¿El sistema interamericano de derechos humanos sobrevivirá el 25 de enero de 2012? Es la cuestión que se planteará, entre otras cosas, ese día en la reunión de embajadores del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA). Lejos de ser un ajuste administrativo, la reforma del funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aprobaría la deplorable ofensiva política de algunos Estados contra una de sus instancias, gran soporte de la defensa de las libertades públicas en el continente: la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.
"Es claro que necesitamos un nuevo sistema interamericano. La OEA ha sido históricamente capturada por los intereses norteamericanos […] Sus sesgos y atavismos acumulados la vuelven ineficiente y poco confiable”, declaró hace poco el presidente ecuatoriano Rafael Correa, promotor de la reforma. ¿Realmente? ¿Desde cuándo? La fórmula subraya, en todo caso, la dimensión política de la elección que habrá que hacer. La reforma, elaborada por un Grupo de Trabajo creado el 29 de junio 2011 por la misma OEA a petición de los Estados concernidos, se basa en tres propuestas que parecen inofensivas. Pero se trata sólo de una apariencia:
1- Se incorporaría todos los informes de las relatorías en un capítulo único del informe anual de la CIDH. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es actualmente la única que elabora su propio informe, examinando con precisión y en más de 300 páginas la situación de cada país.
2- Se asignarían recursos “adecuados, suficientes y balanceados” a cada relatoría, grupo de trabajo y unidad de la CIDH. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión también es la única que no recibe financiamiento directo de la CIDH ni de los fondos generales de la OEA, pues una de sus atribuciones es recaudar sus propios recursos, que hoy en día son superiores a los de otras relatorías.
3- Se establecería un Código de Conducta que regule la gestión de las relatorías para asegurar la coordinación con los Estados miembros. Esto podría restringir la posibilidad de que la relatoría emita comunicados sobre ciertos temas de actualidad.
Visibilidad. Financiamiento. Independencia. Pilares vitales para una institución, pilares que esta reforma intenta echar por tierra, uno tras otro. Pretender que tales recomendaciones sólo responden a la necesidad de racionalizar el funcionamiento de la CIDH no resiste el análisis.
Respecto a la primera propuesta, se sobreentendería que el detallado documento anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión sería en el “mejor” de los casos inútil, y en el peor, inadecuado. ¿Un informe anual nutrido y argumentado, valdrá menos que un resumen lapidario del estado de la libertad de informar a escala continental, que no tendría en cuenta las importantes variaciones que existen entre un país y otro? ¿Valdría menos que un resumen perdido en una síntesis general negociada entre siete relatorías con diferentes atribuciones? El método no favorece una información completa y transparente que la opinión pública considere deseable.
La incongruencia de esta primera propuesta difícilmente enmascara la perversión de la segunda. Recabando sus propias subvenciones, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión puede financiar, entre otros, su informe anual. ¿El informe representa un problema? ¡Suprimamos el financiamiento! Los Estados pagarán en la medida de sus recursos y, una parte, que se considere “adecuada”, se destinará a la molesta Relatoría Especial, que será demasiado pobre para emprender misiones en los lugares de los hechos o convocar audiencia en las cuales se encuentran funcionarios estatales con ciudadanos y ONG. ¿Eso es lo que se pretende?
Sí, si creemos en la tercera propuesta, en la que el “Código de Conducta” – cuando un reglamento de la CIDH ya se aplica– resurge como mampara de una censura real. Una relatoría, incluso empobrecida, aún puede difundir comunicados o hacer recomendaciones a los Estados miembros en caso de violaciones manifiestas de las libertades fundamentales. Aunque debilitada, todavía alza la voz. ¡Callémosla! Si estas tres propuestas o una de ellas (sobre todo de las dos últimas) son adoptadas el 25 de enero de 2012, la relatoría más joven de la OEA será la primera en morir. Sacrificada, al cabo de quince años, a los caprichos de gobiernos incapaces de distinguir la crítica del complot, una postura ideológica de una regla de derecho. Porque de eso se trata.
