"En estas condiciones precarias, impugnamos el proceso. Hay una nulidad impropia que inhabilita el debate. Se ha
cometido una serie de irregularidades, por lo tanto, vamos a estar en el debate, vamos a cuestionar el proyecto, pero no vamos a estar en el momento en el que el oficialismo pretenda que sea votado", aseguró el titular del bloque radical, Oscar Aguad.
Federico Pinedo, jefe del bloque Pro en Diputados, fue aún más duro. "Los dictámenes se presentaron a las 12 de la noche. No tuvimos tiempo de leer ni de redactar el propio. Hemos decidido no participar del debate y consideramos que no es una sesión válida de la Cámara; son manifestaciones de diputados en el recinto. Este debate está inhabilitado", sentenció.
Los 31 diputados peronistas disidentes comunicaron su decisión de no "avalar con su voto ni con su presencia la votación del día de la fecha, por considerar que el procedimiento está viciado de nulidad y en consecuencia viola el reglamento de la Cámara, impidiendo el conocimiento de su contenido no sólo a los legisladores, sino también a los propios medios de comunicación y a la opinión pública en general".
Legitimidad en duda. No bien comenzó la discusión, legisladores de la oposición pusieron en duda la legitimidad de la sesión. Argumentaron que, por tratarse de una sesión especial, el debate debió haber comenzado, a lo sumo, media hora más tarde del horario en el que había sido convocada. Prevista para las 10, la sesión arrancó cerca de las 11.30.
"Esta sesión especial es ilegitima. Esta cámara se constituyó fuera del tiempo dispuesto por el reglamento que indica que, pasada media hora del horario original, la discusión puede darse pero no tiene efectos legales. Estamos discutiendo uno de los pilares de la democracia en una sesión ilegítima", planteó Aguad.
En la misma línea, Pinedo, aseguró: "Una vez más se pasó por encima del reglamento".
Las discusiones estuvieron dominadas por acusaciones y advertencias. Como se preveía, la composición de la autoridad de aplicación de la ley se convirtió en uno de los ejes de la ríspida discusión en el recinto. Es uno de los puntos sobre los que la Casa Rosada debió aceptar cambios para lograr mayor consenso y evitar un fracaso en la Cámara baja.
"El control tiene quedar en manos del Congreso Nacional", exclamó Miguel Bonasso hacia el final de su exposición.
El proyecto original proponía un ente autárquico de cinco miembros, tres del Poder Ejecutivo y dos legisladores, uno de la segunda minoría y otro de la tercera. Tras la negociación con los aliados se decidió ampliarlo a siete miembros con la incorporación de dos representantes del Consejo Federal que se eligirán a mitad del mandato presidencial.
Para Bonasso, que pese a ser uno de los habituales aliados del Gobierno anticipó que votará en contra, el cambio no alcanza para garantizar la "transparencia" necesaria.
El proyecto que impulsa la Casa Rosada llegó hoy al recinto después de la extensa discusión de ayer en comisión. Los diputados de la oposición plantean que quienes no integran esas comisiones no tuvieron tiempo para leer la iniciativa oficial tal como quedó tras los más de 200 cambios hechos al texto original.
Entre las modificaciones se incluyen la anunciada prohibición a las telefónicas para distribuir TV por cable y una ampliación del órgano de aplicación de la ley. Pero, sin embargo, se mantienen los artículos que obligan a los multimedios a desprenderse de empresas en un plazo de un año, y otros puntos muy cuestionados por la oposición y por la industria audiovisual.
A excepción del bloque de Solidaridad e Igualdad (SI) y Proyecto Sur, el partido de Pino Solanas, que votarán a favor, algunos de los bloques están aún indecisos sobre cómo votarán. En ese grupo se ubican el Partido Socialista y los cinco diputados por Chubut que responden al gobernador Mario Das Neves.
El proyecto de ley que el Poder Ejecutivo envió al Congreso establecía en su redacción original tres pilares básicos: una autoridad de aplicación dominada por el Gobierno, el ingreso de las empresas telefónicas en el negocio audiovisual y la "desmonopolización" del mercado al restringir severamente la cantidad de licencias por operador.
