Por: Jesica Bossi y Damián Glanz
Por estas horas, hay otra negociación que desvela más a Néstor Kirchner que la búsqueda de votos para que esta semana los diputados aprueben su proyecto de ley de radiodifusión. Esa pelea -mucho más dura- ocurre en las oficinas de Telefónica y Telecom, pero tiene su correlato y será definitivo en el texto que termine avalando el Congreso.
La ley de medios que Cristina Fernández envió al Parlamento incluye un apartado polémico: el ingreso de las compañías de telecomunicaciones en el mercado de la TV por cable, un botín apetecido y por el que ya invirtieron millones de pesos. El ingreso de estos monstruos empresariales es el eje de las críticas de la oposición, que advierten que en su cruzada por neutralizar al Grupo Clarín, el Gobierno conformará un nuevo y más poderoso gigante mediático afín.
La jugada supone una compleja ingeniería comercial: el matrimonio presidencial, a través del ministro de Planificación, Julio De Vido, opera ante los directivos de Telefónica para que la casa matriz en España le venda a un pool de empresarios amigos la participación accionaria que esa empresa tiene en su competidora local, Telecom. Hace dos semanas, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia -bajo la órbita del secretario de Comercio, Guillermo Moreno- intimó a la firma ibérica a fijar en un plazo de dos meses las pautas para deshacerse de esos activos porque consideró que su posición en la Argentina es dominante. Son dos los principales interesados en comprar esa porción: el multimedios Clarín, por un lado y Eduardo Eurnekian y Ernesto Gutiérrez, de Aeropuertos Argentina 2000, por otro. La intención de Kirchner es dejar afuera al holding que conduce Héctor Magnetto, para que el otro dúo se quede con Telecom. El resto de la firma está en otras manos locales: la familia Whertein. El proyecto es casi una copia del CEI (Citibank y Raúl Moneta) que ideó el menemismo.
La pulseada por esos activos comenzó hace más de un año, cuando el escenario político era otro. En enero de 2008, apenas un mes después de que Kirchner le concediera la fusión de Cablevisión y Multicanal, el Grupo Clarín quiso más. Golpeó las puertas de la Casa Rosada para solicitar la intervención del Estado en su plan para ingresar en Telecom. El operador del multimedios, Jorge Rendo, encontró respaldo en el despacho de De Vido. El veranito de Cristina y el noviazgo afianzado con Clarín, entusiasmaron a Néstor que dio su respaldo para la operación. La pelea con las entidades del campo, la lucha con los “generales multimediáticos” alteraron el tablero y los K fueron en busca de otros socios para copar Telecom. Y afinaron el plan: en mayo de ese año, cuando el Gobierno inició los foros para redactar la nueva Ley de Radiodifusión, los Kirchner decidieron permitirle a las compañías de telecomunicaciones a ingresar en el mercado de los medios. Junto a la posible compra de Telecom, se aseguraban así la posibilidad enfrentar a Clarín, ya no con el cambio en las reglas de juego, sino como competidores directos. Para tentar a los accionistas de Telefónica a cerrar el trato, les garantizaron que el negocio del triple play también estaría disponible para ellos.
Pero el peso del Grupo Clarín en la misma negociación, mantiene paralizados a los empresarios ibéricos que aún no decidieron a quién de los dos le otorgará el negocio. “Por estas horas trabajan en una oferta pública para que se sumen otros inversores y gane el que pague más”, confió una fuente cercana a la operación. Como herramienta de presión, el Gobierno utiliza las negociaciones que ocurren en el Congreso: el oficialismo pretende emitir el dictamen del plenario de comisiones el próximo martes, y si hasta ese día la venta no está acordada, podría correr riesgo el ingreso de las telefónicas al mercado de la radiodifusión.
“Que no jodan más, si no, las sacamos de la ley y chau negocio”, dijo a Crítica de la Argentina un diputado del Frente para la Victoria sobre la presión de las telefónicas. En medio de estas negociaciones cruzadas, el oficialismo en la Cámara baja accedió -a no ser que haya una contraorden desde Olivos- a hacer “retoques” para, por lo pronto, ponerle límites a las firmas de telecomunicaciones. Hasta ahora, el borrador final dispuso dos nuevas restricciones, según confiaron a este diario fuentes del bloque oficial y un funcionario al tanto de las negociaciones: se habilitará a las telefónicas recién tres años después de que se apruebe la ley y las obligará a repartir su negocio. Si una telefónica quiere ser cableoperadora en una ciudad, deberá garantizar que al menos el 15% de abonados a telefonía básica esté en manos de otro actor, incluso si eso la obliga a ceder parte de su propia red. Tendrán, además, que acogerse a los topes de alcance general: a nivel nacional, no podrán tener más del 35% de abonados de cable ni superar 24 licencias.
