La siguiente nota la publicó el UNO Santa Fe,
pero también lo hicieron UNO Mendoza, UNO Entre Ríos y La Capital de Rosario. Algún juez de Santa Fe debe estar pensando que se traen entre manos...Un nuevo fallo judicial que rescata la libertad de expresión
El juez Sergio Torres desestimó una demanda penal contra el director de la revista Veintitrés por considerar que se puede lesionar “el derecho constitucional de los ciudadanos a estar informados”
Un nuevo fallo se sumó a la lista de pronunciamientos judiciales en defensa del ejercicio periodístico y la libertad de expresión. La resolución lleva la firma del doctor Sergio Torres, titular del Juzgado Federal Nº 12 con sede en la ciudad de Buenos Aires. El magistrado intervino en una causa donde Diego Saraceni, editor responsable y Roberto Caballero, director periodístico de la revista Veintitrés, fueron denunciados penalmente por dos personas aludidas en un informe periodístico realizado sobre el empresario Sergio Taselli. La investigación develó la compleja trama de subsidios, varios de ellos millonarios, que recibió el polémico hombre de negocios en los últimos 10 años y también la inobservancia política y judicial que lo hizo posible. La situación fue puesta en cuestión además por el diputado nacional e integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación, Carlos Kunkel.
Tanto el juez Torres, como el fiscal interviniente en la causa Gerardo Di Masi, resolvieron desestimar la demanda en contra de los periodistas y editores de la revista Veintitrés, al considerar una virtual “inexistencia de delito”.
Dice el fallo de Torres: “Debe tenerse en cuenta (…) que el delito denunciado en este legajo se da a través de una publicación periodística y entonces, el análisis de la imputación delictiva involucra el derecho de la libertad de expresión, reconocido en la Carta Magna como el derecho individual de todos los habitantes a estar suficientemente informados para opinar y tomar conocimiento de las cuestiones que suceden en la República en un momento dado y como institución democrática en tanto es garantía que protege el sistema republicano y democrático (…). En consecuencia, toda vez que no se ha acreditado la tipicidad de las conductas denunciadas en este sumario, por no reunir los elementos previstos por las normas penales para el ilícito denunciado, el suscripto concluye que en este legajo no existe una conducta delictiva que dé sustento al inicio de una investigación penal”.
Para Roberto Caballero, director periodístico de la revista Veintitrés, el pronunciamiento del juez Torres como del fiscal Di Masi se transforma en “una bocanada de aire fresco en medio de tanto clima enrarecido” y “nos sirve para ratificar que seguiremos haciendo lo que sabemos hacer: periodismo, sin ceder a las presiones, ni a la autocensura”. Una vez más, desde la justicia se interpreta el real sentido de la actividad periodística, protegida por leyes y estatutos profesionales con rango internacional con el fin de evitar acciones protagonizadas por funcionarios públicos o actores sociales vinculados con el poder con el fin de amedrentar al periodismo. Estos fallos, que basados en el antecedente generado por el caso del periodista Eduardo Kimel, que obligó la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al entender que se le estaba conculcando el derecho constitucional de informar, sientan precedentes saludables para la consolidación institucional. El fallo de Torres se inscribe en una nueva corriente entre los magistrados que entiende que el acoso judicial contra un periodista o un medio de comunicación, sólo pretende obstruir el derecho constitucional e inalienable de una comunidad a estar informada.
Opinión
El acoso judicial a Diario UNO Pilo Monzón, Director periodístico. Diario UNO, Santa Fe
Es importante rescatar el pronunciamiento del juez Sergio Torres, justo hoy, cuando culmina la Semana Internacional por la Libertad de Expresión dispuesta por Naciones Unidas.
Lo que hizo el titular del Juzgado Federal Nº 12 de Capital Federal en términos generales, es lo mismo que expresaron recientemente en sus resoluciones los jueces Osvaldo Carlos, titular del Juzgado Correccional de Primera Instancia de Rafaela, o Pablo Vírgala, titular del Juzgado Correccional Nº 1 en Paraná. A través de sus fallos dieron a entender lo dañosa que puede resultar la presión judicial sobre el periodismo cuando éste aborda la responsabilidad de funcionarios o actores sociales implicados en hechos de interés público.
