"Dudo de que haya habido otra etapa donde se haya podido hablar con mayor libertad que en la etapa que me ha tocado gobernar en la república Argentina", apuntó durante el anuncio, realizado en la ESMA.
En ese sentido, desafió a "cualquier archivo" a probar que su mandato no haya sido el de mayor "libertad para hablar de las autoridades del país".
Cristina defendió "la libertad para poder decir lo que uno quiere y piensa, aún cuando sea mentira". "Yo prefiero mil millones de mentiras antes de cerrar la boca de alguien: esta es la forma en la que entiendo la libertad y los derechos humanos", agregó.
La jefa de Estado había anunciado previamente dos iniciativas vinculadas a los derechos humanos. "El envío de estas leyes acerca de la defensa de la libertad y de la identidad, en cumplimiento de tratados, nos convierten cada vez más en sujetos de derechos internacionales y del mundo que queremos vivir", aseguró.
En ese sentido, se refirió al octavo aniversario de los atentados a las Torres Gemelas, e indicó que "a tanta barbarie e irracionalidad hay que oponerle razón y respeto a la ley. La sujeción a normas de derecho internacional es el mejor antídoto al terrorismo", añadió.
El anuncio de la Presidenta fue nuevamente por cadena nacional, en el marco de un homenaje a los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que visitaron hace 30 años el país en plena dictadura militar.
Minutos antes, diputados de los bloques de la UCR, el PRO y el peronismo disidente habían realizado una propuesta similar en una conferencia de prensa conjunta en la que llamaron a "ponerle límite a este Gobierno" en su avance contra la libertad de expresión.
En las comisiones de Legislación Penal y Legislación General de Diputados hay tres proyectos de ley con estado parlamentario sobre los “delitos contra el honor”. Uno es de la Diputada Silvana Giudici, otro de la oficialista Diana Conti y el tercero de Marcela Rodríguez. El proyecto de la diputada de la Coalición Cívica, que contaría con el visto bueno de todos los bloques, no se limita a casos de interés público: propone eliminar del Código Penal las calumnias e injurias, delitos que de aprobarse su iniciativa se dirimirían sólo en el fuero civil.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) también presentó un proyecto de ley que prevé la despenalización de las figuras de calumnias e injurias para las expresiones sobre temas de interés público. El presidente del CELS, Horacio Verbitsky, explicó que el proyecto ha recibido "muy buenas respuestas por parte del gobierno, de la oposición y de todas las fuerzas con representación parlamentaria".
