“El Gobierno Nacional impulsa una nueva Ley de Radiodifusión p
rincipalmente para enfrentar al Grupo Clarín y subsanar lo que considera fue un error del pasado, como la autorización, durante el gobierno de Néstor Kirchner, de la fusión de dos de las empresas de cable más grandes del país (sobre las que Clarín pasa a tener la mayor parte del paquete accionario)”. Lo dijo el presidente de UNO Medios, Daniel Vila, en un debate que tuvo lugar en la Universidad de Congreso y que se centró en la nueva Ley de Radiodifusión impulsada por el oficialismo.La mesa de discusión estuvo compuesta además por Walter Burzaco, presidente de la Asociación Argentina de Televisión por Cable, y Silvana Giudici, diputada nacional por la UCR y presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados de la Nación.
La charla, que pretendía ahondar en la problemática actual de los medios de comunicación y el avance de nuevas tecnologías, suscitó diversas opiniones sobre el tema. Sin embargo, los exponentes coincidieron en lo inapropiado de la iniciativa oficial que, en definitiva, se traducirá en una “desmesurada intromisión del Estado en la actividad de los medios coartando la libertad de expresión y el pluralismo”. Esto además de desalentar las inversiones de empresarios locales en el país y, como expresó Burzaco, “atomizar las industrias perjudicando a los pequeños operadores de cable, concentrando los servicios en manos de grupos extranjeros”.
“Hay cuatro proyectos similares en el Congreso y nunca fueron tratados. Luego de la temible confrontación que el Ejecutivo tuvo con los medios después del conflicto agropecuario, surge la necesidad imperante de hacer una nueva Ley de Radiodifusión. Esto revela que la iniciativa oficial es un traje a medida para algunos pero que pretende destruir a otros”, sintetizó la legisladora Giudici.
Opinión
Walter Burzaco, Presidente de la Asociación arg. de Televisión por Cable
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual terminará afectando seriamente a la televisión por cable, una industria que en nuestro país fue el motor de la inclusión de los pueblos en la sociedad de la información y que va perfeccionando el acceso a la sociedad del conocimiento, mediante la provisión de nuevos servicios como internet.
Sólo por mostrar algunas cifras: hay más de 600 señales locales, un millar de productoras independientes y, además, la televisión por cable tiene 14.000 empleados directos. Además, la industria está integrada por 700 pymes con inversiones para el territorio.
Considerando esto es imposible analizar una nueva ley si el texto presentado altera las regulaciones en materia de telecomunicaciones, en beneficio de los monopolios telefónicos y en perjuicio de la televisión por cable. Una nueva ley no debe significar la destrucción de la industria.
La radiodifusión y las telecomunicaciones tienen marcos regulatorios muy diferentes entre sí, y los condicionamientos puestos en la nueva propuesta para que ingresen las telefonías al mercado del cable nunca se implementaron, si bien son exigibles hace varios años.
Por eso, la nueva ley incrementará la concentración de los medios con la consiguiente disminución de la competencia perjudicando a las pequeñas y medianas empresas que ofrecen servicios de cable.
Todo ello frenará la inversión cuando todo sea un monopolio de capitales extranjeros afectando la identidad nacional y las culturas regionales.
La Ley atomizará a los medios de prensa
Daniel Vila, Presidente de UNO Medios
E
l Gobierno Nacional impulsa esta ley por dos motivos: el principal, su pelea con el Grupo Clarín, intentando subsanar lo que considera un error: autorizar la fusión de las dos empresas más grandes de cable como son Multicanal y Cablevisión, parte de ese grupo de medios.El segundo motivo es la cantidad de compromisos que tiene con algunas organizaciones intermedias. La ley tiende no sólo a producir un proceso de desconcentración, sino que va a atomizar los medios generando actores más débiles y por tanto más fáciles de influenciar.
A las inseguridades jurídicas que históricamente arrastra la Argentina, le agrega una mayor al ir contra los medios que tienen que ver con la libertad y el pluralismo. Además, contiene una desproporcionada ingerencia del Estado sobre la actividad que ni siquiera tenía la ley dictada en la época de la dictadura militar e incorpora el “estado de censura tácita permanente” porque el Gobierno se reserva el derecho de rever las licencias cada dos años.
Presenta irregularidades discrecionales como el artículo 40, que establece que puede otorgar una licencia para funcionar o no, según otras actividades que tiene el solicitante o puede obligar a desinvertir a alguien si lo considera necesario.
En síntesis, el proyecto del oficialismo no tiende a regular la radiodifusión sino a destruir un sistema de medios que si bien no es perfecto y necesita una legislación, es plural, democrático y republicano. Entre otras cosas, le ha permitido a Cristina y Néstor Kirchner llegar al Gobierno Nacional hoy y expresarse”.
