Clarín pasó a ser un omin
oso multimedios para este gobierno desde época reciente. Porque durante todo el gobierno de Néstor Kirchner los titulares de ese diario eran elogiosos.Pero un día esa relación se rompió –al parecer porque no se pudieron acordar negocios- y entonces el multimedios pasó a ser el malo de la película.
La misma lógica que con el campo. Hubo alianza con el sector mientras la soja financió el modelo. Pero eso se acabó el día que el negocio ya no les cerraba a los productores.
Desde entonces estos últimos pasaron a ser la “derecha golpista”, y la soja un monocultivo que atenta contra el medio ambiente. A todos los díscolos, en tanto, les llegó su castigo.
Se diría que la Resolución 125 –por la cual el gobierno intentó someter fiscalmente a los revoltosos sojeros- responde a la misma lógica disciplinaria que exhibe el nuevo proyecto de Ley de Radiodifusión –por el cual se quiere debilitar a Clarín-.
No vamos a defender aquí los intereses de este multimedios, verdadero emporio de la información, que si existe es porque la clase política lo permitió y favoreció todos estos años.
Está bien que los sectores progresistas apoyen la cruzada por la “distribución equitativa de la palabra” –como se quiere presentar a la reforma del sistema de medios- pero no se los ve criticando la utilización del canal oficial, el 7, con fines proselitistas y sectarios.
No sólo eso: tampoco dicen nada sobre la discrecionalidad del poder de turno en el manejo de la pauta publicitaria oficial, ni sobre los aprietes a periodistas disidentes.
No se los escucha tampoco ante la compra de medios por amigos del poder. Al parecer, a los progresistas argentinos, tan enemigos de los monopolios privados, les gusta el modelo stalinista de comunicación.
¿Cuál es el modelo anti-Clarín? ¿Es el Canal Siete, convertido hoy en una agencia del Frente para la Victoria? Si algo queda claro de la gestión del canal “público” de televisión, en los 25 años que median entre la recuperación de la democracia en 1983, es su aprovechamiento partidario faccioso.
En la Argentina hay una confusión entre lo gubernamental, lo estatal y lo público. La subordinación de lo público, que por definición excede el interés del gobierno de turno, es un rasgo inalterable de la gestión de los medios estatales en el país.
La Radio del Estado (hoy Radio Nacional) y el Canal 7, han sido siempre instrumentos de propaganda del poder político. Pese a las consignas de ocasión, nunca cuajaron los controles públicos (organizaciones sociales, partidos o parlamento) en la gestión de esos medios.
En otras latitudes los medios públicos –que se financian con los impuestos de todos- tienen un sistema de gestión y control mucho más amplio que el propio Poder Ejecutivo.
Eso ocurre con la BBC en el Reino Unido, con las emisoras federales en Alemania, pero también con el canal estatal de la televisión de Chile. En los países “serios” se garantiza la pluralidad de voces en los medios públicos.
En la Argentina no alcanza con decir que el Estado es la salvaguarda de los derechos mayoritarios que no serían contemplados por los propietarios privados de medios.
Y esto porque en la realidad el gobierno utiliza instrumentalmente a los medios que gestiona el Estado. En suma: si es pernicioso que la información quede en manos de holdings privados, también lo es que quede en manos de un aparato político.
Editorial del Diario El Día de Gualeguaychú
