El proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que, a instancias del Poder Ejecutivo, debate en estos días la Cámara de Diputados de la Nación, pretende reemplazar la ley N° 22.285, dictada en 1980, durante la última dictadura militar.
En los 26 años de democracia ininterrumpida
que lleva el país, naufragaron ya casi un centenar de iniciativas similares tendientes a actualizar en forma integral esa norma, aunque se le introdujeron más de 140 cambios para ir adecuándola a los tiempos.Pocos cuestionan que el debate sobre el sistema de medios asoma como insoslayable, aunque está claro que el contenido –y también la oportunidad– de la discusión en marcha agita intereses económicos y políticos encontrados.
El Gobierno nacional dice que viene a saldar una deuda de la democracia y a facilitar la aparición de "nuevas voces" en el proceso de la comunicación.
En cambio, las empresas periodísticas y buena parte de la oposición política ven en el proyecto oficial una avanzada contra la libertad de prensa y una embestida del kirchnerismo contra el Grupo Clarín, pero con consecuencias sobre la gran mayoría de los medios privados.
La profundidad de este enfrentamiento se advirtió el jueves último, cuando más de 250 inspectores de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) desembarcaron en forma aparatosa en la sede de la corporación de medios, en un confuso operativo que luego fue desautorizado por el propio director general del organismo, el kirchnerista Ricardo Echegaray.
Empresarios y políticos opositores también advierten sobre el acceso al mercado audiovisual de las empresas de servicios, en particular las telefónicas, ya que éstas tienen una posición por demás ventajosa frente a los actuales actores del negocio, que se verán forzados a resignar posiciones.
La médula del proyecto oficial surge de los famosos "21 puntos" que desde 2004 redactaron las organizaciones sociales que integraban la Coalición por una Radiodifusión Comunitaria.
Sin embargo, las empresas periodísticas vinculan el derrotero posterior de esa iniciativa con la conflictiva relación del Gobierno con la prensa, que incluyó ataques verbales a periodistas y medios y hasta algunos hechos de violencia directa.
Recuerdan, por caso, que la idea se conoció en mayo de 2008, como respuesta a las coberturas de los medios no adictos sobre temas como el escándalo Skanska, las valijas con dólares que introdujo ilegalmente al país el venezolano Guido Antonini Wilson y hasta el conflicto con el campo.
El proyecto se reactualizó luego de que el oficialismo perdiera las elecciones legislativas del pasado 28 de junio, con la pretensión de aprobarlo de apuro, antes del 10 de diciembre. Es decir, antes de perder la mayoría propia en el Congreso, cuando asuman los legisladores electos.
El reparto de la torta. El punto medular del proyecto oficial sostiene la necesidad de limitar la concentración de medios audiovisuales en pocas manos, para revertir el proceso inverso que se dio en la década de 1990, cuando las reformas a la ley N° 22.285 promovidas por la administración del entonces presidente Carlos Menem facilitaron la compra de medios audiovisuales por parte de grupos económicos, como Clarín, Telefónica (Telefé), Hadad (Radio 10) y Vila-Manzano (hoy Grupo Uno).
En esa línea van varios artículos que proponen impedir a los dueños de canales de aire ser al mismo tiempo propietarios de cable; poner límite a los cables para que no operen en más de 24 localidades e impedirles que tengan más del 35 por ciento del total nacional de abonados.
Del mismo modo, la iniciativa divide en tres partes iguales (para empresas, el propio Estado y organizaciones no gubernamentales) el reparto del espectro radioeléctrico, hoy mayoritariamente con orientación privada-comercial.
Desde lo cuantitativo, la norma en debate fija como tope que las empresas pueden tener hasta 10 licencias de radio y televisión (14 menos que el límite actual) y en ningún caso llegar a una audiencia nacional que supere el 35 por ciento del total de habitantes.
Sistema a medida. Ese enfoque es tachado de "intervencionista" por las empresas periodísticas, que acusan al Gobierno de perfilar un sistema de medios "a su medida".
