El vicepresidente Julio César Cobos ordenó hoy al secretario parlamentario de la Cámara de Senadores que gire el proyecto de radiodifusión aprobado por Diputados a cinco comisiones y no sólo a dos como quiere el oficialismo.
Cobos instruyó al secretario Parlamentario, Juan Estrada, para que envíe el proyecto a tres comisiones más de las definidas por el oficialismo si la iniciativa ingresa al Senado antes de que el vicepresidente deba hacerse cargo del Poder Ejecutivo, a raíz del viaje que iniciará Cristina Fernández a Estados Unidos.
De esa forma, Cobos cruzó lanzas hoy con el bloque kirchnerista a partir de su potestad de asignar las comisiones, que el secretario parlamentario tiene la obligación de aceptar.
Sin embargo, la situación cambia si el proyecto ingresa después del sábado a las 20, cuando Cobos debe ceder su lugar en el Senado para reemplazar a la presidenta a raíz de su viaje.
Si la directiva del vicepresidente finalmente se cumple, el proyecto deberá ser analizado por las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Medios de Comunicación y Libertad de Prensa, que acepta el oficialismo, más Asuntos Constitucionales, Educación y Cultura, y Derechos y Garantías.
Al Ejecutivo. La semana próxima, cuando Cobos se encuentre en el ejercicio de la titularidad del Ejecutivo, deberá dejar el lugar del Senado en manos del presidente provisional, José Pampuro, quien a su vez puede dar una nueva orden con otro contenido, e igualmente debe ser obedecido.
También podría suceder, eventualmente, que el oficialismo reclame en la comisión de Labor Parlamentario, donde se reúnen los presidentes de todos los bloques, una revisión de la medida en la semana que durará la ausencia de Cobos e imponga su decisión por el peso numérico de la bancada.
El jefe del kirchnerismo del Senado, Miguel Pichetto, se entrevistó en el mediodía de ayer con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y regresó al palacio del Congreso convencido que el debate debería comprender tres días hábiles de dos semanas, que el proyecto se gire a dos comisiones y llegue al recinto el 7 de octubre o, enventualmente, el 14.
Ayer, cuando el proyecto era debatido en Diputados, la distribución de las comisiones ya formó parte de una fuerte disputa entre el oficialismo que lidera Miguel Pichetto, y sectores de la oposición, que encabazados por el radical Ernesto Sanz, el más grande después del Frente para la Victoria, reclamaron "un giro mayor" y "un debate más amplio".
Cobos pide un gran consenso nacional
El vicepresidente Julio Cobos envió hoy un comunicado a los medios en el que llama a un "gran consenso nacional". En el texto se refiere a la pobreza, la seguridad, la salud, el trabajo y la educación.
En el documento insta a los partidos políticos a que asuman la responsabilidad de lograr el acuerdo con las entidades sociales y empresariales y "abordar en un futuro no muy lejano políticas de Estado".
“Alguien Tiene que Ceder”AdEPA: Hay restricciones a la libertad de prensa
En nuestra historia encontramos pactos y tratados preexistentes a la conformación del Estado Nacional, acuerdos para enfrentar crisis políticas y/o económicas. Es hora de generar políticas de Estado consensuadas para solucionar problemas estructurales, pensando en el mediano y largo plazo.
El Estado se define como la nación jurídicamente organizada, es decir enmarcada en la ley y las instituciones. El Estado incluye a la Nación y ésta se entiende como pertenencia a una comunidad que reconoce un pasado compartido, una cultura común y fundamentalmente proyecta el porvenir. Porvenir que se construye día a día, con ese sentimiento de pertenecer y ser parte de esa comunidad. El Estado existe por y para esa comunidad, por lo tanto su deber fundamental es colocarse al servicio del país y su gente.
En 26 años de continuidad democrática nos ha costado mucho consolidar políticas que tienen como meta el bienestar de la población. Hoy, lo prioritario es que a ningún argentino le falte seguridad, salud, trabajo y educación.
Hoy la inseguridad no reconoce límites. Debemos combatir en forma efectiva el flagelo de la inseguridad, trabajando todos los poderes del estado y sus dependencias, en forma conjunta y comprometida, para aplicar una política integral de seguridad.
Debemos dar respuesta inmediata a las carencias en el área de salud, porque es rol indelegable de quien gobierna, otorgar todas las herramientas necesarias a la ciudadanía para que goce de un sistema de salud efectivo y de calidad.
El sostenimiento y generación del empleo debe ser prioritario y debe partir de un análisis realista del mercado, estableciendo un compromiso social entre todos los sectores involucrados. La desocupación o subocupación genera vulnerabilidad social.
