Descartemos lo obvio. Salvo minorías políticas o económicas decididamente reaccionarias, todos los sectores democráticos del país estamos de acuerdo en reformar la Ley de Radiodifusión vigente.
Incluso, diría, estamos de acuerdo con
los objetivos que dice perseguir el oficialismo. Pero, precisamente, son esos mismos objetivos los que nos impiden consensuar el proyecto elevado por el Poder Ejecutivo nacional.El proyecto oficialista no promueve la desmonopolización. Por el contrario, con la habilitación a las prestadoras de telefonía para operar en el negocio de la televisión por cable -el artículo 25 se refiere, textualmente, a “personas jurídicas con fines de lucro prestadoras de servicios de telecomunicaciones”- se le abre el juego a corporaciones trasnacionales con una facturación enormemente superior a cualquiera de los multimedios argentinos.
Algo que hoy les está completamente vedado. Con esto quedan en condiciones de ofrecer el llamado “triple play” (un paquete que incluye telefonía, internet y TV en un mismo servicio).
Vale la pena recordar que la prohibición vigente data de cuando Telecom y Telefónica comenzaron a actuar en la Argentina. Este punto figura en el pliego de licitación de la ex Entel: en el precio que las corporaciones pagaron por apropiarse del servicio telefónico, estaba incluida la limitación de no participar en el negocio de la televisión por cable durante 99 años.
Ahora, graciosa y gratuitamente, el gobierno kirchnerista les ofrece este negocio multimillonario por nada. Con lo cual, están superando a Menem y a María Julia en términos de entreguismo neoliberal. Y esto sí que es mucho decir.
Un significativo silencio
En febrero de este año, en Madrid, el presidente de Telefónica, César Alierta, junto al ministro Julio De Vido -que, al parecer, no hizo ninguna aclaración a pesar de la prohibición vigente- dio a conocer el plan de inversiones de 1.700 millones de pesos para este año, que incluía el desarrollo de la infraestructura para la implementación del “triple play”.
Para ello Telefónica deberá desprenderse de Telefé -de acuerdo al proyecto oficial-, un canal de aire largamente apetecido por el Grupo K de acuerdo a las ofertas que presentaron, oportunamente, Cristóbal López y Rudy Ulloa Igor.
Podría ser un moderado reconocimiento para un gobierno que le permitirá a Telefónica acceder a un negocio que supera los seis mil millones de dólares por año.
Soberanía con interferencias
Es oportuno aclarar que las supuestas limitaciones que el proyecto impone al capital extranjero son completamente eludibles. Puesto que los propios artículos 23 y 24 que las expresan, aclaran que: “La participación mayoritaria de capital de origen extranjero se permitirá a condición de que existan Tratados Internacionales en los que la Nación sea parte (...)”.
En este sentido, es ilustrativa la operación comercial (noviembre de 2004) por la cual el español Grupo Prisa compró en diez millones de dólares Radio Continental y FM Hit. Dicha compra estaba vedada por la Ley de Bienes Culturales -aprobada durante la presidencia de Eduardo Duhalde- que ya limita, desde hace algunos años, a 30% el capital foráneo en medios argentinos.
Para eludir la restricción, Prisa realizó la compra con la firma española Carsa (30%) y GLR (70%) con sede en Delaware, Estados Unidos. Esto merced a la existencia en nuestro país de un Tratado de Reciprocidad de Inversiones con EEUU.
Dicho sea de paso, hubiera sido un gesto de honestidad incluir en las notas del proyecto los tratados de este tipo actualmente vigentes.
¿Oportunidad para los nuevos medios?
Respecto a la reserva de 33% del espectro radioeléctrico a organizaciones sin fines de lucro, quiero recordar que, a fines de 2005, se modificó el artículo 45 de la ley 22.285, permitiendo a las asociaciones, cooperativas y mutuales acceder a licencias que les posibiliten operar radios y canales de televisión.
Naturalmente, la medida no produjo una gran proliferación de nuevas emisoras y canales, ya que el progresivo deterioro de la economía -y, consecuentemente, del mercado publicitario- es muy poco alentador respecto a la rentabilidad de un medio pequeño. Salvo, claro está, que cuenten con respaldo gubernamental o pautas oficiales.
Telecom despierta sospechas
La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia le dio a la empresa Telecom Italia, 60 días para vender su participación en la Telecom local. La estrategia oficial sería que la Secretaría de Comercio designe a un “desmonopolizador”, que fijará los pasos del procedimiento y, de modo indirecto, el precio de venta.
El caso es que un grupo muy poderoso está esperando quedarse con la empresa. Lo integran empresarios amigos del actual gobierno y ligados al negocio de los Aeropuertos. De hacerlo, podrán operar irrestrictamente en la televisión por cable.
Visto este escenario, aquella preocupación que inicialmente me mortificaba, de saber que la autoridad de aplicación sería la Secretaría de Medios de la Nación -quien a su vez maneja el destino de la pauta publicitaria oficial-, aparece como un mal menor.
Conclusión
Estamos ante un enfrentamiento entre distintos grupos económicos, donde el pueblo argentino es sólo un convidado de piedra. Cambiar a Telecom por Eurnekian; a María Julia por Ricardo Jaime o a Bernardo Neustadt por Horacio Verbitsky, no le sirve a la Nación.
Lo que necesita la Argentina es un Proyecto Nacional orientado al bienestar general y a la autoafirmación nacional y no a los negocios de monopolios adictos.
Fuente: Diario Los Andes