Ya invirtieron millones a la espera del triple play
El “futuro” de las telco comenzó hace un año
Aunque la regulación se lo prohíbe, las empresas de telecomunicaciones llevan meses produciendo contenidos de TV. Ensayan la interconexión con la telefonía e Internet con la certeza de que el Gobierno les dará el negocio.
Por: Alejandro Bercovich
Televisión en el celular y en el auto, goles y videoclips para comprar con un simple mensaje de texto, 35 canales gratuitos de aire de alta definición, series y películas que se descargan a pedido y mucho más. El futuro está a la vuelta de la esquina y las dos grandes telefónicas se preparan
desde hace al menos un año para sacarle el máximo jugo posible al negocio. Aunque lo tienen vedado por la legislación actual, empezaron a invertir en cámaras, estudios, islas de edición y redes de cables para cuando -especulan- la nueva ley de medios les permita irrumpir en el mercado de la nueva TV. Y no sólo como proveedores de las conexiones sino también como productores de contenidos, el mismo doble rol que hoy juega el Grupo Clarín.La española Telefónica hizo punta en 2006 al transmitir los goles del Mundial de Alemania por internet y por celular. Los ofreció en vivo a través de su portal Terra para toda América Latina, salvo Argentina y Brasil, donde debió hacerlo unos minutos en diferido para no violar las leyes que se lo prohibían.
A fines de 2007, la filial local de Telefónica deslizó al Gobierno que invertiría u$s 300 millones durante 2008 para el “desarrollo a futuro” del triple play. Es decir, de la provisión de teléfono, internet y cable a través de la misma fibra óptica, lo cual tampoco le permite el Estado para que no cope los tres mercados gracias a su llegada a todos los hogares con líneas fijas. Los proveedores de cable, en cambio, sí pueden ofrecerlo.
El siguiente paso de Terra fue un convenio con el Canal de la Música (CM), de Crónica TV. Gracias a ese acuerdo, entre julio y noviembre del año pasado se emitió el programa Terra CM en vivo, conducido por Fernando Podestá. Salía en directo por CM y por el portal de Terra. Este año el programa sigue, pero se graba previamente.
Alejandro Prince, presidente de consultora especializada Prince & Cooke, opinó ante este diario que “hay que poner las normas antimonopólicas que hagan falta para que los grandes no se coman a los chicos, pero no hay por qué sacar a los grandes del mercado de contenidos porque su presencia va a permitir reducir la brecha digital y abaratar los servicios para toda la población”.
El especialista -que trabaja para las telefónicas- confirmó que las pruebas con el triple play “empezaron hace por lo menos un año”. Y reveló que a algunos de sus empleados, las telefónicas les entregaron televisores especiales y decodificadores que se conectan a la computadora para ensayar cómo transmitirles datos y videos por canales vía internet.
Terra también usa para los ensayos los estudios de Telefe Producciones, su pata televisiva. Y contrató a periodistas que filman y graban y luego publican sus informes en el portal. No tiene prohibido hacerlo. Lo que no puede -pero sí podría con la nueva ley- es organizar el material como un canal de TV online.
Telecom y Telefónica facturan por año el doble que el grupo Clarín: unos $ 11 mil millones cada una. Por eso el diputado Claudio Lozano (aliado de Pino Solanas) advierte que “si no se las limita vamos a un mercado dominado por ellas dos y por Clarín”. El legislador, que apoya el proyecto oficial pero exige cambios, también reclama revisar antes la privatización de Entel.
Ley de Medios: cómo no morir en el intento
Por: Alberto Fernández
Recuerdo el asombro de aquel senador chileno. Desorientado, mostraba una encuesta realizada en un pequeño pueblo del sur de su país que señalaba a la inseguridad como la principal causa de preocupación de sus habitantes. Lo llamativo era que en aquel lugar no se registraban crímenes. Ocurría que esos hombres y mujeres encuestados miraban la televisión emitida desde
Santiago que permanentemente daba cuenta de cómo la violencia delictiva penetraba en la capital de Chile. Eso hacía que los habitantes de aquel pequeño pueblo se sintieran acosados por una realidad que no era la suya.Algunos años atrás escuché a un ministro quejarse amargamente. Señalaba que los empresarios mentían a los periodistas y luego, cuando esas mentiras eran publicadas por los diarios, los mismos empresarios iban a reclamarles blandiendo esos artículos en mano como si lo que ellos decían fueran verdades.