El oficialismo modificó uno de esos pilares, el no ingreso de las telefónicas en el negocio, anunciado anteayer por la presidenta Cristina Kirchner. Los otros dos puntos se mantienen prácticamente sin retoques, según advirtió la oposición.
El diputado de Frente para la Victoria Julio Piumato dijo durante el debate que “la oposición no manifestó la voluntad de debatir, sino de oponerse” al referirse a la actitud de algunos miembros de otros bloques.
“No ha habido una ley desde la vuelta a la democracia que haya tenido una participación popular tan grande como esta”, dijo y agregó que “se siente orgulloso de tratar una ley que le permite a los argentinos recuperar uno de los derechos fundamentales como la libertad de expresión”. El debate en Diputados lleva más de nueve horas.
“La libertad de expresión se encuentra absolutamente cercenada porque está regida por una ley sancionada durante una dictadura militar”, sentenció.
El legislador cargó además contra Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (AdEPA), Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas (ATA) y Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas (ARPA), organizaciones a las que acusó de “haber sido cómplices de los militares durante la dictadura”.
Pasadas las 21 hs., el diputado electo Fernando “Pino” Solanas destacó los cambios que se hicieron recientemente sobre puntos marcados por su partido del proyecto de ley. Aseguró que “dos terceras partes de las sugerencias “que fueron haciendo, se revieron y modificaron. De tal modo, mientras que durante la mañana Solanas no daba el quórum, esta noche participará en la votación.
Por su parte, el diputado electo Claudio Lozano, destacó su presencia en la votación y remarcó que “lo que acá se está votando no es un partido político, sino una legislación de los controles de las industrias infocomunicacionales”. Sin embargo, tanto Lozano como Solanas están dispuestos a seguir discutiendo otros puntos de Ley, tales como el ajuste a las redes de parte de los medios en tres años y no en uno como lo indica el proyecto
Lozano enfatizó que “lo que se vota hoy, incluso con lo que debe modificarse, es mejor de lo que existe” y finalizó diciendo que “la oposición conservadora se retira porque no quiere tratar el tema, si quisiera debatir se quedaría y daría quórum para tratar de cambiar la autoridad de aplicación”.
Por su parte, la diputada nacional por Tierra del Fuego, Nélida Belous, del Proyecto Progresista, dijo que en su provincia se realizaron varios debates sobre la Ley de Comunicación Audiovisual y que las voces que trajeron al proyecto “fueron incorporadas”. “No es una ley cerrada sin aportes como se dijo, todo lo contrario”, dijo.
Claudio Lozano “saludó” las modificaciones al proyecto y anticipó que su bloque votará a favor de la ley en forma general pero seguirá “sosteniendo en el debate en particular algunos puntos”, entre ellos la constitución de la autoridad de aplicación. En el mismo sentido se había pronunciado antes la titular de la bancada socialista, Silvia Augsburger.
El diputado comenzó su exposición ante la Cámara baja recordando que en la actualidad “sólo cuatro firmas tienen el control sobre la producción cultural y de comunicación”, concentrados en “dos grupos dominantes, Clarín y Telefónica”.
“Ante este contexto, y si lo que hizo posible fue la ley de la dictadura, nosotros desde Proyecto Sur estamos absolutamente seguros de que esto es mejor que lo que está y vale la pena acompañarlo”, afirmó Lozano.
En tanto, criticó los cuestionamientos de partidos opositores realizados al principio del plenario porque evitaron tratar las cuestiones “de fondo”.
Y manifestó que “es inaceptable que haya legisladores que manifiesten ignorancia sobre la historia de la ley y tengan el tupe de subestimar el proceso de construcción política que dieron organizaciones sociales en nuestro país”.
“Este Gobierno tiene un mérito y es que el proyecto está acá en discusión”, dijo, al tiempo que reconoció que “este Gobierno ha coqueteado con este proyecto de ley y lo ha subordinado a las idas y venidas con su relación con los medios de comunicación”.
Pero preguntó a los legisladores presentes en el recinto: “Qué derecho tenemos nosotros para tirar por la borda todo el trabajo realizado por las idas y venidas del Gobierno actual”.
