrictos límites que no existen en otros países, ya que las señales audiovisuales no utilizan espectro radioeléctrico. Tampoco se respetan las licencias vigentes. Se busca desapoderar a determinados grupos legalmente establecidos y hacer una ley a medida de otros que serán los beneficiarios.
Hay otro aspecto de la cuestión que es esencial. Clarín no tiene el monopolio de la audiencia. El diario tiene el aproximadamente 31% de la audiencia de medios escritos. Radio Mitre, un 23% de la audiencia radial porteña. Está segunda en el ránking detrás de Radio 10, que tiene el 34%.
Canal 13 tiene un 28% de la audiencia o share, detrás de Telefé (que es propiedad de Telefónica), que tiene un 39%. En el campo de las transportadoras de TV por cable, el Grupo Clarín un 47% de participación. Sus señales transportan contenidos diversos y plurales, dentro de los cuales los de producción propia no alcanzan el 10%. En los Estados Unidos, el límite para el transporte de contenidos de generación propia es del 40%.
La afirmación de que la opinión pública es manipulada y construida por Clarín, no arraiga en ninguna investigación ni evidencia. Además, la teoría de la aguja hipodérmica que presuponía que los medios inyectan con éxito en la gente un modo de pensar y de opinar fue abandonada hace 40 años por la teoría de la comunicación.
Eventualmente hay otros pecados que los medios suelen perpetrar: el sometimiento a la "noticia deseada", la subordinación de la línea editorial a la ideología dominante de las audiencias. Eso implica una prioridad de la audiencia en la construcción de las noticias y no a la inversa.
Lo que sí existe, es la pretensión estatal de monopolizar la información. Urge discutir un sistema de garantías legales que limite las posibilidades de los gobiernos, de colonizar el campo periodístico con una única voz para silenciar a todo el resto.
A 35 años del levantamiento de "Almorzando con Mirtha Legrand" por razones políticas
Aquel intento de modificar la realidad eliminando programas de televisión. En 1974 el gobierno de Isabel Perón estatizó los canales de TV. Pero no hubo un salto cultural.
Por: Carlos Sacchetto
Ese día, "Almorzando con Mirtha Legrand", que se emitía por un Canal 13 en manos del Estado al igual que las otras emisoras de TV, contaba con la presencia de dos estrellas en ascenso. La joven
Soledad Silveyra y el talentoso Antonio Gasalla. Ambos criticaron el levantamiento de algunos programas y afirmaron que en ese momento se estaba haciendo "una televisión partidista". La conductora preguntó: "¿Quiere decir que en la TV únicamente trabajan los peronistas?" Los comensales dijeron que sí.Pocos días después, el 13 de setiembre de 1974, hace exactamente 35 años, la intervención del canal a cargo del periodista Omar Gómez Sánchez ordenó sacar de la pantalla el programa "Almorzando con Mirtha Legrand. La oficina de prensa de la emisora, en un breve comunicado, señaló que "la decisión asumida por la intervención de esta empresa se basa en la necesidad de remover en su área específica aquellos elementos culturales que no corresponden al proceso de Unidad y Reconstrucción Nacional en que se hallan comprometidos el actual gobierno y las principales fuerzas del país".
Si bien aquel cuestionamiento a la necesidad de adherir políticamente al gobierno para poder trabajar en la TV fue el detonante de la decisión oficial, el programa de los almuerzos era curiosamente, objetado por igual desde los extremos ideológicos del peronismo. Muchos, desde la derecha lopezreguista y la izquierda montonera, consideraban que exhibir una mesa lujosa y comer por televisión mientras otros argentinos pasaban hambre era, además de una frivolidad, una impudicia. Quizás creían que eliminando esas imágenes la realidad sería menos dura.
Eran tiempos en los que la violencia política, como la nube que tapa el sol, oscurecía una democracia endeble, que se desangraba con vértigo, jaqueada por los enfrentamientos de facciones internas en el peronismo gobernante. La mayoría de los argentinos contemplaba, con espanto, una sucesión interminable de muertes absurdas. Reconstruir la paz era un sueño inalcanzable para la mayoría de la sociedad porque los protagonistas de las luchas por el poder ni siquiera se lo planteaban.
El presidente Juan Domingo Perón había muerto el 1° de julio de 1974, y además del trauma que provocó en el movimiento la pérdida del viejo líder, se agudizaron las contradicciones en el propio gobierno, que a la vez enfrentaba a las organizaciones armadas ya en la clandestinidad. Isabel
Perón había quedado a cargo del Ejecutivo y la tenebrosa figura de José López Rega, responsable de los asesinatos de la ultraderechista Triple A, concentraba cada vez más poder.En ese marco de convulsión y de transiciones sin destino claro, a los 30 días de la muerte de Perón, el gobierno puso en vigencia el decreto 1761/7 del 8 de octubre de 1973, por el cual se declaraban vencidas las licencias de televisión en poder de las empresas que explotaban los canales de televisión 9, 11 y 13 en la Capital Federal, 7 de Mendoza y 8 de Mar del Plata.
Esas licencias habían sido acordadas por el término de quince años, y estando vencido ese plazo, el Poder Ejecutivo Nacional resolvió reasumir la prestación del servicio público de televisión que antes había concedido.
El gobierno de Isabel justificó la medida en que "el Estado Nacional Argentino, en ejercicio de un acto de plena afirmación de su soberanía, ha recuperado un elemento vital para la formación cultural de los argentinos y para el mantenimiento de los valores espirituales que constituyen nuestra nacionalidad. La imagen y el sonido se ponen al servicio de la tarea histórica de la liberación y reconstrucción nacional".
Al poner en funciones a los interventores en los canales, el secretario de Prensa y Difusión Emilio Abras definió los objetivos que se proponía el gobierno: "Lo que se procura es alcanzar una programación de alta jerarquía cultural y educativa, sin descuidar por ello las audiciones de entretenimiento y los servicios periodísticos que se mantendrán e incrementarán, siempre dentro de una línea de preponderante jerarquización y creatividad".
Cuenta el periodista Pablo Sirvén en su libro sobre la televisión argentina "Quién te ha visto y quien te TV", que en ese año las programaciones no cambiaron radicalmente. "Se programaron algunos especiales de jerarquía y se repitieron con más intensidad películas y tapes ya vistos. Los ciclos culturales prometidos no aparecieron, ni tampoco se reforzó la producción local, en tanto caía a pique la publicidad comercial". En cambio, comenzó el levantamiento de programas y las persecuciones a opositores, que se agravarían luego con la posterior dictadura militar.
Una garantía para la libertad
Al estatizarse en 1974 los canales de TV, el secretario de Prensa y Difusión Emilio Abras declaraba al diario Mayoría que para él "lo más lamentable es que algunos presuman en la estatización agravios a la libertad de expresión". Y agregaba: "Lo cierto es que la televisión estatizada reflejará tanta libertad de expresión como la que nadie, absolutamente nadie, puede negar que existe para los diarios".
Tampoco nadie pudo reclamarle nada al funcionario porque tras unas semanas, y a instancias de José López Rega, fue reemplazado por José María Villone, un hombre más funcional al gobierno.
Dibujo: Pablo Temes
Fuente: Diario Clarín
