La lucha por el relato: del Informe MacBride a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual

El debate por la Ley de Servicios Audiovisuales dio pie en nuestro país a una “guerra cultural” en la que no faltaron ajustes de cuentas o ataques personales. Pero el significado de la libertad de expresión en una época de concentración económica privada es crucial, como lo demostró un informe del irlandés Sean MacBride que la Unesco aprobó en 1980
Por: Carlos Gabetta*
El debate mundial sobre los medios de comunicación, el derecho a la información, la concentración monopólica, el papel del Estado, los periodistas y la participación ciudadana, lleva algo más de un par de años instalado en Argentina. Concretamente desde 2009, cuando comenzó a discutirse la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual -más conocida como “Ley de Medios”-, presentada por el Poder Ejecutivo y aprobada por el Congreso.

Este asunto, vital para cualquier sociedad moderna, excedió entre nosotros los límites de una lógica batalla de intereses económicos y políticos, para transformarse en una guerra de bandos politicos munidos de fuerte artillería económica, en la que no faltan los ajustes de cuentas y ataques profesional-personales en el mejor estilo nac&pop, del que por cierto ninguno de los bandos se priva.

Control y crisis. Sin embargo, el debate sobre el significado y la aplicación de la libertad de expresión en una época de concentración económica privada y de pérdida de poder e influencia de los Estados sobre sus sociedades, es de una enorme trascendencia. El control de medios cada vez más poderosos en pocas manos y su articulación con la economía y la política coincide con otro fenómeno contemporáneo: la crisis capitalista reproduce las crecientes desigualdades económicas en los niveles educativos: mejor educación (aunque menos cultura, en sentido clásico) para élites cada vez más estrechas, y empobrecimiento educativo, cuando no analfabetismo liso y llano, para capas cada vez más amplias de la población. El desmantelamiento de los Estados desde el período neoliberal acentuó esta tendencia, incluso en las sociedades más avanzadas.
En este marco, la explosión tecnológica y productiva, que pone a disposición de un público cada vez más amplio una gran variedad de soportes informativos –de cuyos contenidos es más que permitido dudar que resulten de interés ciudadano– otorga a los dueños de esos medios, ya pertenezcan al sector privado o a un gobierno que hace uso propio de los medios del Estado, un poder que excede el de la mera información.
Deteriorado el espacio educativo que otorga sentido crítico a los ciudadanos, y vulgarizada la información –que muchos periodistas ofrecen mezclada con criterios de “entretenimiento” y hasta con publicidad–, los medios han devenido algo así como el Oráculo de estos tiempos. Sólo que en lugar de revelar los misterios del universo, como entre los caldeos, obran ahora el portento de ocultar todo problema, toda pregunta, todo futuro, tras un manto de trivializaciones, escamoteos y medias verdades, cuando no falsedades absolutas puestas al servicio de intereses económicos y/o políticos de sector. El papel de los medios y su imbricación con la política partidaria e incluso con el Estado en la Italia berlusconiana resulta un ejemplo perfecto, abundante por cierto en similitudes con la situación local.

El Informe MacBride. Por eso es interesante reflotar, para comparar intenciones, reacciones y resultados, un antecedente internacional. En 1977 la Unesco encargó un estudio planetario sobre “Problemas de la comunicación” al Premio Nobel de la Paz irlandés Sean MacBride, quien formó una Comisión ad hoc de la que participaron, entre otros, el fundador de Le Monde, Hubert Beuve-Mery; el sociólogo canadiense Marshall MacLuhan y Gabriel García Márquez.
Las conclusiones y propuestas del “Informe MacBride” fueron aprobadas por la Unesco en 1980. De inmediato se desató una grave crisis en la institución: el africano Mathar M’Bow, uno de los apoyos de MacBride, fue relevado de su cargo de director general; en 1984, Ronald Reagan retiró a Estados Unidos de la organización, a la que no regresó hasta 2003, cuando todas las recomendaciones de la Comisión habían sido prácticamente olvidadas. Que un informe sobre comunicaciones precipite semejante crisis en un gran organismo internacional da la pauta de la importancia económica y política del tema.