Comienza a estar amenazada la libertad de expresión
Silvana Giudici, Comisión de Libertad de Expresión de Diputados de la Nación
Como en toda Latinoamérica, en Argentina también comienza a estar amenazada la libertad de expresión y esto lo consigna no sólo la oposición, sino también organismos internacionales que ven en el ataque del Gobierno Nacional a los medios un incipiente intento de modificar las reglas de juego.
Hace falta una nueva política de medios pero esa política de Estado no se puede basar en una norma surgida para destruir a algunos.
Esta política de medios necesita antes de tres leyes fundamentales: regular la publicidad oficial que el Ejecutivo distribuye de manera arbitraria; una ley de acceso a la información pública, y dictar leyes de protección periodística como despenalizar el delito de calumnias e injurias.
En el 2005 presentamos un proyecto que nunca se trató y en el Parlamento, hay cuatro iniciativas similares que pasaron por la misma situación. Pero cuando aparece el conflicto con el campo comienza una etapa de confrontación absoluta con los medios de comunicación, entonces aparece el anuncio para modificar la ley. El borrador que circula hoy por los foros, pero que no está en el Congreso, es un traje a medida para algunos y va destinado a destruir a otros. Fundamentalmente establece un férreo control del Estado sobre las empresas periodísticas.
Esto queda demostrado en el primer artículo donde se establece que el Comfer dependerá del secretario de Medios, un funcionario político que distribuye la publicidad oficial, y está muy mal que la autoridad de aplicación dependa directamente del Gobierno.
En la foto: Walter Burzaco, Daniel Vila y Silvana Giudici expusieron sus ideas en la Universidad de Congreso
“Es una extorsión a los medios”
Así calificó Silvana Giudici, titular de la Comisión de Libertad de Expresión del Congreso nacional, al proyecto oficialista de la Ley de Radiodifusión. Fue tras el debate con empresarios en Mendoza.
Por: Gabriela Valdés, gvaldes@diariouno.net.ar
Cada uno tiene su caballito de batalla: el Gobierno asegura que quiere garantizar la pluralidad de voces, la oposición dice, en cambio, que se ataca esa pluralidad, y los representantes de empresas de comunicación sostienen que el proyecto de radiodifusión que pretende imponer el
kirchnerismo es un ataque al mercado y a la libertad de expresión. En esa firme puja hay espacios donde el debate surge con fuerza e intenta despejar los nubarrones en torno a la idea de modificar la ley 22.285, que regula los medios masivos de comunicación desde 1980 y que lleva las firmas de Jorge Rafael Videla, José Martínez de Hoz y Albano Harguindeguy.Uno de esos espacios se abrió el viernes en la Universidad de Congreso (NdE: Propiedad de Daniel Vila). Allí, empresarios de medios de comunicación, legisladores y académicos analizaron algunos puntos de la iniciativa del Ejecutivo nacional, bautizada como Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA).
El titular del ComFeR, Gabriel Mariotto, ha dicho que “la idea es que no se permita la conformación de monopolios. La propuesta habilitaría a empresas de servicios públicos, cooperativas y otras organizaciones sin fines de lucro”. Sin embargo, los detractores señalan que “la nueva norma pondrá de rodillas a los periodistas” o, como sintetizó en entrevista con Diario UNO Silvana Giudici, diputada nacional de la UCR y presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión del Congreso Nacional: “Tal como está ahora, el borrador del proyecto parece ser una simple extorsión a los medios: ‘Yo avanzo con la ley si vos te portás mal y tu línea editorial va en mi contra, o... puedo cajonearla o hacerla menos restrictiva si tu línea editorial es favorable al Gobierno’”.
Nadie pasa por alto que Cristina y Néstor Kirchner anunciaron que enviarían el proyecto cuando se desató la batalla contra el campo y en claro enfrentamiento con el Grupo Clarín, al que habían favorecido en 2007 cuando el ex presidente autorizó la fusión de Cablevisión y Multicanal, transformándolo en el operador de cable más importante de la Argentina.
Antes de regresar a Buenos Aires, Giudici profundizó ayer sobre el contexto en que se da la discusión sobre la oportunidad de una nueva Ley de Radiodifusión.
