El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó hoy un proyecto de ley que prevé la despenalización de las figuras de calumnias e injurias para las expresiones sobre temas de interés público.
La reforma establece modificaciones en el Código Penal y subraya que en ningún caso configurarán delito de calumnia o injurias las expresiones referidas a asuntos de interés público. Al mismo tiempo, aún para los casos en que un tribunal considere que se ha cometido alguno de estos delitos, el proyecto suprime las penas de prisión previstas en la ley actual y las reemplaza por multas.
Por otra parte, el CELS sugiere una reforma del Código Civil debido a que la proliferación de juicios civiles, con la amenaza de enfrentar sumas exorbitantes de dinero en concepto de reparación del daño al honor, compromete la libertad de expresión de periodistas y ciudadanos en general. Por esta razón, la reforma insta a los jueces a “evitar que la sanción pecuniaria impuesta desaliente la participación ciudadana en el debate de los asuntos de interés público o la labor periodística”.
El presidente del CELS, Horacio Verbitsky, explicó que el proyecto ha recibido "muy buenas respuestas por parte del gobierno, de la oposición y de todas las fuerzas con representación parlamentaria".
"La conciencia social sobre este tema a madurado mucho en los últimos años, por eso creo que la ley va a tener una aceptación unánime, como ocurrió en 1993 con la anulación de la figura de desacato", afirmó.
El proyecto presentado hoy responde a la obligación de dar cumplimiento a la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en su fallo a favor del periodista argentino Eduardo Kimel en mayo de 2008, ordenó adecuar la legislación interna para evitar que el uso de estas figuras legales afecte el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, inhibiendo la participación ciudadana o la labor periodística en el debate de los asuntos de interés público.
Con el impulso de esta reforma, Argentina tiene la oportunidad de avanzar hacia un nuevo paradigma en materia de libertad de expresión, tendiente a suprimir de la legislación de todos los países de la región el castigo penal para las manifestaciones referidas a asuntos de interés público.
Fuente: CELS
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