Por: Lucas Morando
El Gobierno está ante una encrucijada. Luego de que trascendiera en Perfil el plan secreto de Clarín de dividir su imperio en empresas que podrían ser heredadas a hijos de los dueños actuales, ahora el kirchnerismo busca la forma de no perder públicamente la pelea de fondo sobre la implementación de la Ley Audiovisual.
La propuesta es apoyada por el empresario mexicano cercano al Gobierno David Martínez, que habría mantenido nuevas reuniones con funcionarios de la Casa Rosada para evaluar los pasos a seguir en la estrategia para impedir que el multimedios se divida en seis empresas distintas que quedarían en manos de los herederos de los cuatro principales accionistas del Grupo Clarín.
“Desde que quiere que le aprueben los trámites para comprar Telecom, David Martínez está muy interesado en que las empresas de telefonía puedan ofrecer triple play”, confirma un funcionario del gobierno nacional. Se refiere a la posibilidad de que un mismo servicio o cable hogareño ofrezca conexión a internet, llamadas telefónicas y, la novedad, televisión.
Una ley así reconvertiría parte de la matriz del negocio de las telefónicas, sobre todo de Telecom. Además, significaría la llegada de un competidor gigante para el negocio de Cablevisión, que representa el 70% de los ingresos del Grupo Clarín.
A fines de 2013, “Deivid” –así lo llaman los funcionarios– compró poco más del 22% de Telecom por unos US$ 960 millones. La empresa, si pudiera ofrecer triple play, revalorizaría la proyección de su negocio exponencialmente. Pero también tendría que hacer una importante inyección de capital en sus redes, que hoy no están listas para ofrecer televisión.
Y por eso, si el Gobierno “ayuda” a Martínez a desregular la participación de las empresas de telefonía en el negocio audiovisual, él los ayudará a evitar que Clarín se divida entre hijos de sus accionistas, una posibilidad que enfurece a la cúpula del Gobierno.
El problema es que Martínez primero necesita “ordenar” la situación de Cablevisión, de la que posee el 40%.
Los empresarios con los que habló en las últimas semanas aseguran que su intención era vender ese porcentaje a Fontinalis, un fondo que pertenece al empresario Ralph Booth, dueño del 9% del Grupo Cablevisión. Pero con la intención de Clarín de no vender ninguno de sus activos, todo podría cambiar.
Hay que recordar que la idea inicial de Cristina Kirchner, antes de 2009, era que las telefónicas pudieran ofrecer televisión; de hecho, las empresas estaban incluidas en la regulación de la Ley Audiovisual. Pero tras las quejas de la oposición, y para aprobarla con el consentimiento de diversas fuerzas políticas, las empresas fueron excluidas de la Ley.
Gerardo Milman, uno de los directores opositores de la Afsca –la entidad que implementa la Ley Audiovisual–, confirma que es un tema central a tratar: “Estamos dispuestos a modificar la Ley porque tiene que haber garantías de que sea competitiva, y el mundo va a la convergencia.Se necesita un upgrade, porque atrasa”, resume. Su opinión es similar a la de otros directores de la Afsca
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La realidad es que el Gobierno también tiene que decidir qué hacer con Telefónica, que presentó hace más de un año su plan para ajustarse a la Ley y todavía la Afsca no lo resolvió. Una lentitud sospechosa.
Y es cierto que el Gobierno espera ver qué pasos dará Clarín para tomar una decisión sobre Telefónica. Si mantiene todo como está –es decir, si no la obliga a desprenderse de su canal insignia, Telefe–, los abogados del multimedios judicializarán todo el proceso una vez más.
Otra cosa sería obligar a Telefónica a cumplir la ley como todos, pero abrirle la posibilidad de ofrecer televisión en sus redes de telefonía. Algo que desde hace años viene reclamando.
Fuente: Diario Perfil