Antes que nada… ¿hay posibilidad de un debate honesto del tema? La pregunta es porque el Gobierno es parte, porque tiene una pelea muy fuerte con Clarín. Y por otro lado la oposición siempre va a ser parte porque se enfrenta a los intereses del Gobierno…
Siempre va a ser difícil tratar una ley de radiodifusión, porque modificar un esquema que durante 25 años se ha ido emparchando y ha permitido determinadas situaciones siempre va a ser complicado. En cuanto a la oposición, tenemos proyectos, no nos oponemos porque no nos queremos pelear con los grupos de medios, estamos diciendo ‘ésta es nuestra propuesta’. Creemos que tiene que haber una transición donde las licencias vigentes se vayan renovando a medida que vencen. Pero la propuesta del kirchnerismo es que en un año todas las licencias se tienen que terminar. No considera ningún tipo de derecho y es una señal muy difícil para los que hoy detentan licencias de comunicación y los que deban invertir en el futuro en canales, radios y demás. Hago un paralelismo con lo que está pasando en América Latina, con lo que Hugo Chávez propone en Venezuela con un criterio de auditoría permanente sobre las licencias de comunicación. (Rafael) Correa (en Ecuador) y Chávez pretenden legislar desde el Unasur leyes mordaza contra los medios de comunicación. El clima en la región está bastante complicado en materia de comunicación y esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de legislar.
¿Dónde está el ataque a la libertad de expresión en este proyecto del Gobierno?
Creo que si se plantea un nuevo esquema y lo que se dice es que en un año todos se tienen que adecuar al nuevo esquema, muchos medios que hoy expresan de alguna manera la pluralidad informativa van a tener que desinvertir, van a tener que adecuarse al nuevo régimen. Pero además atenta contra la libertad de expresión porque ésta no es una ley para desconcentrar como dice el Gobierno, es una ley que va a generar nuevos monopolios. En vez de generar más pluralidad y desconcentrar, lo que va a pasar es que al ingresar las empresas de servicios públicos al esquema de radiodifusión rápidamente tendrán posición dominante y competirán no con los medios chicos sino con los grupos que hoy existen; el próximo esquema va a ser de grandes grupos concentrados. Los pequeños no van a poder sobrevivir si la competencia se da entre las telefónicas y los grupos de hoy. Nosotros planteamos un esquema de desconcentración, hacemos una segmentación y una reserva de espectros en FM y en AM también para las radios comunitarias y para las radios de baja potencia. Las emisoras que nacieron sin regulación fueron obteniendo permisos precarios, y el ComFeR debería tomar estas radios y blanquear su situación. Ésa sería una medida para garantizar la libertad de expresión, y no que después de sancionada la norma el ComFeR pueda revisar a algunas radios y limitar a otras. En la ley no está claro cómo se va a utilizar el espectro, que hoy está colapsado. La ley tiene artículos que les va a permitir elegir quiénes son los postulantes y evaluar quiénes son los que tengan licencia. Esto debe quedar en la norma establecido y no que se sancione la ley sin un criterio claro y que después ellos puedan ajustar según sus intereses. Eso sí va en contra de la libertad de expresión.
¿Cómo se protegería esa libertad según usted?
Para favorecer y proteger la libertad de expresión en un país no sólo hay que regular la radiodifusión sino que tiene que ver también con publicidad oficial, con acceso a la información y con leyes de protección periodística. A un año de que la Corte dictara un fallo obligándonos a despenalizar las calumnias e injurias, en Argentina todavía miramos para otro lado. Estoy de acuerdo con que hay que ir a un esquema desconcentrado en Argentina, pero si ese esquema lo que hace es fragmentar y crear medios débiles que no pueden sostenerse y que dependan de la dádiva del gobierno de la publicidad oficial, entonces el largo brazo del Estado va a intervenir en toda la matriz de medios en Argentina y es probable que de esa manera sólo haya un relato, y eso altera la objetividad de la información.
Pero hace mucho tiempo que la gente busca o arma su propio universo de información, el lector busca su propia fuente, la pluralidad en el consumo de la información ya se practica. Lo que se ataca aquí parece ser el mercado, el negocio.
Ése es el punto que queremos aclarar. La ley no sólo regula régimen de licencia, también regula derechos sociales. Es cierto que en el nuevo paradigma de la comunicación hay múltiples receptores, múltiples emisores, los receptores son a la vez emisores. Pero esta ley no refleja eso. No se puede atacar a los medios de comunicación generando inseguridad jurídica porque tienen que coexistir los medios grandes, los medios privados, los pequeños, los de baja potencia. No se entiende por qué a los pequeños que durante años han hecho una importante labor social no se los reconoce desde hoy. La verdad es que no está claro, la ley es confusa en su intención. Pareciera que la ley es para atacar a alguien, y en realidad con eso ataca a todos. Los operadores de cable están en contra de la ley, la televisión abierta está en contra, las radios privadas están en contra. Y quiero alertar a las radios comunitarias, que piensan que van a estar contempladas, de que están equivocadas, porque cuando se haga la división de espectros ellas no van a tener cabida. Deberían obligar al Comité Federal de Radiodifusión a que les otorguen sus licencias ahora.
Fuentes: Diarios Uno, Santa Fe; Uno, Mendoza; Uno, Entre Rios y La Capital
