Por: Rolando Nuñez*
Mientras el gobierno provincial hecha mano
del marketing en el mundo de las comunicaciones, señalando que han labrado actas por infracciones forestales por más de 100 millones de pesos contra los depredadores del monte, que después elevaron a 130 millones estimados en conceptos de multas, la devastación contra el ambiente chaqueño continua con intensidad, especialmente contra el bosque nativo. Finalmente, por burocracia y corrupción en los organismos del Estado, al cabo de muchos años se podrá cobrar apenas el 10 % de los valores infraccionados, porque decididamente esa es la estrategia. Es que “la política de la multa” es la máscara que encubre las atrocidades que cometen los desmotadores y explotadores del monte, que siempre cuentan con la complicidad de agentes y funcionarios públicos que, por burócratas o corruptos, se desinteresan o complacen con el proceso de destrucción de la rica biodiversidad chaqueña. El marketing de los millones en concepto de multas es para los ingenuos o desprovistos de escrúpulos; mientras tanto, los grandes responsables –públicos y privados- del desastre en marcha comen en la misma mesa con los barones de las motosierras y de las topadoras, con tanta impunidad como cuando manejan las imágenes satelitales porque sabes que tales herramientas, que son muy útiles y estratégicas, finalmente no son definitorias para la comprobación inobjetable de las alteraciones que se producen en la superficie por desmontes, por silvopastoriles y por aprovechamientos forestales. Estos procedimientos están organizados intencionalmente para que luego los infractores cuestionen técnicamente las actas de infracción, que terminan por perder validez y eficacia jurídica en sede administrativa o judicial, con lo cual se cierra el círculo de la impunidad bajo el pretexto de los errores de procedimientos administrativos. Todo un gran negocio, perfectamente organizado. De esta manera vienen ganando los deshonestos y las visiones cínicas, que son soberanos en el Chaco, con complicidades entre funcionarios y empresarios del siglo XIX, que estancaron al Chaco produciendo carbón, leña, varillas y postes, mientras otros desmontan para que la tierra quede concentrada manos de los grandes 
productores agropecuarios, lo que combinadamente expulsó del campo al minifundista o pequeño productor y a las familias campesinas, que terminaron por sobrevivir en asentamiento urbanos y periurbanos.El tráfico aparentemente legal de permisos para aprovechamiento forestales, desmontes, silvopastoriles, deslindes y aperturas de caminos, conjuntamente con el tráfico de guías, es un festival creciente en todo el territorio chaqueño en donde aún queda bosque nativo. El Chaco es un territorio sin controles, que actúa y representa debates que no conducen a nada y que solamente sirven para aparentar la búsqueda de soluciones, tal cual ocurre con el proyecto de ley de ordenamiento territorial de bosques, que será una herramienta que garantizará la continuidad de los desmontes y de los aprovechamientos forestales, bajo un manto de aparente legalidad. La futura ley es una nueva trampa contra el ambiente chaqueño.
Una importante comercializadora de agroquímicos y titular de un gran emprendimiento agropecuario instalado en la zona de Concepción del Bermejo y Los Frentones obtuvo permisos para desmontar, un silvopastoril y una regulación de frontera que totalizó 1.500 hectáreas, con algunas tropelías cometidas en los trámites administrativos. Además de ello, fue por más y terminó por desmontar 6.000 hectáreas, ante la inercia y complicidad de los funcionarios que debían controlar las actividades de esta empresa, que se desenvolvió con soberana impunidad. En la parcela 230 y 409 de la circunscripción VI del Departamento Almirante Brown se desmontaron miles de hectáreas ante un sistema burocrático permisivo y perverso, que alienta la destrucción del bosque nativo y público valores millonarios en concepto de multas por infracciones que luego no se cobrarán. Así las cosas en este Chaco seco y sin agua, que por gestión no produce soluciones estructurales.
Aguas contaminadas
A propósito de la tremenda y larga sequía que azota todas las regiones del Chaco seco, en el mes de junio la Administración Provincial del Agua (APA) firmó un convenio con la Sociedad Operadora de Emergencia S.A. (SOE) con el objeto de trasportar agua en vagones cisternas de la empresa Belgrano Cargas.
SOE destinó para el operativo una locomotora y 25 vagones cisternas de 30 mil litros cada uno para ser empleados en el trasporte gratuito de agua no apto para el consumo humano para las zonas rurales del sudoeste chaqueño, desde Avia Terai hasta Taco Pozo por el ramal C6 y hasta Chorotis por el ramal C12. Como condición expresa, SOE impuso que APA debía recibir los vagones cisternas en la estación de trenes de Presidencia Roque Sáenz Peña. SOE también obligó al APA a acondicionar y limpiar los tanques como paso previo e imprescindible para que comenzaran las operaciones de trasporte de agua, colocando en el convenio una cláusula expresa de indemnidad en materia de responsabilidad civil por el destino, uso y consumo del agua trasportada.Las cisternas llegaron a la estación de trenes de Sáenz Peña. Allí trabajó un equipo que se dedicó a la limpieza interna de los tanques, con equipamiento e insumos totalmente inadecuados, sobresaliendo un lampazo, a pesar de que dichos tanques trasportaran gas oil. Por ello, en la cláusula tercera del convenio se hizo constar que APA conocía que los tanques no eran utilizados habitualmente por SOE para el trasporte de agua, ni siquiera para el trasporte de agua no apta para el consumo humano, por lo que el Estado chaqueño asumía todas las responsabilidades que deriven de los daños que se originen en la conservación y limpieza de los tanques o en la provisión, calidad y estado del agua.
A pesar de todo lo que APA manifestaba conocer respecto a los tanques proporcionados por SOE, sin el acondicionamiento ni la limpieza especial que demandaban por el uso de la cisternas para el trasporte de gas oil, enviaron aguas que no solamente se destinaron para el consumo de ganado, sino que los sedientos pobladores de la región bebieron porque ignoraban que estaban consumiendo agua que no solo no resultaba apta para el consumo humano, sino que se trataba y se trata de aguas contaminadas con sustancias componentes de gas oil.
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En Los Frentones, el exterminio de la gente está en marcha. Los sedientos toman agua que se transporta con los vagones cisternas que opera SOE y que por convenio aceptó APA. Este es uno de los últimos despropósitos cometidos por la actual gestión. No podemos suponer que las autoridades de APA imaginarían que los sedientos no beberían las aguas trasportadas. Mientras tanto, se continúan anunciando obras públicas de todos los calibres. ¿No seria más acertado y más propicio conseguir vagones cisternas apropiados para el transporte de agua para consumo humano?
*Rolando Núñez es Coordinador del Centro Mandela