La neutralización, sin decirlo, del informe de la Relatoría Especial, no es producto del azar, ni de tiempo ni de lugar. La iniciativa proviene de un gobierno ulcerado porque la unanimidad se pronunció contra él, más allá de su territorio, cuando ha respondido de la peor manera a los ataques –en ocasiones injustos y extremos– de la “gran” prensa de su país. Multa exorbitante contra un diario y penas de prisión efectiva contra sus representantes, son tanto un aliciente a la autocensura, como un revés a la jurisprudencia interamericana. La Relatoría Especial sólo ha actuado para garantizar este derecho en el continente, pugnando por la despenalización de los delitos de prensa en Ecuador, y en otros países. Asimismo, desempeñaba su papel recordando a un poder ejecutivo que reivindicaba su “derecho al honor”, argumentando el delito de “injurias calumniosas”, que tal derecho también concierne a tantos periodistas, ciudadanos y representantes de ONG, con frecuencia considerados enemigos e injuriados en mensajes oficiales en cadena. En Ecuador, y en otros países.
No era necesario que la polarización que se vive en varios países de la región llegara hasta las instancias interamericanas. Peor aún, las propuestas ecuatorianas permitirían ocultar los balances de otros países, donde profesionales de la información, periodistas de medios comunitarios, defensores de los derechos humanos o simples usuarios de Internet pagan su valor con su vida. Como México, devastado en cinco años de ofensiva federal contra el narcotráfico; como Honduras, minado por la violencia generada tras el golpe de Estado de junio de 2009. A falta de la Relatoría Especial, ¿quién se preocupará en nombre de la OEA por la protección de estas víctimas?
La soberanía nacional convertida en dogma se adapta mal a una vigilancia ciudadana que ya no conoce fronteras y reclama interlocutores internacionales. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA tiene más que nunca razón de ser. Conservando su capacidad actual, los Estados miembros probarán que no temen una ciudadanía universal y adulta.
Olivier Basille, Director General de Reporteros sin Fronteras
Maria Pía Matta ,Presidenta de Amarc, Asociación Mundial de Radios Comunitarias
Benoît Hervieu, Despacho Américas de Reporteros sin Fronteras
Mensaje a la OEA
“Está claro que el derecho a la libertad de emisión del pensamiento y de prensa es básico, es incluso el más sentido, pues expresar la opinión y los disensos constituyen la esencia de la democracia, son pilares fundamentales también para la construcción del liderazgo político”. Esta es una cita del discurso del hoy presidente de la República, Otto Pérez, en el salón mayor Miguel Ángel Asturias, de la APG, cuando todavía era candidato. En esa ocasión también prometió velar por la seguridad de los periodistas y firmó un compromiso al respecto
Por: Ileana Alamilla
Le hicimos entrega de la Constitución y de la Ley de Emisión del Pensamiento, instándolo a tenerlos como guía de su actuación. Por eso hoy, en su primer día hábil al frente de un gobierno que encuentra el país destartalado, le hacemos este recordatorio; pero además le solicitamos no sumarse a los ataques e intentos de restricción a que está sometida actualmente la Relatoría de la Libertad de Expresión de la OEA, un ente creado en octubre de 1997, con carácter permanente, con independencia funcional y estructura operativa propia, que tiene como principal mandato “estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y desarrollo del sistema democrático, así como en la protección garantía y promoción de los demás derechos humanos”.
Al frente de la misma se encuentra Catalina Botero, una abogada capaz, altamente competente y acuciosa, quien con diligencia y profesionalismo ha cumplido con su misión y ha sabido defender estas garantías frente a quienes, excediéndose en su autoridad, abusando de su poder o violando la ley, han hostigado, amenazado o asesinado a nuestros colegas. La doctora Botero ha visibilizado los riesgos particulares que corren los periodistas, especialmente frente al crimen organizado y ha promovido la necesidad de crear mecanismos especiales para salvar sus vidas.
Otros logros han sido los procesos de lucha contra la impunidad en relación con los crímenes de periodistas y hacer visibles los mecanismos indirectos de censura a escala regional; ella lideró en la región, con apoyo de las organizaciones de la sociedad civil, el movimiento a favor de la transparencia.
Recientemente, se presentaron tres recomendaciones específicas sobre el mandato de la Relatoría Especial, elaboradas por el llamado Grupo de Trabajo, las cuales serán analizadas durante la próxima sesión del Consejo Permanente de la OEA, el 25 de enero. Estas recomendaciones en lugar de fortalecer el trabajo de la Relatoría, disminuirían su impacto en la región. Entre ellas está que la Relatoría deje de publicar anualmente su Informe Especial sobre el estado de la libertad de expresión en todos los países de las Américas, que el organismo incorpora al Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También se pretende restarle financiamiento, lo que restringiría sus tareas e imponerle un “código de conducta”, que en el fondo es aplicar un control sobre las acciones y expresiones de la Relatoría, un verdadero contrasentido con su esencia y razón de ser.
