n contra del canal de televisión Globovisión y otros medios privados en ese país.De acuerdo con la información recibida, el 4 de mayo de 2009 Globovisión trasmitió –antes de ser emitido el reporte oficial correspondiente–, una noticia sobre un sismo que afectó algunos lugares de Venezuela. Durante la trasmisión, el director del canal señaló que no tenía reportes sobre la existencia de daños graves y criticó el hecho de que no se hubiere dado oportunamente información oficial. Notas sobre el sismo se repitieron varias veces durante el día. Luego de esta noticia, las más altas autoridades de Venezuela, han acusado públicamente a los medios privados, especialmente a Globovisión, de acudir al "terrorismo" y al "discurso de odio" con "fines desestabilizadores". Asimismo, importantes autoridades exhortaron a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CoNaTel), a imponer las más drásticas sanciones a Globovisión.
El 7 de mayo de 2009, CoNaTel, entidad del Poder Ejecutivo nacional, abrió un procedimiento administrativo a la empresa Globovisión, al considerar que la información suministrada al público con ocasión del sismo podría "generar alarma, temor, zozobra o pánico entre la población, produciendo en los individuos un sentimiento de que están en peligro y desprotegidos" . Esta investigación se suma a dos investigaciones anteriores abiertas contra Globovisión por la trasmisión en directo de declaraciones en vivo de terceras personas ajenas al canal. Según información suministrada por el Estado, estas investigaciones ya estarían en etapa de decisión. Estos procedimientos podrían conducir a la revocatoria de la licencia del canal por la aplicación de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión.
En oportunidades anteriores, los relatores para la libertad de expresión de la ONU y de la OEA han recordado a las autoridades su obligación de respetar la libertad de expresión en los medios de comunicación y en las emisiones de radio y televisión y, en particular, la independencia editorial de los medios de comunicación. En este sentido, se ha señalado que, en una democracia, la crítica, la oposición y la contradicción, deben ser toleradas como condición del principio de pluralismo, protegido por el derecho a la libertad de expresión. La labor de las autoridades es la de crear un clima en el cual todas las personas puedan exponer sus ideas u opiniones sin miedo a ser perseguidos, sancionados o estigmatizados.
En la presente oportunidad, La Rue y Botero manifestaron su preocupación frente a la existencia de declaraciones de las más altas autoridades del gobierno, que generan un ambiente de intimidación en el cual se ve seriamente limitado el derecho a la libertad de expresión. Al respecto, recordaron que las autoridades tienen el deber de hacer cumplir la ley y el derecho a responder las críticas que consideran injustas o engañosas. Sin embargo, los funcionarios públicos, especialmente los que ocupan las más altas posiciones del Estado, tienen el deber de respetar la circulación de informaciones y opiniones, incluso, cuando éstas son contrarias a sus intereses y posiciones. Asimismo deben promover la tolerancia y la diversidad de ideas y opiniones.
Finalmente, los relatores para la libertad de expresión de la ONU y de la OEA hacen un llamado al Estado de Venezuela a mantener la plena vigencia del derecho a la libertad de expresión establecido en instrumentos internacionales adoptados por el Estado y a proteger de manera adecuada las garantías internacionales en los procesos que se adelantan contra los medios de comunicación privados y, en este caso, contra Globovisión. En este sentido, los Estados deben garantizar que los procesos administrativos o las facultades regulatorias no impliquen actos de censura indirecta motivados por la línea editorial del medio.
Venezuela rechaza el pronunciamiento
El gobierno de Venezuela rechazó, por carecer de fundamentos, las opiniones emitidas por los relatores de la libertad de expresión de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y consideró inadmisible que se usen agencias de esos organismos multilaterales para atacar a los Estados miembros.
El embajador venezolano ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), Jorge Valero, aseguró que los relatores Frank La Rue (ONU) y Cecilia Botero (CIDH-OEA) tienen una versión muy limitada acerca del abultado expediente de violaciones legales y constitucionales que ostentan algunos medios de comunicación en Venezuela, muy particularmente algunos canales de televisión, informó la Cancillería venezolana mediante una nota de prensa.
Calificó como insólito que dichos funcionarios utilicen los altos cargos que las han confiado las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA) para dar versiones parcializadas con el propósito de favorecer intereses privados que tienen como práctica sistemática promover la violencia y la desestabilización en Venezuela.
A continuación las declaraciones del embajador Jorge Valero:
Sin ninguna sorpresa recibimos el comunicado firmado por el Sr. Frank La Rue, Relator de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y de Expresión, y la Sra. Catalina Botero, Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos, en el que manifiestan su opinión sobre la libertad de expresión en Venezuela.