Cuestionan, entre otras cosas, que las restricciones a la TV por cable no existen en ningún lugar del mundo (ya que ésta no hace uso del espectro radioeléctrico); que se potencia el sistema de medios públicos sin establecer ningún tipo de regulación sobre la pauta publicitaria estatal, y que la embestida contra medios privados abre la puerta para que sean comprados a precio vil por otras empresas, algunas quizá cercanas al actual poder político.
En este último punto, la desconfianza tiene nombre propio: las empresas telefónicas y su futuro desembarco en el espectro audiovisual, que hoy les está vedado por la legislación vigente.
Ese horizonte asoma a corto plazo, ya que –de aprobarse el proyecto– los actuales grupos mediáticos tendrán sólo un año para desprenderse de aquellas señales que les generen incompatibilidades. Además, estando obligados a vender, nadie imagina que lo puedan hacer a precios convenientes.
Grupos privados alegan que el proyecto favorece a monopolios de hecho y de derecho, como las cooperativas prestadoras de servicios de gas, agua o electricidad –hoy excluidas por conflicto de intereses–, que podrían dar servicios de cable aprovechando su envergadura económica y los subsidios cruzados, y controlar una fuente de información en su beneficio.
Discrecionalidad. Otro punto polémico del proyecto es que el otorgamiento de licencias de TV y radio quedaría sujeto a una "verificación" sobre si la empresa solicitante es parte de un grupo económico y cuál es su actividad comercial en general, lo que otorgaría cierta "discrecionalidad" al gobierno de turno.
Se da la paradoja de que, mientras a los medios ya existentes se los obligaría a tener un objeto único de acción (la comunicación), a las empresas de servicios públicos se les amplía el ámbito de acción, justamente para que puedan operar medios.
También genera reparos el hecho de que el órgano de aplicación, en caso de sancionarse la ley, sería manejado por el gobierno de turno.
Para las empresas, ello puede significar una gran puerta de acceso al control político de la titularidad de frecuencias y contenidos periodísticos.
No obstante, desde el Ejecutivo se deslizó que este punto podría ser modificado para intentar consensos.
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (AdEPA) resumió las críticas en una reciente solicitada en la que advirtió que "en un futuro ordenamiento legal es imperioso resguardar principios constitucionales básicos, como la no intervención directa o indirecta en contenidos periodísticos; el respeto a la seguridad jurídica y la no retroactividad; la preservación de la diversidad y legalidad de los medios actuales; y la no discrecionalidad en la autoridad de aplicación".
Quizá una buena síntesis de la puja abierta quede reflejada en una reciente reflexión del presidente de la Comisión Episcopal de Comunicación Social, el arzobispo Agustín Radrizzani, cuando advirtió: "Es tan importante cuidar que la economía no maneje la política de las comunicaciones, como cuidar que la política no busque intereses ideológicos ni económicos en la utilización de los medios de comunicación".
El esquema en discusión
Regulados. El proyecto en debate alcanza a todos los servicios de comunicación audiovisual, independientemente del soporte técnico utilizado para su transmisión.
Reparto de licencias. Sería proporcional, por tercios, para tres estamentos diferenciados: firmas comerciales-privadas, medios estatales y asociaciones, fundaciones, mutuales y sindicatos.
Concentración de medios. Se la limita fuertemente y por varias vías, tendiente a desarmar "los actuales oligopolios". Una persona física o jurídica sólo podría tener 10 licencias de servicios abiertos de radio y TV (hoy se permiten hasta 24). En la TV por cable, las licencias estarían limitadas en número (no más de 24 localidades a la vez) y cuotas de mercado (no más del 35 por ciento). Además, no se podría ser titular de televisión por aire y por cable a la vez.
En ningún caso, la suma del total de licencias en la misma área primaria del servicio podrá exceder, según el proyecto, de tres licencias (hoy es cuatro el límite) más una señal de TV por cable (hoy no regulado). El detalle sería hasta una licencia de AM, hasta dos licencias de FM en tanto existan ocho licencias en esa jurisdicción, y hasta una licencia de TV por cable o un canal de TV abierta.