Numerosas entidades de prensa, entre ellas las 16 organizaciones que integramos la Red IFEX América Latina, nos hemos pronunciado, rechazando esa pretensión, y solicitamos a los Estados miembros de la OEA que sean retiradas.
Un mensaje de nuestro país no avalando tales intenciones, provocaría una fundada confianza en lo que el presidente declaró y firmó en la Casa del Periodista.
Atacan a relator especial de libre expresión
En la Organización de Estados Americanos, con sede en Washington, Ecuador presentó propuestas que de hecho podrían debilitar gravemente o extinguir la Oficina del relator especial para la Libertad de Prensa de la OEA, lo cual sería "un paso hacia atrás para la libre expresión en la región", afirma el miembro de IFEX en Colombia Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP). El grupo de América Latina y el Caribe de IFEX (IFEX-ALC), una alianza de 16 miembros de IFEX con sede en la región, protestó por la propuesta.
Según la FLIP, que colaboró con un artículo en la revista colombiana "Semana", un grupo de países miembros de la OEA creó en julio un grupo de trabajo para debatir el futuro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y específicamente el papel del relator de libre expresión, que actualmente ocupa la abogada colombiana Catalina Botero.
Las propuestas presentadas por Ecuador el 13 de diciembre - unos momentos antes de que expirara el mandato del grupo de trabajo - "debilitarían la oficina del relator y lo dejarían sin herramientas para cumplir su papel", dijo "Semana".
Las propuestas prohiben al relator publicar un informe anual separado sobre la libre expresión en los países de la OEA; ajustar la financiación para hacer que todos los presupuestos de los relatores sean comparables (lo que reduce la financiación para el relator de libre expresión, que tiene uno de los presupuestos más grandes); y pedir un código de conducta que limitaría las acciones del relator, incluyendo la capacidad de publicar declaraciones.
El Consejo Permanente de Embajadores examinará las recomendaciones en la OEA el 25 de enero, y no es claro cómo reaccionarán. Según "Semana", el embajador colombiano declaró que las recomendaciones "son menos drásticas que lo que se propuso originalmente" y los representantes de Brasil y Argentina, pesos completos en la región, han guardado silencio.
La oficina del relator se ha vuelto "la puerta a la que tocan los periodistas de América cuando su libertad está en riesgo", dijo "Semana".
El relator además ha sido esencial en la promoción de la despenalización de las leyes de difamación e injuria, y en atraer la atención a los métodos indirectos de censura, como la asignación arbitraria de publicidad gubernamental o el otorgamiento de licencias de difusión, dice IFEX-ALC.
IFEX-ALC escribió al Consejo Permanente, y lo instó a retirar las recomendaciones en la asamblea del 25 de enero. "En lugar de fortalecer el papel del relator, esos cambios disminuirán de verdad el impacto del mandato en la región", declaró IFEX-ALC.
En diciembre, el presidente ecuatoriano Rafael Correa inició una campaña para desacreditar a la relatora después de la publicación de un informe que condena el uso de las leyes de difamación en Ecuador para silenciar las voces críticas, especialmente las injurias contra funcionarios, afirma Human Rights Watch. El propio Correa ha exigido cerca de US$90 millones en demandas contra tres periodistas críticos.
Haciendo referencia específicamente a la oficina del relator, Correa dijo "Necesitamos un nuevo sistema interamericano debido a que la OEA ha sido tomada por una visión norteamericana que la ha hecho ineficiente y poco confiable".
Otro importante participante en el grupo de trabajo de la OEA, Venezuela, ha sido además muy franco en su desdén hacia la OEA y la oficina del relator, que ha acusado repentinamente al Gobierno del presidente Hugo Chávez de amenazar la libertad de palabra.
Los numerosos enfrentamientos de Chávez con los medios, entre los que ha habido acusaciones contra Globovisión y otros canales privados de respaldar un breve golpe de estado en su contra en 2002, han atraído fuertes críticas del relator de crear una atmósfera de intimidación que efectivamente limita la libre expresión.
