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| ENaCom, uno de los tantos organismos que han quedado supeditados al Ejecutivo. después del 10/12. Radio Nacional seguirá, como hace años, alineada con el gobierno |
Por: Martín Becerra, @aracalacana
El impacto y la recurrencia de las crisis de la Argentina en las últimas décadas son una potente advertencia ante la proyección imaginaria y deseada de un futuro de prosperidad. El sector de las comunicaciones, que incluye a los medios tradicionales, a los nuevos medios y plataformas digitales, y a las redes de conectividad fijas y móviles, no carece de gravitación histórica y, por lo tanto, a pesar de los vertiginosos avances tecnológicos que inspiran a quienes clasifican a la presente como “la sociedad de la información”, es necesaria la prudencia a la hora de pensar en su futuro próximo.
El próximo gobierno asumirá en diciembre con la suma del poder público en comunicaciones. El gubernamentalizado ENaCom, la Secretaría de Tecnologías de la Información, los medios estatales como Canal 7, Radio Nacional o la Agencia TelAm, la distribución de la publicidad oficial, la estratégica empresa ArSat, el área de Protección de Datos Personales, las políticas de Acceso a la Información Pública y hasta la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia dependen en los hechos –contra lo que marcan los estándares internacionales en casi todos esos campos de actividad– del Poder Ejecutivo.
Aunque el principal candidato a la presidencia, Alberto Fernández (Frente de Todos), dijo que sus prioridades son otras, en virtud del colapso socioeconómico de los últimos años que deja como saldo Mauricio Macri, al designar a los nuevos titulares en los órganos mencionados (o al modificar su integración) ya dará señales respecto de cuestiones que, lejos de ser secundarias, inciden en el modo en que la ciudadanía accede a la información y a la cultura a escala masiva y se conecta con servicios básicos, accede al mercado de trabajo y se socializa.
La supervivencia de muchos medios depende de lo que hagan los nuevos gobiernos nacionales, provinciales y municipalesEl ejercicio de la libertad de expresión en sus dimensiones individual y colectiva tanto en medios tradicionales como en plataformas digitales, la realización de contenidos culturales nacionales y regionales, la existencia de organizaciones (públicas, empresariales, cooperativas o comunitarias) que produzcan información a escala local en un contexto de cierre y desaparición de medios en localidades pequeñas y medianas, la protección de los datos de las personas, la corrección o moderación del abusos de posición dominante en toda la cadena convergente de las comunicaciones (desde los precios y tarifas de conectividad mayorista y minorista, que repercute en la brecha de acceso a los servicios de información y comunicación, pasando por la exclusivización de los derechos de eventos de interés público, hasta los aportes de las plataformas digitales a la construcción y el mantenimiento de infraestructuras de comunicaciones o la publicidad online) y la moderación de contenidos en internet son asuntos que difícilmente puedan concebirse como accesorios.
Además, el sector de medios de comunicación en particular es fuertemente “Estadodependiente”, es decir que su funcionamiento está determinado por las condiciones que el gobierno fija en materia de impuestos, condonación de deudas, acceso al crédito, publicidad oficial, reglas de trabajo en blanco, plazo y operación de licencias, pago de gravámenes y a contratos (o sociedades) con el Estado. De modo que la supervivencia misma de muchos medios depende de lo que hagan el próximo gobierno nacional, los provinciales y municipales.
La agenda de políticas públicas para el desarrollo del país será esquizofrénica si separa la necesidad de mejora en las condiciones de vida de las argentinas y los argentinos de la información, la comunicación y la cultura. Si, en cambio, para revertir la crisis actual articula también sus dimensiones cultural y comunicacional, y si avanza en la legitimación de las políticas públicas con otros actores sociales y políticos (no solo los que están representados en el Gobierno, como sucede ahora), habrá una mejor perspectiva de futuro.
Ley Audiovisual: lo que queda y lo que piensa Alberto
A fuerza de decretos, Macri desarticuló aspectos esenciales y sumó el cuádruple play, aunque no pudo avanzar en una nueva norma como había dicho. El rechazo del candidato del Frente de Todos a los proyectos “no comerciales”
En 2009, la Ley Audiovisual fue una de las banderas del kirchnerismo en su apogeo.
A diez años de la aprobación de la polémica Ley Audiovisual, una de las insignias del apogeo kirchnerista, prácticamente no queda nada en pie. Mañana se cumplirá una década de la media sanción que tuvo el proyecto en Diputados, aprobado de manera definitiva en el Senado el 10 de octubre de 2009, poco antes de las elecciones de medio término de la primera gestión de Cristina Fernández.
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ponía el foco en varias iniciativas para frenar la concentración de los medios, restringir la cantidad de licencias por propietario y dar espacio a organizaciones sin fines de lucro que no tenían lugar en un esquema que era juzgado como monopólico.
En el mismo sentido, se limitaba la presencia de capital extranjero en la propiedad de medios audiovisuales y también se disponía que los programas de televisión abierta debían tener un 60% de producción nacional. Sin embargo, el objetivo número uno de la ley era frenar el poder del grupo Clarín, una de las obsesiones desde la época de Néstor Kirchner.
Una sucesión de medidas cautelares puso un freno a la puesta en marcha de la ley hasta desembocar en el recordado 7D, el 7 de diciembre de 2012, la fecha dispuesta para que los medios concentrados presentaran su plan de desinversión que finalmente quedó desactivado por una nueva medida judicial.
Desde la vereda opuesta, el entonces jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri se encargaba de mostrar su rechazo a la ley. “Fue una pérdida de tiempo y de esfuerzo increíblemente estúpido”, señalaba Macri en 2014, anticipando el origen de varios de los cambios que hizo por decreto al llegar a la Presidencia.
Unos días después de asumir en diciembre de 2015, Macri lanzó una serie de decretos en los que eliminó la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) que encabezaba Martín Sabbatella para crear la ENaCom, que dejó en manos de Miguel de Godoy; volvió a dar flexibilidad para la compra y venta de licencias de medios que antes eran intransferibles y amplió el límite de licencias por propietario.
Macri también habilitó el denominado “cuádruple play” que permitió el ingreso de las compañías de telefonía móvil y fija al negocio de la TV por cable, una decisión a la medida del grupo Clarín, que impulsó la fusión de Cablevisión con Telecom, que permitió quitar competidores del mapa. Más allá de los fuertes cambios, Macri optó por no tocar el rol de los medios comunitarios y si bien anticipó su decisión de avanzar en una nueva Ley de Telecomunicaciones, no pudo completarlo en los cuatro años de mandato.
La mirada de Alberto. El candidato presidencial del Frente de Todos “nunca apoyó la ley” que fue aprobada cuando ya estaba afuera del gobierno de Cristina. Si bien en su entorno todavía no se animan a anticipar si piensa encarar rápidas modificaciones en caso de llegar a la Casa Rosada, admiten que fue uno de los referentes que no estaban de acuerdo con el texto aprobado entonces en el Congreso.
Para Alberto, el eje de la controversia es la posibilidad de que organizaciones sin fines de lucro puedan manejar medios que, según su criterio, solo pueden tratarse de un “proyecto comercial” como cualquier otro. “En la sociedad moderna los medios son negocios. Ese fue uno de los errores de la Ley Audiovisual. No podés dejar en manos de una entidad sin fines de lucro un proyecto comercial”, señalaba Alberto en mayo pasado, cuando ya estaba postulado para la presidencia pero aún no había superado las PASO que le dieron un triunfo en primera instancia.
Fotos: Perfil y Coalición
Fuente: Diario Perfil