Vivimos en un tiempo signado por la noticia. No en vano el periodismo que se ejerce en los medios masivos de comunicación se jacta de ser el cuarto poder de las repúblicas modernas. Las cosas no sólo producen efectos por lo que son sino también por el modo en que se presentan y la forma en que se perciben. Nadie podría dudar a esta altura de los acontecimientos de la formidable capacidad que tienen los medios de comunicación para influir sobre el ánimo ciudadano y sobre los hechos. Tan fuerte es esa aptitud que en la política moderna se ha consolidado un arma poderosa y letal: la operación mediática.
En el mundo moderno se reclaman regulaciones claras para los medios. La falta de normas puede conducir a escenarios abusivos y consecuentemente peligrosos. Esas regulaciones habitualmente no buscan minimizar la capacidad de informar. Buscan prevenir el riesgo propio de la tergiversación de la realidad que deviene de la desinformación y de la manipulación informativa.
En la modernidad informar y opinar es un negocio. Se trata de una actividad (un servicio si se prefiere) que logra su rentabilidad en la necesidad ciudadana de conocer y estar informada. Su mercado está compuesto por hombres y mujeres que quieren saber qué es lo que ocurre en sus comunidades.
Seguramente, los medios no ponen ni sacan gobiernos. Lo que hace fuerte o débil a la administración de un país es la política que ella misma desarrolla. Pero es cierto también que los medios tienen alta capacidad de influir sobre la consideración pública. Ello es así pues habitualmente el receptor de la noticia confía en la objetividad de quien la brinda sin atender que esa versión respeta una “línea editorial” directamente vinculada a los intereses de la empresa mediática.
La reglamentación que rige el funcionamiento de los medios de comunicación en la Argentina data de los días en que una junta militar la gobernaba por asalto. En los años de la democracia, unas pocas variaciones se introdujeron sobre ese régimen que concentra el control del sistema en manos del poder central del gobierno. Obsérvese que hay “interventor” en el ComFeR porque de lo contrario tendríamos sentados en su directorio a los tres comandantes de las fuerzas armadas y al secretario de la SIDE, entre otros. Esa ley heredada poco atiende a la preservación de la competencia de medios audiovisuales y, por sobre todo, no ha previsto las nuevas tecnologías que en materia comunicacional se han desarrollado.
Durante estos días, a instancias del gobierno nacional, se debate una nueva norma que cambia sustancialmente el régimen que regula el funcionamiento de los medios de comunicación.
¿Es necesario cambiar el régimen actual? Definitivamente sí. En mis días de jefe de Gabinete recomendé su modificación, aunque siempre lo hice exhortando que no tuviera el propósito implícito de afectar a alguno de los operadores en particular sino que buscara una mejor regulación y que la nueva normativa se impusiera de un modo socialmente consensuado como habíamos hecho al modificar la Ley de Educación.
¿Es éste el marco ideal para reformular el sistema? Creo que no, porque aquella acción de consenso no se ha producido y porque además existe un notorio desconocimiento social sobre el tema. No se trata de que los legisladores actuales carezcan de aptitud institucional como se han animado a decir algunos irresponsablemente, sino que el escenario que se ha montado para tratar el tema no es el más propicio. Pretender que semejante ley tenga un debate acotado; asediar a empresas de comunicación ya no con carteles callejeros sino con el poder fiscalizador del Estado; sembrar sospechas éticas sobre los legisladores que se distancian del proyecto oficial y hasta ver al vicepresidente haciendo causa común con los opositores en su intención de frenar la ley, sólo confirman aquella inconveniencia antes señalada.
El modo como ha de funcionar el sistema de medios en la Argentina reviste una trascendencia enorme para la calidad de nuestra democracia. Tan enorme como el derecho ciudadano de acceder a la información y como la libertad pública de informar y de ser objetivamente informado. Si esto no se tiene en cuenta, es posible que esta reforma tan necesaria para nuestra sociedad naufrague en un mar de intrigas e intereses contrapuestos.
En su texto, el proyecto del Gobierno avanza positivamente sobre ciertos aspectos como evitar la concentración del sistema, federalizar el control y promover una mayor participación ciudadana. Pero también es cierto que intenta imponer mayoría gubernamental en la autoridad de aplicación, incorpora a las empresas telefónicas al mercado de medios de comunicación, limita licencias concedidas y somete a las empresas de contenidos a un singular esquema de fiscalización.