Actualmente, la pobreza y sus problemas concomitantes nos conmueven y preocupan. Se la cita en discursos, en debates parlamentarios, en plataformas electorales, se dan cifras: si es el 40, el 30 o el 15 %. Los pobres y los indigentes no son estadísticas son personas que sufren, que padecen, que no acceden a la educación, a la salud, al trabajo. Tomemos a la problemática de la pobreza como eje de este problema estructural de un Gran Consenso Nacional. Ponerlo como eje, para no sólo establecer como meta achicar la brecha de ingreso, sino también la brecha del conocimiento. La brecha de ingreso se achica con una adecuada distribución de recursos, la del conocimiento requiere cambios estructurales en nuestro sistema educativo y tiempos que superan más de una gestión de gobierno.
La pobreza también tiene que ver con la calidad institucional, porque esta garantiza los controles necesarios para tener educación, salud, vivienda y distribución del ingreso. En los últimos días hemos visto como la falta de controles puede afectar la salud de trabajadores que confiaron en su obra social.
En educación se deben establecer -y sostener en el tiempo- políticas de estado, porque los cambios en esta materia demandan tiempos distintos a la dinámica social. La mejora de la calidad educativa requiere establecer prioridades: chicos en la escuela y maestros que enseñen en ella. Los procesos de transformación educativa vividos en Argentina, provocaron el vaciamiento de contenidos en las escuelas y las mismas se llenaron de programas y proyectos. Los resultados de las evaluaciones de calidad educativa, tanto nacionales como internacionales, han demostrado que la aplicación de esta política ha degradado la formación de nuestros estudiantes. Habrá entonces que recuperar las horas perdidas en Lengua, Matemática, Historia, Geografía y Ciencias, entre otras. Hay cosas sencillas que producen grandes impactos, como asegurar a cada chico la tenencia de un libro, como dar prioridad a la doble escolaridad en las zonas de vulnerabilidad social. Debemos implementar los controles necesarios para garantizar el cumplimiento de la obligatoriedad de la enseñanza, un chico no puede estar en la calle, debe estar en la escuela.
Debemos generar reglas claras y durables, que den un marco de previsibilidad y confianza a las inversiones existentes y futuras. Las relaciones comerciales internacionales nos exigen un alto nivel de prudencia, debido a que cada vez que se modifica una disposición interna, repercute en forma directa en el ámbito internacional. Por otra parte, es imposible establecer un sistema impositivo donde paguen quienes más tienen sin el correcto funcionamiento de instituciones y marcos normativos. Los subsidios y planes sociales requiere controles para que los beneficios lleguen a la gente y no se pierdan en intermediarios y burocracia.
Se pone como ejemplo la experiencia española del Pacto de la Moncloa. Estos pactos surgidos luego de una cruenta guerra civil y 40 años de dictadura, exigían de la dirigencia, un acuerdo. Y sí aunque no fue fácil, estuvieron a la altura de las circunstancias, algunos resignaron posiciones, la centroizquierda aceptó la amnistía y la monarquía; los sindicatos renunciaron a reclamos a cambio del reconocimiento a la asociación gremial. Nuestra realidad es distinta, pero la experiencia puede servirnos para entender que siempre “alguien tiene que ceder” si queremos establecer consensos y metas colectivas por encima de los intereses sectoriales, partidarios, corporativos, sólo una decisión unánime que priorice beneficios generales por sobre intereses particulares, logrará establecer este tipo de políticas que favorezcan a la sociedad.
Somos conscientes de las dificultades que se deben superar en el proceso de construcción de políticas a largo plazo, pero también sabemos que desde diversos sectores, existen preocupaciones genuinas por llevarlas a cabo. La aplicación concreta de este tipo de políticas es posible y pueden desarrollarse en diferentes áreas. Encontramos muy buenos ejemplos en países vecinos, podemos ver el caso de Brasil, que ejecutó un gran desarrollo industrial y agropecuario en forma simultánea; el de Chile, que ha logrado una notable inserción internacional generando importantes tratados de libre comercio o el importante avance tecnológico incorporado al sistema educativo de Uruguay.
Anhelamos que, en el marco de las celebraciones por los bicentenarios patrios y habiendo superado el proceso eleccionario, los partidos políticos -intermediarios entre el gobierno y la sociedad- asuman esta responsabilidad; para que, con colaboración de las entidades sociales y empresariales, puedan abordar en un futuro no muy lejano una serie de políticas de estado que den marco a un Gran Consenso Nacional.