Plazo de licencias. Se plantea que las licencias duren 10 años, prorrogables por otros 10, previa realización de audiencias públicas. Hoy duran 15, con prórrogas de 10, a criterio del Ejecutivo. Los actuales titulares legales, que ya hayan obtenido renovación o prórroga, no podrían solicitar una nueva extensión.
Jugadores. Podrían entrar al mercado audiovisual los titulares de servicios públicos, en particular las telefónicas y cooperativas, aprovechando el denominado "triple play" (brindar en simultáneo Internet, telefonía y televisión por cable).
Ventas. Si el proyecto es aprobado, los grupos que incurrieran en incompatibilidades por poseer más medios que los permitidos tendrían un año para optar con cuáles se quedarán. De tal modo, decenas de canales y radios saldrían a la venta en poco tiempo, a precios sustancialmente menores a los de mercado.
Autoridad de aplicación. Hoy es el Comité Federal de Radiodifusión (ComFeR), a través de un interventor. El proyecto de nueva ley establece una autoridad federal integrada por cinco miembros designados por el Poder Ejecutivo, dos de ellos propuestos por una nueva comisión bicameral que, a su vez, controlaría el desempeño de la autoridad de aplicación. Está prevista la participación de segundas y terceras minorías parlamentarias. La oposición y los medios critican que el Gobierno tendrá margen para actuar con discrecionalidad.
Los grandes del negocio
Grupo Clarín. Posee cuatro canales de aire (13, de la ciudad de Buenos Aires; 12, de Córdoba; 7, de Bahía Blanca, y 6, de Bariloche), cinco radios (Mitre Buenos Aires, Mitre Córdoba, Mitre Mendoza, FM 100 y FM 100 Córdoba), cuatro señales de cable (TyC Sports, TN, Volver y Magazine) y dos distribuidoras de cable (Multicanal y Cablevisión), cuya fusión acaba de rechazar el Comité Federal de Radiodifusión (ComFeR).
Grupo Hadad. Además del canal C5N, posee Radio 10 y las FM La Mega, Pop, Vale y TKM.
Grupo Telefónica. Maneja nueve canales: Telefé, de la Capital Federal; 9, de Bahía Blanca; 8, de Mar del Plata; 5, de Rosario; 7, de Neuquén; 8, de Tucumán; 13, de Santa Fe; 11, de Salta, y 8, de Córdoba.
Grupo Vila-Manzano-De Narváez. Tiene un canal de cable (América 24) y cuatro de aire (6, de Mendoza; América TV; 7, de Mendoza, y 10, de Junín), además de la empresa de TV por cable Supercanal. Concentra 13 licencias de radio, siete de ellas AM (La Red; Gualeguaychú; Victoria; Nihuil; Rosario Difusión SA; Voces SA y Del Litoral) y el resto FM (Brava, Ayer, Latinos, Montecristo, Estación del Siglo y Meridiano).
Grupo Prisa. Nuclea a Radio Continental, de la Capital Federal, y a las FM 101.1, de Mar del Plata; 104.3; Los 40 Principales y 104.7, de Pinamar.
Cadena 3. Agrupa a la radio AM Córdoba (LV3) y un conglomerado de FM integrado por Radio 3 (106.9), 100.5, Popular, Cadena 3 Mendoza, 99.1 (Buenos Aires), 106.1 (Ushuaia), 99.5 (Bariloche), 106.1 (Río Gallegos), 90.7 (Río Cuarto), 100.1 (Neuquén), 102.5 (San Luis) y 98.5 (San Juan).
Dudas sobre Canal Doce, Teleocho y Cadena 3
En la hipótesis de que el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual sea aprobado tal como lo impulsa el Gobierno nacional, el mapa mediático de Córdoba registrará fuertes cambios en la titularidad de licencias, al punto que dos de los tres canales de aire de la ciudad de Córdoba podrían llegar a cambiar de dueños.