Es razonable que el órgano de control que reemplace al ComFeR dependa del Poder Ejecutivo. Pero si es cierto que la norma propicia la democratización del sistema, sería imperioso que esa autoridad de vigilancia revista condiciones no sólo de idoneidad en sus miembros, sino también de equilibrio entre los poderes del Estado.
La incorporación de las empresas telefónicas en este mercado merece particular atención. En el mundo, la tecnología ha llevado a las prestadoras de ese tipo de servicios a brindar imágenes e internet transmitidos por el mismo cable por el que circula la telefonía. Han logrado así, con el triple play, una formidable fidelización de su clientela y un enorme abaratamiento de los costos.
En nuestro país el servicio telefónico está fuertemente concentrado. En la actualidad brindan ese servicio y el de comunicaciones en el espacio virtual, pero no brindan imágenes televisivas. Esa actividad ha sido desarrollada por la televisión por cable.
Atendiendo a la experiencia internacional y a los avances tecnológicos, es razonable pensar que la telefonía en algún momento comience a transportar imágenes por sus redes. Pero habría que preguntarse si haciéndolo en este contexto de mercado oligopólico, no se corre el riesgo de profundizar la concentración del servicio. De lo contrario puede suceder que queriendo combatir una dominación del mercado se llegue a instituir otro sector dominante en su reemplazo.
Por otra parte, deberían tenerse en cuenta algunas experiencias ocurridas allí en donde la telefonía prevalece en los mercados de transmisión de imágenes. En esos casos bien puede observarse que los precios del servicio resultan llamativamente altos en relación a los mismos servicios prestados en otros mercados con mayor competencia.
La ley busca también poner fin a la posición dominante de algunos operadores. Lo hace obligándolos a adecuarse al nuevo régimen en el plazo perentorio de un año, para lo cual deberán desprenderse de empresas de televisión por cable, canales televisivos abiertos o pagos y de radios. En ningún caso se atiende -con enorme riesgo de judicialización del tema- que la televisión abierta y la radiofonía sólo pueden ser explotadas por concesión estatal. Siendo así, no puede perderse de vista que una norma de esta naturaleza conlleva la supresión de derechos previamente acordados por el propio Estado nacional.
Finalmente la ley promueve un innecesario mecanismo para registrar empresas de contenidos, algo que por su imprecisión puede llevar a algunos a decir que afectaría la libertad de expresión. Los productores de contenidos deberían obtener una licencia para crear y expresarse. ¿Cuál es el sentido de semejante recaudo? ¿Acaso deberán explicitar los contenidos que difundirán?
Aunque Andy Warhol nos previno con razón que después de los años 80 íbamos a tener un nuevo futuro cada quince minutos, la ley en nada regula las más modernas tecnologías imperantes: la banda ancha e internet. El acceso a la banda ancha es el centro sobre el que gira la comunicación moderna y una adecuada regulación sobre su desarrollo determinará la accesibilidad a las comunicaciones de los sectores más rezagados de nuestra sociedad. Semejante descuido suena increíble, máxime si se tiene en cuenta la vocación de permanencia que los mismos autores de la ley invocan para ella.
Nadie que reivindique su fe democrática puede renegar porque la Argentina tenga una nueva ley de medios. Nadie puede agitar el fantasma de que con ella se establece una mayor discrecionalidad cuando el ComFeR funciona de ese mismo modo pero sin controles parlamentarios. Pero precisamente, por esa misma fe democrática, deberíamos ser capaces de profundizar el debate para conseguir la mejor norma, escapando a los mecanismos de descalificación que con tanta virulencia cruzan entre nosotros en estos últimos días.
Daños colaterales de la radiodifusión
El debate por la ley de medios puso fin a la tregua del peronismo en Mendoza y tiene en jaque a su gobernador.
Por: Eduardo Tagliaferro
Separados por el medio. El gobernador de Mendoza, Celso Jaque, y su vice, Cristian Racconto.
El gobernador mendocino Celso Jaque se enfrenta a un fantasma con el que nunca hubiera
querido lidiar: su vicegobernador, Cristian Racconto. No lo atemorizan tanto las virtudes o habilidades de este joven arquitecto que ingresó a la política en la elección de 2007 con el visto bueno de Jaque, la bendición de la Iglesia católica y la del multimedios mendocino Grupo Uno, sino que el enfrentamiento pone fin a la tregua peronista que lo llevó al gobierno. La ley de medios impulsada por el kirchnerismo es la divisoria de aguas de una pelea que aunque se realice en sordina -como todas las internas en las que hay mucho poder en juego- ya no tiene marcha atrás posible.A pesar de las vacilaciones que lo llevaron a desdecirse durante toda la semana y de que ahora niegue el uso de la Legislatura provincial a quienes desde el lunes discutirán en audiencia pública la nueva ley de radiodifusión, Racconto es calificado como “el Cobos de Jaque”.