Aquellos que tomen la iniciativa de convocar a este consenso deben priorizar la trascendencia de los acuerdos alcanzados y no las individualidades que participen en ellos. La tarea no es fácil, ni imposible. Al afirmar ”alguien tiene que ceder”, queremos demostrar que la construcción verdadera y perdurable de las políticas de Estado se origina en una amplia convocatoria; inclusiva y no exclusiva; con un diálogo propositivo no impositivo, en el cual las diferentes posturas se enriquecen sin desacreditarse y que, finalmente, sean en beneficio de todos y no de algunos.
Para hacer en el presente una Argentina con futuro: “alguien tiene que ceder” y en el marco del consenso, ese alguien somos todos.
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas consideró hoy que el proyecto oficial de Ley de Medios, que obtuvo media sanción de Diputados, contiene "restricciones a la libertad de prensa" y afecta "la seguridad jurídica".
En un documento enviado a sus socios, Adepa enumeró las "principales objeciones a la Ley de Medios" y elaboró un "Análisis constitucional y de la libertad de expresión".
Los siguientes son los puntos de ese documento:
- Afecta gravemente a la libertad de expresión por la determinación de contenidos obligatorios para las emisiones radiales y televisivas al igual que lo hace la Ley vigente de 1980 (Capítulo V del Título III), donde se establecen pautas muy precisas sobre la programación que deben emitir los licenciatarios, vulnerando su libertad editorial (arts. 14 y 32 CN; art. 13 Convención Americana de Derechos Humanos).
- La ley lesiona seriamente el sistema federal, en particular "la prohibición de dictar leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella jurisdicción federal" (art. 32 CN). Sin embargo varios de los artículos del proyecto le otorgan esta jurisdicción a los servicios audiovisuales.
- El proyecto no regula aspectos claves señalados como deficiencias de nuestro sistema institucional, en tanto los mismos pueden distorsionar el pleno ejercicio de la libertad de prensa y el derecho a la información: el establecimiento de criterios objetivos para la distribución de publicidad oficial, y el acceso transparente e igualitario a la información pública.
- La integración de la Autoridad de Aplicación, en la que 4 a 5 de sus 7 miembros van a pertenecer al poder político de turno, se contrapone a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría por la Libertad de Expresión.
- La restricción aparece con los amplios márgenes discrecionalidad que se le otorga a la Autoridad de Aplicación, controlada por el PEN, para el otorgamiento y caducidad de las licencias (arts. 33, 34, 50 y otros).
- La amplia discrecionalidad de sus facultades, en muchos casos merced a una delegación legislativa, viola los principios de legalidad y razonabilidad, y en particular el artículo 28 de la Carta Magna.
- Hay una amplia delegación de facultades legislativas, por ejemplo, en el alcance territorial de las licencias (art. 45) como en las facultades de la Autoridad de Aplicación (art. 12). De aprobarse el texto, el Ejecutivo en uso de esas atribuciones determinará el alcance de la libertad de expresión en la Argentina.
- Hay dos casos de censura previa notorios que violan el artículo 14 de la Constitución. El primero (art. 48), involucra a los diarios y a las revistas. Hoy los mismos pueden acceder, de acuerdo al principio de igualdad ante la ley, a licencias audiovisuales. Con la ley esta posibilidad queda reservada al arbitrio de la Autoridad de Aplicación. La ley no establece pautas objetivas, con lo cual dicha potestad podrá utilizarse de manera discrecional, como sistema de premios y castigos o como herramienta de control editorial.
- El segundo (art. 52) involucra a las producciones audiovisuales que no usan espectro (como los canales de cable), y por lo cual su creación no puede estar sujeta a regulaciones estatales. En este caso no sólo se les exige un registro oficial, sino que se establecen restricciones arbitrarias (el máximo de una por licenciatario), que afectan directamente la libertad de expresión.
- El proyecto permite sólo la conformación de redes en medios estatales (nacionales y provinciales), discriminando a los medios privados que no podrán llegar con sus mensajes a distintos puntos del país, y restringiendo el alcance de los mensajes independientes al Gobierno versus aquellos emanados del mismo.
- Derechos adquiridos: el artículo 161 viola, bajo el eufemismo de la "adecuación", derechos adquiridos bajo el amparo de leyes anteriores. En efecto, dicho artículo desconoce licencias legales vigentes y pretende desapoderarlas en el término de un año. Esta disposición intenta forzar a los actuales licenciatarios sin tener en cuenta que, justamente, son titulares de derechos concedidos para un fin determinado. Se violan aquí no sólo el principio de legalidad, sino el derecho de propiedad, el de libre comercio, el de ejercer toda industria lícita y el de libre expresión, en general, y el de la libertad de prensa en particular.
