El debate generado alrededor del proyecto de Ley de Servicios Audiovisuales ha tenido la virtud de dejar al descubierto los poderosísimos intereses que se sienten afectados por una norma que se propone legislar y organizar el espacio radioeléctrico que es administrado por el Estado.
Perdiendo la línea y la sobriedad los grandes medios porteños han lanzado con ferocidad y saña a demoler el proyecto sin cuidarse demasiado en guardar las formas. De repente muchos de esos medios que se decían mesurados y criticaban al gobierno por su crispación, su excesiva vehemencia por su dureza confrontativa, han caído en lo mismo que criticaban.
Lo peor es que sus ataques al proyecto no son explicitados con claridad y sólo apelan a lo que bien podría llamarse un golpe bajo. Aducen que la nueva ley afectará la "libertad de expresión" o que afectará la "seguridad jurídica". Pero se guardan muy bien de mencionar que la ley vigente es de la dictadura militar y que permitió la concentración de medios como nunca se vio en el país. Tampoco dicen que ese acaparamiento de medios de comunicación en forma oligopólica o monopólica, no se permite, ni lejos, en los países que ellos mismos llaman "serios" para castigar al gobierno.
En sintonía con ese desagrado por el proyecto, las cámaras y entidades empresariales de la prensa, se manifestaron con muy duras críticas con él.
La Arena manifestó de entrada su simpatía hacia la iniciativa. También lo hizo en todas las ocasiones anteriores en que se anunciaban proyectos similares en el Congreso de la Nación. Este diario ha afirmado siempre que es necesaria una nueva ley que deje atrás la normativa de la dictadura militar y que el Parlamento le debe a la sociedad un nuevo ordenamiento que supere las injusticias y los abusos que esta legislación permitió.
Ahora sostiene lo mismo. Por esa razón, La Arena siente la obligación de señalarle a sus lectores que no comparte los pronunciamientos de las entidades y cámaras que nuclean a los diarios de todo el país. Esas entidades -sumadas a sus pares de la radio y la TV- expresaron su oposición, con argumentación diversa, al tratamiento de este proyecto.
Consecuente con ese pensamiento, La Arena ha presentado su renuncia como socio de AdEPA y como integrante del consejo directivo de ADIRA. Esta aclaración pública se ha tornado necesaria y responde a la búsqueda de un criterio de coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Además, la inteligencia de los lectores merece esta explicación ante el serio riesgo de debilitar o tornar vulnerable -o incoherente- la línea editorial que sostiene esta hoja.
El proyecto podrá tener aspectos más o menos cuestionables, más o menos aceptables para los diversos actores que participan en el universo de las comunicaciones audiovisuales. Pero lo que no corresponde es cuestionar la legitimidad del Congreso de la Nación para darle al país una nueva ley que reemplace el engendro que hoy nos rige. Y menos todavía hacerlo en nombre de la "libertad de expresión" o de la "seguridad jurídica". ¿Una norma de una dictadura defiende la "seguridad jurídica" más que una ley debatida y sancionada por los representantes del pueblo en el Congreso de la Nación?
El fondo de la cuestión, el corazón de la reforma que plantea el nuevo proyecto de ley, es el de atacar la gran concentración de medios en muy pocas manos. Algunas pocas empresas, a la sombra de la actual legislación de la dictadura militar -más algunos retoques "oportunos" del Congreso durante el menemismo- permitieron la acumulación de medios nunca vista en la historia. Un proceso que en ningún país medianamente ordenado y organizado sería posible sin transgredir la ley.
Como la Ley Mucci
La Cámara de Diputados le dio ayer media sanción al proyecto de ley de Servicios Audiovisuales que permitirá en La Pampa a las cooperativas su incursión en la televisión por cable que la vieja ley de la dictadura modificada por el menemismo le vetaba. El proyecto, debatido durante meses en audiencias públicas, se ha dicho, es una vieja deuda de la democracia y contó con una amplia mayoría de 147 votos que incluyó, además de los votos del partido del gobierno, los del socialismo y de diputados de centroizquierda. El socialismo, en un principio crítico de la ley, la acompañó finalmente luego que el gobierno bajara el polémico artículo que permitía a las telefónicas ingresar al negocio de la TV cable. Esta modificación permitió comprobar además la autonomía del gobierno en relación a los poderosos intereses que se mueven detrás de las telefónicas.
Pero no sólo ese punto fue modificado. Hubo más de un centenar y medio de modificaciones que incluyeron las opiniones de todos aquéllos sectores interesados en el tema.
No obstante la importancia de la ley y los años que lleva la democracia debatiéndola, ayer, un sector de la oposición liderado por la derecha macrista aliada a los monopolios concentradores de medios, abandonó el recinto antes de la votación en una actitud claramente destinada a buscar un titular en los medios en pié de guerra y sólo explicable en la complicidad que esos sectores políticos retrógrados han trenzado con los poderosos intereses que han convertido a los medios en un ariete para presionar al gobierno en sus negocios.
Pero si la derecha ha sido siempre en la Argentina una aliada de los sectores más conservadores, concentrados, oligárquicos y antipopulares -y, por su historia era posible prever que está más de acuerdo con la ley de la dictadura que con la de la democracia-, no se corresponde con su historia el seguidismo que el radicalismo hizo de esa posición contraria a la ley.
Los radicales menos comprometidos con los dueños de los medios reconocen por lo bajo que esta ley le quitará a la democracia una espada de Damocles que pendía de ella desde el momento en que la diversidad de medios en la Argentina dio lugar durante el menemato a una cerrada concentración. Estos radicales saben que la caída de los gobiernos de Alfonsín y De la Rúa, tuvieron en los medios de comunicación concentrados un instrumento de los sectores golpistas que fogoneaban el clima destituyente.
Los gobierno que le sucedieron a uno y otro pagaron ese apoyo: modificando el articulo 45 de la ley que permitió la acumulación de licencias y empresas en los '90, y licuándoles la deuda millonaria en dólares luego de la crisis del 2001.
Estos radicales admiten además que la ley será para el gobierno un punto de inflexión como lo fue la frustrada ley Mucci para Alfonsín. Aquélla ley intentó democratizar los gremios para que fueran instrumentos de fortalecimiento de la democracia y no, como eran, un factor de desestabilización. De la misma forma, esta ley que intenta democratizar los medios para que sean, como son, instrumentos de la democracia, marcará a fuego el futuro de la democracia argentina.
El radicalismo, que siempre le reprochó a peronismo su ceguera de entonces actúa hoy con la misma miope actitud de hacer prevalecer sus mezquinos intereses electorales por sobre los intereses de la democracia.
Fuente: Diario La Arena
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