Lamentablemente atacar al mensajero ha sido una constante en estos años en la Argentina.
En Santa Fe hay dos causas judiciales íntimamente relacionadas y que apuntan a construir una intolerable mordaza informativa.
La primera está vinculada con las irregularidades surgidas en el proceso de traslado del puerto de Santa Fe. En dicha operatoria está previsto el aporte de fondos públicos provinciales, nacionales e internacionales. Denuncias e interrogantes que, una vez publicados en Diario UNO, asumieron la forma de requisitoria parlamentaria impulsada por todos los bloques de la Legislatura.
Luego devino la decisión del ex gobernador Obeid de expropiar a valores históricos –y no faraónicos como pretendieron algunos visionarios inversores- los terrenos en cuestión. Gustavo Víttori, ex presidente de AdEPA, de la Bolsa de Comercio de Santa Fe y dueño del diario El Litoral, fue quien incriminó en una inolvidable solicitada publicada en el vespertino local un 21 de abril de 2007 a su propio socio; Nahuel Caputto en una acción a la que consideró censurable desde el punto de vista ético, “por haber comprado tierras de islas en las que habrán de asentarse –al menos en parte– las obras ampliatorias del puerto de Santa Fe y sus vías de acceso”.
No sólo eso, Víttori en aquella nota denominada “Puerto de Santa Fe: desafíos y obstáculos en el camino de un proyecto trascendente” dio a conocer otro dato inquietante.“Me permito expresar que la mencionada compraventa no es la única que se ha producido en la zona” (sic). Pero jamás dio cuenta de quién o quiénes habrían sido sus autores, ni mucho menos, por qué desató sobre sí “razones de violencia moral” (sic) la acción de su socio comercial y no las otras adquisiciones realizadas sobre un escenario de aportes públicos provinciales, nacionales e internacionales para trasladar el puerto.
Tras la divulgación pública de la frustrada maniobra decidió presentar una querella en contra de Diario UNO. No lo hizo, en todo caso, contra quien supuestamente vulneró su confianza, sino contra el periodista que contextualizó la situación. Gustavo Víttori, un hombre que refrendó conceptuosos pronunciamientos sobre la libertad de prensa desde Adepa ahora persigue a periodistas en los tribunales.
La segunda tiene que ver con el ex secretario de Deportes de la provincia de Santa Fe, Diego Degano.
El múltiple campeón acuático otorgó importantes subsidios a una fundación, Fundación Línea Vital, de la que era su presidente mientras ejercía el cargo público. La altruista entidad no estaba en regla desde el punto de vista administrativo y funcionaba, además, en la casa particular de sus padres. Por este tema, también se presentaron pedidos de informes, refrendados por hombres del oficialismo y la oposición de aquel entonces. A menos de 60 días de publicados aquellos datos, Degano dejó de ser funcionario público. El ex nadador, encolerizado, presentó una querella por injurias.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, a partir del caso Kimel, obligó al Estado Nacional a reformular la figura de la injuria, ya que se la utiliza con fines intimidatorios, cuando no persecutorios de los hombres de prensa.
Expuso la flagrante situación que nos ocupa: los funcionarios o los actores sociales deben responder públicamente por sus actos y no están eximidos de la crítica, o el escrutinio social y periodístico.
El propósito manifiesto de construir vallados judiciales que violentan el oficio periodístico es el peor camino.
Por eso es saludable que cada vez haya más jueces comprometidos con la defensa irrestricta de la libertad de expresión. Porque no se trata de apuntalar sólo al periodismo sino a contribuir a la generación de una sociedad inclusiva, pluralista y democrática.
