Por: Stella Hernández*
Llegó por fin el tiempo de saldar una de las más bochornosas deudas de la democracia para con todos los habitantes de este país. La media sanción del proyecto de ley de Medios
audiovisuales votada por en la Cámara de Diputados el 17 de setiembre pasado marca un hito histórico en la larga lucha por la democratización de la comunicación.Es que la norma tiene la virtud de poner al descubierto las facetas más siniestras de la concentración de los medios de comunicación.
Nunca antes hemos presenciado el nivel de violencia esgrimido por las patronales mediáticas concentradas contra una ley y contra quienes han sostenido con honestidad intelectual y valentía en el voto la necesidad de regular el espacio radioeléctrico y democratizar la palabra.
Vemos con espanto la manipulación de conceptos como libertad de expresión cuando en realidad lo que se defiende es libertad de negocios y de manera irrestricta, ilimitada. Han sido los monopolios surgidos en la década del menemismo los que han suprimido voces, haciendo invisible todo lo que pudiera poner en riesgo el poder del establishment que ha sido el sostén de un modelo económico injusto.
Con la apropiación de los medios por parte de los grupos económicos se cerró un circuito perverso de poder que ha permitido influir y presionar al Estado y sus instituciones, a la política, a la economía, con el único fin de retroalimentar sus cadenas de lucro.
Debemos, ante la deliberada confusión sembrada, contestar a quienes repiten el libreto de algunos patrones mediáticos y ponen tachaduras a la ley sin sustento, con argumentos falsos, y con la evidencia de que la mayoría de sus detractores ni siquiera leyó el proyecto.
■ La ley regula el espacio radioeléctrico. Y es una obligación del Estado, porque hablamos de un bien finito que hay que administrar para que haya la mayor diversidad posible y no quede en los grupos con más capacidad económica el dominio de, nada menos, que la palabra.
■ Es política de Estado distribuir de manera plural, diversa y federal las licencias que son patrimonio de todos y no de cuatro grupos que se arrogan el poder de marcar la agenda diaria de la comunicación en nuestro país.
■ Como señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos: “Dada la importancia de la libertad de expresión en una sociedad democrática y la responsabilidad que entraña para los medios de comunicación social y para quienes ejercen profesionalmente esas labores, el Estado debe minimizar las restricciones a la información y equilibrar la participación de las distintas corrientes en el debate público, impulsando el pluralismo informativo. En estos términos se puede explicar la protección de los derechos humanos de quien enfrenta el poder de los medios”.
■ La ley multiplica las voces al permitir el acceso a las licencias de las organizaciones sin fines de lucro con una reserva del 33 por ciento del espectro. Esto derrumba la prohibición de la dictadura que vulneró los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas de la Argentina a quienes nos impidió acceder a los medios audiovisuales por no tener fines comerciales.
■ La ley no afecta los contenidos ni las líneas editoriales de los medios, simplemente se podrá conocer quiénes son los licenciatarios.
Habrá un registro público de licencias y autorizaciones con los datos para identificar al licenciatario, sus socios, las cuotas de publicidad que reciben, entre otros datos. Situación que en la actualidad es muy difícil de desentrañar ya que existen sociedades radicadas en el exterior y transferencias al menos dudosas.
■ La ley es antimonopólica. Es falso que vayan a desaparecer señales, lo que no podrá es mantener varias señales de TV, como hasta ahora, en manos de un mismo grupo porque eso es monopolio y posición dominante del mercado. Se sumarán más señales para que todos podamos informarnos e informar con pluralidad.
Sin embargo, los televidentes y los oyentes de las radios están siendo bombardeados con falsas consignas y alarmistas anuncios sobre prohibiciones que vendrían con la ley.
La ley también considera al derecho a la comunicación como un derecho humano y a la radiodifusión como un bien público; tiene un consejo asesor del audiovisual y la infancia destinado a la protección de niños, niñas y adolescentes; un defensor del público; una comisión bicameral de seguimiento de la ley; representación de minorías parlamentarias en la autoridad de aplicación; un consejo federal integrado por representantes de todas las provincias, de las universidades nacionales, de los prestadores con fines de lucro y de los sin fines de lucro, de los medios públicos, de los pueblos originarios y de los trabajadores de la comunicación; tarifa social en los cables y un porcentaje de los gravámenes que tributarán los titulares de las licencias se destinará para proyectos especiales de comunicación y apoyo a medios comunitarios.
¿Esto es atentar contra la libertad de expresión como dicen a coro los grandes dueños y los dirigentes de la derecha política?
La verdad es que lo que buscan es que no haya ley de medios, por eso recurren a la banalización del debate con enunciados que ni siquiera llegan a esa categoría. Y si algo conspira contra la libertad de expresión
es la discrecionalidad política y empresaria ante la falta de regulación.
Para más ejemplo del comportamiento de los supuestos defensores de la libertad de expresión estamos los trabajadores de prensa, quienes sufrimos en carne propia el poder de los grandes medios.
La concentración económica de los medios de comunicación trajo precarización, despidos, retiros inducidos, multiplicidad de funciones.
De qué libertad hablan ahora estos señores cuando no dejan a sus periodistas opinar libremente. Sólo se puede hablar en contra de la ley, sólo tienen pantalla, micrófono o gráfica quienes se oponen a la ley. Y la sanción que aplican a todo el que apoya la ley es vergonzosa. Da náuseas ver las tapas de los diarios con una manipulación que pone al desnudo la verdadera batalla que se libra.
Esta batalla dispuesta por los medios tiene un solo fin: perpetuar el negocio de los medios concentrados.
Como si no les bastara, amenazan a los trabajadores de prensa con un porvenir sin trabajo, cuando con sólo leer algunos artículos de la ley como las cuotas de programación local, por ilustrar con un ejemplo, se deduce que serán necesarios más puestos laborales para periodistas, locutores, operadores, camarógrafos, productores y artistas.
Sabemos ante tamaño poder de fuego de los medios concentrados que sólo el pueblo, la sociedad civil, sus organizaciones libres, podrán garantizar que la democracia se resignifique con una ley de Medios audiovisuales que incluya todas las voces.
Este debate lleva un retraso de 26 años, por eso todos quienes integramos la Coalición por una Radiodifusión Democrática, autora de los 21 puntos que dan fundamento al proyecto, celebramos la media sanción que votó la Cámara de Diputados y aguardamos con esperanza la votación en el Senado de la Nación.
*Sindicato de Prensa Rosario