En el caso del Grupo Clarín, dado las limitaciones que regirían para ser licenciatario de servicios de aire y cable al mismo tiempo, la empresa podría verse obligada a optar –por ejemplo– entre quedarse con Canal Doce o con Cablevisión o Multicanal. También habría restricciones para emitir “en dúplex” entre emisoras AM y FM.
Por su parte, si –como se especula– el Grupo Telefé (Telefónica) aprovecha una eventual nueva ley para ofrecer a sus clientes triple play (Internet, telefonía y TV cable en un solo abono), en Córdoba debería desprenderse de Teleocho, para no caer en la incompatibilidad que prevé el proyecto en discusión en el Congreso.
También vería sustancialmente alterada su estructura Cadena 3, que cimenta su llegada nacional en una veintena de emisoras esparcidas por todo el país (una docena de licencias propias y acuerdos con estaciones locales), mientras que el proyecto de nueva ley fija un máximo de 10 emisoras por licenciatario.
El golpe mayor a este grupo estaría dado por la imposición de que la programación de las emisoras tenga un 70 por ciento de contenidos locales y la prohibición de emitir publicidad en las programaciones en red, lo que en la práctica anularía la mecánica con la que trabaja Cadena 3. En otros términos, debería volver a los viejos tiempos en que sólo era LV3.
“A nadie se le ocurriría que para que (el diario) La Nación circule en Córdoba tenga que tener 70 por ciento de noticias locales”, comparó Carlos Molina, director de Cadena 3 al cuestionar la redacción de la iniciativa oficial.
Grave daño a la libertad de expresión
Por: Gregorio Badeni
El proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual enviado por el Gobierno nacional al Congreso tiene varias falencias sumamente graves.
La más grave de todas es que contradice la norma vigente, en su intento de regular los contenidos de emisiones radiales y de televisión.
Eso es totalmente inviable, ya que entra en contradicción con el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica y lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Esa legislación internacional establece restricciones para las intervenciones directas en los medios gráficos, que se puedan materializar como un riesgo para la libertad de expresión.
Otro tanto se debe contemplar para las emisiones de radio y televisión.
Así como no se puede intervenir sobre los contenidos de un diario, tampoco se puede intervenir en los contenidos de las emisiones de radio y televisión. De hacerlo, se estaría provocando un grave daño para la libertad de expresión.
Otro aspecto negativo, consecuencia del primero, es el manejo de las frecuencias de radio y televisión. Éstas son propiedad del Estado internacional.
Y en este proyecto en discusión se da al Estado nacional la posibilidad no sólo de administrar sino de explotar un tercio de las frecuencias.
Ser administrador de una frecuencia no da derecho a explotarla. Se debería llamar a licitación para competir con operadores privados.
El debate no se debe postergar
Por: Cecilia Merchán, Diputada nacional Movimiento Libres del Sur
Tenemos la oportunidad histórica, luego de 25 años, de construir el consenso para que una amplia mayoría de legisladores democraticemos la comunicación en la Argentina. Necesitamos una ley que termine con los monopolios de la comunicación.
El actual decreto-ley de la última dictadura, reformado por el menemismo, ha permitido esta gran concentración mediática que hoy padecemos. Es necesario tener un sistema federal de medios que reemplace al actual, el que reproduce a través de cuatro grandes grupos lo que pasa en la Capital Federal hacia todo el país.
Quienes quieren trabar su tratamiento para que no se vote nunca no pueden negar el amplio proceso de participación ciudadana que se está desarrollando. El debate no se puede postergar más. Ya llevamos cinco años debatiendo quienes conformamos la Coalición por una Radiodifusión Democrática. Hubo gran cantidad de proyectos presentados. Los debates parlamentarios quedaron truncos por las presiones de los grandes grupos mediáticos.