Conviene por lo tanto repasar algunas de las conclusiones y propuestas del “Informe”:

• Reivindica el derecho de todos los países y sociedades a acceder a nuevas tecnologías y a informarse e informar.
• Afirma el derecho de los Estados (no de los gobiernos) a disponer de medios de comunicación y su deber de ponerlos a disposición de las organizaciones ciudadanas (universidades, sindicatos, movimiento cooperativo, vecinal, ONGs, etc.) para contrapesar el poder de las grandes corporaciones.
• Propone estrictas medidas de control internacionales sobre los monopolios, ya que la concentración de medios atenta contra la libertad de información.
• Promueve mecanismos de protección para los periodistas, no sólo respecto a su seguridad física, sino también a su derecho a la independencia de criterio frente a las presiones empresarias y políticas.
• Además, propone:
• Política de comunicación para la independencia y el autodesarrollo.
• Refuerzo de las licencias para las tecnologías apropiadas.
• Nuevas tareas sociales para los medios de comunicación.
• Integración de la comunicación al desarrollo.
• Normas éticas y de integridad profesional.
• Democratización de la comunicación, como componente esencial del derecho humano.
• Refuerzo de la identidad cultural.
• Acceso a la información técnica.
• Promoción de la cooperación internacional.

El informe recomienda un “Nuevo orden mundial de la información y comunicación”, para el que fija algunas bases: impedir los monopolios; garantizar la pluralidad de las fuentes y los canales de información; respetar el derecho de todos los pueblos del mundo a participar en los flujos de información internacionales, etc. El Informe MacBride pasó al olvido, salvo en algunos medios académicos. Sus recomendaciones nunca fueron ensayadas seriamente, a menos que se ponga en la cuenta ensayos populistas como el del chavismo en Venezuela. Y la concentración monopólica en los medios, como en cualquier otro sector de la economía, no cesó de aumentar.

Una buena ley. También en Argentina, donde en 2009, cuando el Ejecutivo presentó la Ley de Medios, aún regía la “ley” promulgada por la dictadura militar en 1980, uno de cuyos artículos prohibía expresamente que las organizaciones sin fines de lucro posean o gestionen ondas de radio y televisión. El nuevo proyecto fue debatido en la sociedad y, naturalmente, en los propios medios. Luego fue aprobado por fuerte mayoría en ambas cámaras del Congreso. En general, la Ley de Medios nacional va en el sentido de las conclusiones y proposiciones del Informe MacBride, al margen de algunas omisiones y sobre todo imprecisiones. Se trata de una buena ley para el país.
Pero hay que aplicarla, experimentarla y mejorarla en el país, y allí aparece el problema. La Comisión Bicameral del Congreso con funciones de promoción, fiscalización y control, e integrada según la propia ley por la primera, segunda y tercera minorías, no existe porque la oposición se negó a integrarla. Cuatro provincias se negaron a participar del Consejo Federal, la “autoridad de aplicación” de la ley. Ante la Justicia, y entre otros del tipo, en Córdoba se presentó un recurso de amparo alegando que el movimiento cooperativo sería competencia desleal porque no paga impuestos a las ganancias; una pretendida limitación que de aplicarse a todos los rubros de la economía dejaría fuera de combate al cooperativismo.
La oposición política que votó contra la ley decidió no acatarla. Los medios de comunicación que se consideran afectados eluden el debate y traban la aplicación de la ley, ganan tiempo, mediante estratagemas leguleyas. El Gobierno, por su parte, hace un uso escandaloso de los medios del Estado y de los recursos del presupuesto para el rubro, además de avanzar en el armado de un monopolio propio.Así, la aplicación de la ley se desluce y demora; su espíritu se pierde en la maraña de una polarización política en la que todos y ninguno tienen razón y en la que en ningún bando están todos los que son ni son todos los que están.
La política nacional en estado puro.
*Periodista y escritor. Ex director de Le Monde Diplomatique, edición Cono Sur
Fuente: Diario Perfil