De igual manera no nos extraña que el relator Frank La Rue, emita un cuestionable respaldo a un procedimiento, estrictamente apegado a la ley, adoptado por el Gobierno Nacional sobre Globovisión.
No es la primera vez que se arremete contra nuestras instituciones democráticas. El pasado mes de abril, en una conferencia dictada en la Universidad Católica Andrés Bello, dirigida por uno de los más radicales opositores al Gobierno Bolivariano, La Rue sostuvo que los partidarios del Presidente Chávez son “turbas desafectas”, lo que configura un claro insulto al pueblo venezolano.
En ese sentido, debemos puntualizar lo siguiente:
Rechazamos y condenamos el uso del nombre de instituciones como la ONU y la OEA, para atacar a los Estados Miembros, mientras se defiende a monopolios privados, habituados al abuso de poder y a la violación de los derechos humanos, a través del uso arbitrario del espacio radioeléctricos, que es propiedad pública, obteniendo ganancias multimillonarias difundiendo la mentira, inculcando valores contrarios a los intereses de la nación, corrompiendo la conciencia de niños y jóvenes, conspirando contra la democracia venezolana y favoreciendo intereses transnacionales.
Sin ninguna prueba, sin ninguna consideración y respeto hacia un Estado Miembro, como lo es la República Bolivariana de Venezuela, se emiten pronunciamientos sin fundamento y parcializados.
Algunos canales de televisión, entre ellos, Globovisión, han participado activamente en golpes de estado; en la promoción de la violencia, del magnicidio; en el irrespeto a mandatarios extranjeros que han visitado a Venezuela; en la transmisión de noticias falsas con claros propósitos orientados a desestabilizar a la democracia venezolana; en insultos y descalificaciones contra el Presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías.
Es insólito que estos voceros, en vez de llamar la atención a estos medios de comunicación, que practican el terrorismo mediático y transgreden de manera reiterada los principios consagrados en el Sistema Interamericano y Universal sobre la libertad de opinión y expresión, “muestren preocupación” por las acciones que adelantan las autoridades venezolanas en resguardo de dichos principios.
Más grave aún, es que se dediquen a descalificar las acciones que adelanta el estado venezolano, que actúa apegado - en forma estricta – a la Constitución de la República y a la legislación internacional que rige el ejercicio de los Derechos Humanos, en particular la Libertad de Opinión y Expresión.
De acuerdo con nuestra Constitución y la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, que rige el uso del espacio radioeléctrico, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CoNaTel) tiene la obligación de velar para que estos medios promuevan los valores fundamentales de la paz, la convivencia y la fraternidad entre todos los venezolanos y venezolanas.
El gobierno bolivariano respeta, como ningún otro en la historia nacional, el ejercicio de la Libertad de Opinión y Expresión. La crítica en contra de funcionarios públicos a todos los niveles, incluyendo al propio Presidente Hugo Chávez Frías, se ejerce en forma expedita y amplia en los medios de comunicación.
El gobierno venezolano entiende que la crítica y la contradicción son componentes esenciales de la vida democrática. Debe distinguirse, sin embargo, entre el ejercicio legítimo del derecho a la crítica, a la ilegitima practica de la desestabilización de las instituciones democráticas.
En consecuencia, el Gobierno revolucionario está obligado a respetar y hacer respetar el normal funcionamiento de las instituciones democráticas.
En Venezuela la democracia no es formal, tiene un profundo contenido social, moral y humanitario. Eso se expresa en los indicadores sobre desarrollo humano que difunde el PNUD y en indicadores sobre la medición de la desigualdad. Además, Venezuela es uno de los países menos afectados por la crisis actual, pues su gobierno tomó previsiones para proteger el bienestar de nuestro pueblo.
El gobierno bolivariano, por lo tanto, rechaza de la manera más enérgica y categórica, el referido Comunicado de Prensa suscrito por el Relator de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y Expresión, Frank La Rue, y la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Catalina Botero.
Asimismo rechaza la agresión de La Rue al opinar irresponsablemente sobre el procedimiento iniciado, en torno a Globovisión.
En ese sentido, el Viceministro para América del Norte y Asuntos Multilaterales, y Representante Permanente ante Naciones Unidas, Embajador Jorge Valero, se está dirigiendo a las autoridades de ONU y OEA, para ponerlos en conocimiento de la situación y dejar firmemente asentada la protesta del Gobierno venezolano sobre las declaraciones de los aludidos funcionarios internacionales.
Fuente: Agencia Bolivariana de Noticias y EFE