Libertad de prensa Juez Pablo Vírgala: “el caso kimel es una referencia judicial”
El juez correccional Nº 1 de la ciudad
de Paraná, Pablo Vírgala, desestimó una querella por injurias que se tramitaba en su juzgado, al entender la obligatoriedad que tiene Argentina de adherir a los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Si los representantes de nuestro país reconocieron ante la CIDH que los artículos que contemplan a las figuras de calumnias e injurias son anticonvencionales y por ende anticonstitucionales, yo no puedo condenar a nadie por estos delitos”, explicó el magistrado. Vírgala declaró inconstitucional la querella por injurias iniciada por el ex gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti, contra el abogado Rubén Pagliotto por considerar que hay otras vías alternativas para accionar. En el fallo, el primero de este tipo en el país, el magistrado dejó en claro que el derecho penal es lo último que se debe aplicar.“En mi sentencia digo que si la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos condenó (en referencia al Estado Nacional), nosotros como jueces ya no podemos hacer nada. Sería muy frustrante que cada juez en América empezara a preguntarse si para su caso concreto se viola o no el principio de legalidad y si debe aplicarse o no. Los fallos de la Corte Interamericana son obligatorios y son ineludibles”, aseveró el experimentado juez. Consultado sobre los límites de la libertad de expresión el magistrado subrayó que adhiere “a los que piensan que la prensa obra como elemento de control y censura del poder y a la inversa, es decir, que el poder censure a la prensa. Esto como premisa básica. A partir de ahí sí podemos desgranar las responsabilidades que le puedan caber a quienes en cierta manera utilicen un medio de difusión como para agraviar a una persona.
De todos modos, a mi entender, desde el punto de vista penal ya no es más perseguible una persona por estas figuras a partir del fallo Kimel. Creo sí que los periodistas deberían crear una especie de tribunal de ética para ellos mismos poder controlar los excesos –aunque no me gusta la palabra exceso– de la prensa. Prefiero siempre la posibilidad de que se informe abiertamente y en forma responsable, sobre todo cuando se trata de funcionarios públicos y cuestiones de poder”, subrayó Vírgala.
Juez Osvaldo Carlos: “hay que respetar la libertad de expresión”
El juez rafaelino Osvaldo Carlos absolvió al director periodístico del diario Castellanos de la ciudad de Rafaela, imputado del delito de injurias. Dentro de los considerandos de la sentencia del magistrado, se leen párrafos que dignifican un derecho básico y fundamental de la labor periodística como es el de brindar y recibir información seria y responsable. Carlos considera que “hay que ser amplios en la interpretación de la ley cuando se presentan ese tipo de planteos” en relación a los juicios por calumnias e injurias. “En relación con las dos demandas que se han planteado en mi juzgado vinculadas con colisiones entre el derecho a la intimidad de un grupo de abogados integrantes de un estudio jurídico y la publicación de un diario, he optado por hacer prevalecer una posición en favor de la libertad de expresión de las ideas por parte de la prensa”, sostuvo el juez Carlos.
El magistrado admitió tener conocimiento de que mucha gente “está presa de algunas expresiones con las que no está de acuerdo y creen ver avasallados sus derechos a la intimidad. Pero, insisto, son temas muy delicados y hay que ser amplios en la interpretación de la ley”, subrayó. Al respecto, Carlos manifestó estar al tanto del fallo de su par entrerriano Pablo Vírgala y lo calificó de “muy interesante”. Es más, dijo que en los próximos días va a “analizarlo y humildemente cotejar la interpretación que hago yo de la legislación penal relacionado con las calumnias e injurias con las que hizo él para seguir profundizando este tema”, explicó el juez rafaelino.
“Hay muchas situaciones que se plantean a diario y en las que quizás se ingrese al terreno de la intimidad de las personas”. admite el juez Carlos. “Pero hay un momento en que las actuaciones de determinadas personas atañen o interesan a la opinión pública –todo lo que signifique representar alguna un ente público o una empresa estatal– o alguien que tenga una actuación en temas públicos. Entonces ahí la participación o la intimidad de algunas personas se ve, por decirlo de alguna manera, contaminada. Por lo que para analizar el tema necesitamos salir de la esfera privada o hay que aceptar que uno está saliendo de una actividad privada propiamente dicha”, indicó Carlos.
