La ex empresa del Grupo Indalo -que la abandonó para quedarse solamente con los medios nacionales: Canal C5N y Ámbito Financiero- se encuentra en concurso preventivo de acreedores desde el 16 de marzo en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 5, a cargo del juez Javier Cosentino; sin embargo, hasta el día de la fecha no hay dictamen de resolución alguna.
Por ello, un grupo de trabajadores ha avanzado en la decisión de conformar una Cooperativa de trabajo, la forma de organizarse adentro del diario viene funcionando de esa manera, y a su vez, ofrecer otros tipos de servicios de comunicación para recaudar fondos.
“Tuvimos el problema, además, que otras empresas del Grupo Indalo que inyectaban dinero en publicidad en El Patagónico dejaron de hacerlo desde hace varios meses”, expresó Mónica Baeza, Secretaria Adjunta del Sindicato de Trabajadores de Prensa de Comodoro Rivadavia, quienes vienen acompañando y apoyando el conflicto desde el primer momento. Al tiempo que agregó: “el contexto económico de la región y el país no colabora con el proceso de repunte”.
Asimismo, la dirigente gremial aseguró que “la dilación del tiempo de la justicia es un gran problema para nosotros. El gobierno de la provincia de Chubut dejó de abonar la pauta publicitaria, al igual que el municipio de Comodoro Rivadavia, entonces se está facturando la mitad de lo que se necesita para pagar los salarios y, además, las cuentas están embargadas por lo que necesitamos que la justicia se expida lo antes posible”.
“Estamos en una etapa de concientización”, sostuvo Baeza al referirse a la constitución de la Cooperativa. “En el caso de que se llegue a la quiebra, con esa figura jurídica, vamos a tener mayor legitimidad para los créditos laborales”, afirmó. Y concluyó: “estamos reorganizando el trabajo dentro del diario, siempre con la idea firme de que no vamos a hacer abandono de los puestos laborales”.
Cabe mencionar que el Grupo Indalo es propiedad de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Souza, quienes están presos por “defraudación a la administración pública”.
Fuente: FATPren
