municación por las denuncias publicadas en diciembre de 2008 por el caso de los 33 camiones con contrabando advertido en el departamento de Pando.El reclamo será comunicado personalmente al presidente de la Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP), Enrique Santos Calderón, quien sostendrá una reunión con editores y redactores de este periódico en el marco de la visita de dicho funcionario a La Paz para observar el estado de la libertad de expresión.
La delegación entablará otras reuniones con el presidente Evo Morales, con voceros de los poderes públicos y de la sociedad civil, así como con asociaciones de periodistas de todo el país.
Los directivos de La Prensa también harán conocer las acciones de amedrentamiento perpetradas por personas anónimas que exigen detener las investigaciones periodísticas sobre casos de corrupción surgidos en el Gobierno de Evo Morales.
También se informará de la acción del presidente Morales el 9 de diciembre de 2008, cuando reclamó públicamente al editor de la sección Al Filo, Raphael Ramírez, por una nota publicada ese día cuyo titular afirmaba: Evo negoció “luz verde” con los contrabandistas dos meses antes.
La publicación motivó la presentación, el 12 de marzo, de una demanda penal contra La Prensa por los supuestos delitos de “desacato, calumnias e injurias”, proceso que luego sería derivado a un Tribunal de Imprenta que actualmente analiza el caso.
La Prensa considera que la demanda del Presidente forma parte de una ofensiva política del Poder Ejecutivo contra este periódico en particular y contra los medios de comunicación y periodistas bolivianos en general, con el fin de acallar a los comunicadores que investigan hechos de corrupción pública.
Este escenario, señala el Jefe de Redacción, configura un “gravísimo atentado contra la libertad de expresión y de información, uno de los pilares de la democracia boliviana”. Tras la denuncia periodística publicada por La Prensa, el Jefe de Redacción y el periodista Ramírez comenzaron a recibir amenazas telefónicas anónimas. Incluso el editor de Al Filo fue víctima de amedrentamientos en la calle por parte de personas que le exigen que su medio de comunicación detenga su trabajo de investigación periodística.
Morales Peña presentó una denuncia ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, organismo que abrió un caso para observar las denuncias de violaciones a los derechos de los periodistas.
El sábado 14 de marzo, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) presentó una denuncia ante la SIP por agresiones y ataques contra medios de comunicación y periodistas en Bolivia. Desde octubre de 2008 se han contado 46 agresiones por parte de personas anónimas o grupos de choque afines al Gobierno. La demanda incluye el escarnio público perpetrado por Evo Morales contra un editor de La Prensa .
El lunes 16, la SIP denuncio que Bolivia se encuentra entre los países que más atacan a la prensa en la región y rechaza los ataques sufridos por los periodistas bolivianos.
Tras conocerse la demanda penal formulada por Evo Morales contra La Prensa, entre el 12 y 13 de abril, en los mismos horarios, Morales Peña y Ramírez recibieron llamadas telefónicas intimidatorias vinculadas al caso de contrabando en Pando.
“Dile a ese cabrón que deje de investigar y publicar mentiras. Lo estamos siguiendo y lo vamos a matar”, señalaba la persona anónima que llamó a familiares del Jefe de Redacción.
El directivo del periódico presentó una denuncia formal ante la Fiscalía, la que ordenó una investigación policial del caso, aunque hasta el momento no arrojó resultados sobre los responsables de la intimidación.
Morales Peña denunció que las amenazas de muerte continúan, por lo que solicitó al Gobierno, a través de una carta, garantías para el trabajo de los periodistas de La Prensa.
Sin embargo, a la fecha, el Ministerio de Gobierno no ha enviado a efectivos policiales para resguardar el edificio del periódico ni los domicilios de los afectados.
Reunión con el Presidente
Tras la denuncia de la SIP, el Primer Mandatario desafió a dicho organismo a visitar Bolivia para investigar las acciones contrarias a su Gobierno que, según la autoridad, llevan a cabo los medios de comunicación y los periodistas bolivianos, a quienes identificó como sus “principales enemigos”. Después de la denuncia de La Prensa, Morales resolvió no dar más conferencias de prensa a los periodistas bolivianos y sólo hacerlo con los reporteros extranjeros.
Santos Calderón aceptó la oferta y pidió una reunión formal con el Presidente en La Paz, la que se llevará a cabo el miércoles 27.
El Presidente se reunirá con el presidente de la SIP, Enrique Santos Calderón, para abordar temas relativos a la libertad de expresión en Bolivia.
“Estoy muy satisfecho de que el presidente Morales haya aceptado recibirnos, pues queremos oír sus puntos de vista y expresarle nuestras preocupaciones sobre la situación de la libertad de prensa en Bolivia”, informó Calderón en un comunicado divulgado por esta organización.
La SIP hizo referencia a un juicio promovido por Morales contra el diario La Prensa por los presuntos delitos de “desacato, calumnias e injurias”, y a un decreto, emitido ayer por el Ejecutivo, que obliga a los medios escritos y audiovisuales a destinar un espacio editorial a sus trabajadores afiliados a sindicatos y federaciones de prensa para que puedan emitir sus opiniones.
Fuente: Diario La Prensa