Informe Presidenta Bloque del Partido Socialista sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual
Ante el debate por la nueva Ley de Servicios Audiovisuales, el pasado viernes 11 de septiembre el Comité Ejecutivo Nacional de nuestro Partido se reunión en la Ciudad de Buenos Aires, y del análisis del proyecto enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo Nacional análisis, se plantearon diversos aspectos del mismo que se consideraron inaceptables.
Dichos puntos fueron:
1. Establecimiento de una autoridad de aplicación con representación federal y amplia participación social, independiente del Poder Ejecutivo Nacional.
2. Los medios estatales deberán ser públicos y no gubernamentales.
3. Limitación expresa para que las empresas comerciales de servicios públicos y concesionarios del Estado ingresen a la radiodifusión.
4. La regulación de la pauta oficial de publicidad.
5. Participación del Congreso Nacional en la determinación de la norma digital.
6. La designación por concurso de un Defensor del Público.
El martes 15 de septiembre se reanudó el trabajo del Plenario de Comisiones de Comunicaciones e Informática, Presupuesto y Hacienda y Libertad de Expresión de la Honorable Cámara de Diputados, trabajo por el cual texto original del proyecto experimentó modificaciones que entendimos contemplaron varios de los puntos objetados en la reunión de Comité Nacional, los cuales significaron un punto de inflexión en la determinación de acompañar en general el Dictamen de la mayoría en el recinto:
1. Se modificó la estructura planteada originalmente para la “Autoridad de aplicación”, reemplazándola por un organismo descentralizado y autárquico integrado por tres (3) integrantes en representación de las tres (3) primeras minorías del Parlamento, dos (2) integrantes designados por el Poder Ejecutivo Nacional y dos (2) integrantes designados por el Consejo Federal de Servicios Audiovisuales, de los cuales uno (1) debe representar a las Facultades y Carreras específicas de la comunicación Audiovisual. Dicha estructura, si bien mantiene la mayoría oficialista, significa una menor discrecionalidad del PEN en la toma de decisiones.
2. Se excluyó expresamente a las empresas de Telecomunicaciones (Art. 24º y 25º) de la posibilidad de acceder a licencias de Servicios Audiovisuales, con excepción de las cooperativas.
3. Se incorporó en el Art. 76º del mismo un párrafo expreso que determina la regulación de la publicidad oficial, fijando criterios de distribución de la misma y brindando la potestad al Consejo Federal para fijar topes máximos a los ingresos por pauta oficial en medios privados-comerciales y sociales-comunitarios.
4. En los mecanismos de designación del Defensor del Público (Art. 20º) se incorporó un procedimiento similar al de las Audiencias Públicas, estableciendo el sistema de concurso de antecedentes y oposición, y designando al mismo por resolución conjunta de ambas Cámaras legislativas.
Asimismo se incorporaron algunos aspectos que consideramos positivos:
1. La incorporación de un artículo de resguardo para los cableoperadores del interior del país a fin que puedan prestar el servicio de Triple Play.
2. La autorización expresa para operar servicios de Comunicación Audiovisual para las Cooperativas (excluidas inicialmente en las modificaciones introducidas por el PEN cuando se excluyó a las empresas de Telecomunicaciones de la posibilidad de prestar servicios de Comunicación Audiovisual).
Sin embargo, por entender insuficientes algunas de las modificaciones introducidas, en el tratamiento en particular de la norma se votaron negativamente los siguientes artículos:
1. Artículo 14.- Autoridad de aplicación. Se propuso una mayor representación federal y participación efectiva de las organizaciones y actores vinculados con la actividad de Medios Audiovisuales.
2. Artículo 45.- Multiplicidad de licencias. Se insistió con la propuesta original del Socialismo que plantea que la limitación a la multiplicidad debe contemplar también un aspecto jurisdiccional (no más de determinado número de licencias en una misma zona.)
3. Artículo 47.- Revisión bianual por cambios en las condiciones técnicas de prestación de los servicios.
4. Artículo 93.- Norma digital. Se consideró que el texto del Dictamen de Mayoría no contempló la participación del Parlamento en la definición de la misma, tal como lo expresó el Comité Nacional del PS el pasado viernes 11 de septiembre.
5. Artículo 161.- Plazo de adecuación. Se consideró que el plazo propuesto en el Dictamen de Minoría de un (1) año favorece la discrecionalidad del PEN en la determinación de los nuevos actores que ingresarán al mercado de los Servicios de Comunicación Audiovisual.
Por otra parte aprovechamos para hacerles llegar las versiones taquigráficas de las intervenciones de las compañeras y compañeros del Bloque Socialista que fundamentamos nuestra posición en el recinto.
Con la mayor de las consideraciones les envío un abrazo en el Socialismo.
Silvia Augsburger
Presidenta
Bloque Partido Socialista
H. Cámara de Diputados de la Nación
