Existen fundadas razones para alertar sobre las graves implicancias que el proyecto de ley de contenidos audiovisuales presenta para la democracia en la Argentina, a la luz de la experiencia de legislaciones similares en países como Venezuela.
Por: Luis Pardo Sáinz*
El 3 de mayo se celebró el Día mundial de la libertad de expresión, fecha instituida por las Naciones Unidas en 1993, para conmemorar este derecho fundamental tan importante y esencial para la democracia.
La Asociación Internacional de Radiodifusión -AIR- en ocasión de su Consejo Directivo celebrado en Washington el 4 y 5 de mayo, conmemoró la fecha en una breve pero significativa ceremonia, que contó con la presencia del Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza. En su discurso, el Secretario General reconoció importantes avances en la materia, entre los que se cuenta la despenalización de ciertas figuras delictivas como la difamación y el desacato y la legislación en varios países para garantizar el acceso a la información pública, aunque también lamentó que no todos los estados de la región hayan experimentado iguales avances.
Posterior a la ceremonia, el Secretario General y la Relatora Especial de Libertad de Expresión, Catalina Botero, sostuvieron una reunión privada con el Consejo Directivo de la AIR, para escuchar los planteamientos de algunos delegados cuyos países experimentan complejas amenazas a la libertad de expresión, tanto como derecho fundamental de todo ciudadano, como en la labor que los medios de comunicación social desempeñan para que este derecho individual tenga el alcance y trascendencia propios de la sociedad contemporánea.
La AIR valora el interés e importancia de la OEA y sus autoridades en la promoción y defensa de la libertad de expresión, especialmente la labor de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tribunal que ha dictado recientemente una importante sentencia frente a la violación de los derechos de trabajadores y directivos de Radio Caracas Televisión.Dicho fallo estableció que los encendidos discursos del presidente venezolano y otras altas autoridades de su gobierno en contra de los medios de comunicación independientes tienen una la clara incidencia en la vulneración de la seguridad física y moral de quienes son constantemente aludidos y agraviados por el oficialismo.
Lamentablemente, las recomendaciones de la Relatoría especial de libertad de Expresión y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y las sentencias del máximo tribunal hemisférico son despreciadas por un gobierno que ha capturado la institucionalidad de su país -Chávez controla los tres poderes del Estado y les da instrucciones por televisión- y que no tiene ningún respeto por el sistema interamericano de protección de derechos humanos. El oficialismo controla en Venezuela más de 300 estaciones de radio, 36 canales de televisión y usa todo el poder del Estado para amedrentar a los medios independientes que quedan, incluyendo el uso de la pauta publicitaria oficial para premiar y castigar, entre otras formas de presión.
Parte importante de este proceso de deterioro institucional y la consiguiente degradación de la democracia y la libertad de expresión en Venezuela se explica por reformas legislativas como la Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión de 2004 y las reformas del Código Penal en 2005, que incrementó las penas y tipificó nuevos delitos de desacato, difamación, instigación, ultraje y calumnia, contrariando todas las recomendaciones y estándares internacionales en la materia.
La AIR tiene por tanto fundadas razones para alertar sobre las graves implicancias que el proyecto de ley de contenidos audiovisuales presenta para la democracia y la libertad de expresión en Argentina, a la luz de la experiencia real y concreta de legislaciones de similar inspiración y propósitos. El discurso trasnochado de la oligarquía y el imperialismo no es argumento suficiente para generar el peor de todos los monopolios, que es el ejercido por el Estado cuando se le facilitan las condiciones necesarias para incidir en la línea editorial y los contenidos de los medios independientes y cuando bajo el pretexto de fines comunitarios, se construye una gigantesca red de medios, en apariencia diversa, pero que termina obedeciendo a una sola voz y sirviendo a una única tendencia ideológica.
Esperamos y proponemos un debate serio y fundamentado, en el cual prevalezca la racionalidad por sobre el slogan y en el que participen todos los sectores de la sociedad.
*Presidente de la Asociación Internacional de Radiodifusión
Imagen: Horacio Cardo
Fuente: Diario Clarín