Éste es un proyecto que toma el espíritu de los 21 puntos básicos por el derecho a la comunicación. Que incorpora la defensa de los derechos de mujeres, de niñas, niños y adolescentes y pueblos originarios. No obstante, los aportes que nuestro bloque hizo al proyecto oficial mejoran sustancialmente al mismo. Entre estos sobresale el impedimento para que las telefónicas ocupen un espacio dominante en el mercado audiovisual.
En la medida en que el proyecto definitivo no privilegie sectores de poder, no vemos ninguna razón para que el espacio popular y progresista no apruebe una ley fundamental para la democracia.
Se abre la puerta a la discrecionalidad
Por: Heriberto Martínez, Diputado nacional UCR
Estamos ante un proyecto que, más allá de la forma de su tratamiento (sumarísima y admitiendo sólo cambios inocuos con el fin de sumar votos para su sanción), adolece de sistematización y carece de líneas conceptuales claras, lo que facilita la discrecionalidad a la hora de su aplicación.
Abre la puerta a la incertidumbre y la presión y afecta seriamente la garantía del derecho constitucional de libertad de expresión, por cuanto no se asegura la independencia orgánica y funcional de la autoridad de aplicación; no respeta los derechos adquiridos de los licenciatarios de radio y televisión que se encuentran operando; modifica las reglas de juego y propone una revisión cada dos años de las reglas establecidas, lo que impide cualquier planificación de inversiones genuinas.
Por otra parte, el proyecto oficial restringe la producción de señales y la transmisión en cadena y no contempla pautas claras que eviten la discrecionalidad en la asignación de los fondos públicos (pauta publicitaria oficial).
El proyecto en debate, lejos de ser federal, es unitario y concentrador. En más de un caso, la atribución de asignación de frecuencias o habilitaciones queda reservada al Poder Ejecutivo, ni siquiera a la autoridad de aplicación.
Debería darse un régimen federal con atribuciones a las provincias y municipios para constituirse en autoridades de aplicación con facultades para otorgar licencias y regular el funcionamiento local y regional. Y reservar al orden nacional la legislación marco de regulación y el mercado mayorista de las telecomunicaciones, incluyendo en él los audiovisuales y regulando la adquisición y entrega de señales satelitales.
No perder una oportunidad histórica
Por: Luis Alberto Quevedo
Especialista en medios de comunicación. Investigador de Flacso. Profesor de la UBA
Comparto muchos puntos que están incorporados en el proyecto de ley que propone el Ejecutivo. Allí se garantiza un acceso más equitativo a las licencias de medios, se transparenta el otorgamiento de licencias y autorizaciones, se pone límites a la concentración y la integración de medios, se garantiza la protección de contenidos, se defiende la producción audiovisual nacional (como lo hace Europa ante la poderosa industria norteamericana), se garantiza diversidad y pluralidad de voces, se abre un espacio para las organizaciones sin fines de lucro y se propone la participación ciudadana en el órgano de control, entre otros beneficios.
Estas propuestas apuntan a democratizar la comunicación y garantizar la pluralidad de voces, como imponer restricciones a los monopolios. Sin embargo, hay puntos que la sociedad y el parlamento deben debatir más. El ingreso de las empresas telefónicas es tan inevitable como riesgoso: puede producir otros monopolios y desbalancear los propósitos de equidad en el acceso que contiene el proyecto. Por otra parte, los órganos de control deben garantizar el mismo pluralismo en su integración y transparencia en sus acciones, lo que no está garantizado en los términos que propone el proyecto. Si un tercio de los titulares de licencias serán organizaciones sin fines de lucro, es estratégico definir a qué se llama ONG: allí pueden colarse distorsiones. Estos puntos merecen más debate y consensos.
Ninguna ley es más injusta, arbitraria y discrecional que la que está en vigencia. Dilatar el debate significaría la peor solución. Así se perdería –otra vez– una oportunidad de redistribuir en forma justa, transparente y democrática el acceso y la producción de los bienes simbólicos que circulan en los medios.
Fuente: La Voz del Interior