"Si por razones diplomáticas o jurídicas no es posible enmendar el informe y retirar las recomendaciones, los estados miembro de la OEA deberán subrayar que este informe es la consecuencia de un proceso para fortalecer, y no debilitar, el sistema interamericano de derechos humanos", dijo José Miguel Vivanco. "Se deberá interpretar que estas recomendaciones favorecen y no que debilitan el trabajo de la oficina del relator especial."
La reforma al Sistema Interamericano no debe limitar las funciones de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH
El próximo lunes 25 de enero de 2012, el Consejo Permanente de la OEA discutirá una serie de recomendaciones que supuestamente tienen como objetivo fortalecer el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Sin embargo, tres de estas recomendaciones podrían limitar el papel y los recursos con los que opera la Oficina del Relator Especial para la Libertad de Expresión, un mandato clave para la promoción y defensa de la libertad de expresión en el hemisferio. Article 19 expresa su preocupación por estas iniciativas y llama a los Estados miembros y otros interesados a que en lugar de restringir el mandato del Relator Especial, su estructura y responsabilidades actuales, la apoyen y fortalezcan.
En junio de 2011, el Consejo Permanente aprobó la creación de un Grupo de Trabajo para discutir las medidas para fortalecer el sistema interamericano para la protección de los derechos humanos. El 13 de diciembre de 2011, el Grupo de Trabajo aprobó un informe final que fue presentado al Consejo Permanente de la OEA. Estas recomendaciones incluyen una propuesta para dejar de publicar el informe anual del Relator Especial sobre Libertad de Expresión (e incorporar todos los informes en un solo capítulo de la Comisión Interamericana en el informe anual de Derechos Humanos); así como la adopción de "códigos de conducta" para las actuaciones de todas las relatorías de la CIDH y, finalmente, homologar los recursos destinados a cada una de éstas.
Article 19 expresa su preocupación ante la posibilidad de que las recomendaciones puedan debilitar el mandato de la Relatoría para la Libertad de Expresión. La Oficina de la Relatoría Especial fue creada en 1997 para promover la importancia de la plena vigencia de la libertad de expresión e información en las Américas, dado el papel fundamental que desempeña en la consolidación y desarrollo de cualquier sistema democrático.
Article 19 considera que esta Relatoría, junto con sus contrapartes en la ONU, la OSCE y la Unión Africana, han desempeñado un papel crucial en el avance de este derecho humano y la atención de las amenazas que se ciernen sobre éste en la región y en todo el mundo.
Durante los años en que ha estado en funciones, los informes anuales de la Relatoría dedicados a documentar la situación de la libertad de expresión han sido un instrumento de vital importancia para evaluar el cumplimiento de las obligaciones internacionales de derechos humanos en la materia de los Estados miembros, por lo que se han convertido en una guía para que la OEA preste asistencia en impulsar que los Estados realicen las reformas necesarias para garantizar y proteger el derecho a la libertad de expresión.
También preocupa a Article 19 que la propuesta de adoptar el "Código de Conducta" para todas las Relatorías pudiera interferir de manera injustificada en su libre actuación. Cualquier iniciativa en este sentido deberá garantizar a las Relatorías la independencia necesaria para comentar con libertad sobre los temas que son objeto de su mandato sin ningún tipo de control o limitación por parte los Estados miembros.
La Oficina del Relator Especial no depende de los fondos provenientes de la CIDH y ha tenido éxito en la obtención de financiación propia, con autonomía. Los diferentes individuos designados como relatores especiales en la última década han sido voces que condenan abiertamente las violaciones a la libertad de expresión y han pedido a los gobiernos mejorar las políticas y legislaciones para la protección promoción de la libertad de expresión en la región.
Article 19 pide por lo tanto a los Estados americanos proteger el importante papel de la Oficina del Relator Especial para la Libertad de Expresión y abstenerse de adoptar cualquier medida que pueda debilitar sus funciones y atribuciones. En particular, instamos a los diplomáticos presentes en la reunión del 15 de enero en el seguimiento de las discusiones para:
-Asegurar que la Oficina de la Relatoría Especial continúe publicando su informe anual por separado;
-Garantizar que la Oficina de la Relatoría mantenga la suficiente autonomía para recaudar fondos para sus actividades, y que
-La Oficina de la Relatoría pueda seguir actuando con independencia en el ejercicio de sus funciones, previniendo la adopción de cualquier norma y/o procedimiento que limiten sus actuales responsabilidades y facultades.
Fuente: Radio Tierra, Article 19, IFEX, Prensa Libre
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