Por último, Lozano anticipó que en la votación en particular su bloque cuestionará la composición de la autoridad de aplicación pública y, como varios diputados opositores, abogará por que esté conformada por miembros del Parlamento.
En su turno de hablar ante la Cámara de Diputados, la titular del bloque parlamentario del Partido Socialista, Silvia Augsburger, anticipó que votará junto a los miembros de su partido “afirmativamente en general” y no se mostrarán a favor de varios puntos en particular.
"Si se pone en una balanza el texto vigente, el de la dictadura, con las modificaciones de la democracia y el texto puesto hoy, la balanza se inclina en favor de este último", sostuvo Augsburger.
Luego fue el turno de la diputada de Encuentro Popular y Social Paula Merchan, quien se manifestó a favor de el proyecto y destacó que “esta no es una ley ni para esta Presidenta ni para los que vengan, esta es una ley que le va a hacer bien a la ciudadanía argentina”.
Sin embargo, citó varios puntos en los que su bloque hizo planteos de modificaciones, entre ellos la constitución del órgano de administración y fiscalización y el artículo 47, para que sólo puedan introducirle cambios a la norma mediante el debate parlamentario.
Por su parte, el diputado de la Concertación Hugo Prieto defendió la iniciativa oficial y felicitó “la decisión de los diputados que a riesgo de desaparecer de los medios, de aparecer en una forma antipática, tienen el coraje cívico de hacer prevalecer los intereses de la patria antes que los de su partido”.
En cambio, la diputada Laura Montero, de Consenso Federal, dijo compartir con el proyecto oficial “la necesidad de una regulación y de una nueva ley” y también los objetivos propuestos en los primeros dos artículos, especialmente en el punto donde “dice que hay que generar universalidad, pluralidad en el manejo de la información”.
Sin embargo, criticó las modificaciones insertadas al proyecto ya que junto a su bloque cree “que no se ha logrado más que un efecto cosmético” y anticipó que objetará el punto de formación de la autoridad de aplicación y que propondrá que esté conformada y designada por miembros del Congreso de la Nación.
Al abrir el debate en general de la iniciativa, el titular de la Comisión de Comunicaciones, Manuel Baladrón, destacó que se trata del proyecto que, "junto a la Ley Federal de Educación, ha llegado al Congreso Nacional con más aire fresco de consenso de distintos sectores", fruto de los foros de debate realizados en todo el país.
En este marco, Baladrón remarcó la "oportunidad de saldar una vieja deuda" que el Congreso tiene "con la sociedad" y expresó la convicción de que, con la aprobación de esta norma, se estará dando un "paso hacia delante".
Una vez que quedó inaugurada la sesión, ante la presencia del titular del ComFeR, Gabriel Mariotto, desde uno de los palcos, el diputado Adrián Pérez, de la Coalición Cívica, planteó una moción para que retornada a comisión el debate de la iniciativa con el fin de darle "un tratamiento sensato" y un "efectivo debate", que fue rechazada por la mayoría de los presentes.
Diputados de la Coalición Cívica, Unión Cívica Radical y Unión-PRO presentaron mociones de privilegio por considerar supuestas "irregularidades" acerca del inicio de la sesión por haber pasado media hora del horario establecido y también por haberse firmado ayer el dictamen de comisión en un tiempo muy corto.
El presidente de la Cámara de Diputados, el jujeño Eduardo Fellner, dio lugar a las mociones presentadas por la oposición y los planteos pasarán a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Entre los diputados que presentaron mociones estuvieron los diputados de la Coalición Cívica Patricia Bullrich, el radical Pedro Azcoiti, y Federico Pinedo, de Unión-PRO, entre otros.
A su tiempo de hablar ante el plenario, el diputado oficialista Héctor Recalde, rebatió cada uno de los argumentos y llamó a "debatir las cuestiones de fondo, no la forma".
Y calificó a esta norma como una de las "cuentas pendientes" del Congreso junto a la discusión de una Ley de Entidades Financieras y una nueva ley de Contrato de Trabajo.
En las fotos: el congreso semivacio cuando se votó y la tapa de Página mostrando un recinto completo
Fuentes: TelAm y DyN