El domingo pasado, consultado sobre el proyecto K que se está meneando en la Cámara baja, el vicegobernador mendocino dijo que “el Congreso debe tomarse todo el tiempo que sea necesario”. Un día después, luego de que Jaque y la conducción del PJ local se alinearan con el kirchnerismo y afirmaran que las declaraciones de Racconto habían sido malinterpretadas, el funcionario dio marcha atrás y declaró: “No podemos esperar que asuman los nuevos legisladores”. No hay que aguzar los sentidos para percibir la trama de presiones que rodean a los peronistas que están al frente de la gestión provincial. Cercado por los desaciertos y por una economía que todos los meses lo obliga a un sinfín de malabarismos para pagar los sueldos estatales, el gobernador se rindió ante la Casa Rosada. Su decisión también le puso fin al equilibrio peronista.
Jaque llegó al gobierno después que los dos principales jefes del peronismo mendocino sellaran una tregua, una pax romana, que incluso les permitió algo impensado: triunfar sobre la concertación kirchnerista de Julio Cobos y sobre la estructura orgánica de la UCR. Los comandantes desde las sombras son viejos compañeros. El asesor kirchnerista Juan Carlos Mazzón y José Luis Manzano, se conocen desde los tiempos de Guardia de Hierro. Ambos aprendieron a amar a Perón en aquella fracción de la derecha peronista que tomó su nombre de una organización fascista rumana que se apagó con el fin de la Segunda Guerra Mundial.
Desde 2005, Manzano y Mazzón pelean por el control del peronismo, por la apropiación y organización de los referentes territoriales. Los caciques municipales habían liderado el PJ local desde 1995. Año en el que José Octavio Bordón les dio un golpe mortal al llevarse al Frepaso a los mejores cuadros intelectuales y políticos.
Desde 2005 los dos ex amigos y compinches son la cara invisible de cada uno de los dos sectores que disputan el predominio peronista en la provincia. Al intendente sanrafaelino Omar Félix se lo identifica con Manzano y al intendente de Maipú, Adolfo Bermejo, con Mazzón. Ambos fueron la cara visible de cada sector. Ni Félix, ni Bermejo, daban para enfrentar a los candidatos de Cobos y del radicalismo en 2007. Jaque fue la síntesis. El pasado del verbo marca el actual momento político del peronismo en Mendoza.
No es casual que Manzano le haya pedido prudencia a su socio comercial Daniel Vila, cuando le tocó hablar frente al gobierno provincial en el acto de inauguración de las nuevas instalaciones del Grupo. La mitad del gabinete abandonó el palco mientras Vila criticaba la iniciativa K de medios. Es sabido que la negociación es el motor de la práctica política de Manzano. A pesar de sentirse amenazado por la nueva ley de medios del kirchnerismo, el ex ministro de Carlos Menem no quiere dinamitar los puentes. De hecho la versión de su regreso a la política fue una señal de alerta, y no más que eso, dirigida a los hombres de Mazzón en el gobierno de Jaque.
“No hay mucho espacio en una opinión pública muy apegada a los valores sanmartinianos como la mendocina para que un ex político regrese a la política después de convertirse en un empresario acaudalado”, confió a este diario un importante dirigente que desde Mendoza llegó a las grandes ligas.
La política mendocina está abandonando su estilo florentino. Todo parece volverse más frontal, más descarnado. El titular de la Cámara de Diputados provincial, Jorge Tanús, se hizo eco del reclamo de un grupo de legisladores y habilitó la audiencia pública que comenzará mañana. Le costó caro. No sólo enfrentó una cachetada de la conducción oficial de su partido sino también un deterioro físico que le produjo un episodio de sangrado.
Para Manzano y para Mazzón es mucho lo que está en juego. “El ingreso de las telefónicas en el negocio sería un golpe mortal para el Grupo Uno. Las telefónicas son las únicas que tienen la infraestructura instalada para dominar en poco tiempo el servicio del cable televisivo”, señala a este diario el mendocino que habla pidiendo reserva de su nombre.
A esa embestida le responden también con munición gruesa. Nuevos y antiguos casos de corrupción dominan la portada del diario Uno. Entre ellos el que involucra a la diputada nacional Patricia Fadel. Un claro golpe al corazón de Mazzón.
Fuente: Crítica de la Argentina
