jueves, 22 de mayo de 2014

¿Será obligada Telefónica de España a vender Telefe?

Por: Pedro Ylarri, @ylarri
El Gobierno argentino se apresta a debatir en las próximas semanas si obliga o no a Telefónica de España a desprenderse de Telefe, el canal de televisión abierta líder en audiencia en la Argentina en la última década, por una aparente incompatibilidad con la llamada Ley de Medios, de 2009, por la que unos 40 grupos de medios iniciaron procesos de desinversión, el más importante de ellos, el Grupo Clarín.
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que recién comenzó a aplicarse en su totalidad el 29 de octubre de 2013, tras un fallo de la Corte Suprema, prohíbe que un prestador de servicios públicos sea titular de licencias de televisión abierta, entre otras prohibiciones.
El Gobierno estudia con peritos para confirmar que, efectivamente, Telefónica de España es propiedad de Telefónica de Argentina, una de las dos empresas de telefonía más extendidas de Argentina y, a la vez, de Televisión Federal SA, propietaria de Telefe y de otras ocho licencias de televisión en el interior del país.
Si el Gobierno considera que Telefónica de Argentina y Telefe comparten accionistas y son, en rigor, del mismo dueño, obligará a Telefónica de España a desinvertir en las nueve licencias que controla en la Argentina, además de Buenos Aires, en Bahía Blanca, Neuquén, Santa Fe, Rosario, Salta, Tucumán, Córdoba y Mar del Plata.
Telefe presentó, así como gran parte de los multimedios en la Argentina, un plan de adecuación a la Ley de Medios. Fue el 7 de diciembre de 2012, cuando propuso vender dos de las nueve licencias -las de Bahía Blanca y Neuquén, con el fin de cumplir con otro de los artículos de la nueva normativa, el 45, que impide a un mismo grupo tener más de un 35% de posición de mercado. Allí, pide además la extensión de las licencias que vencen en 2017 por otra década, con el fin de hacer más atractivas las ventas.
Sin embargo, nada indica en esa propuesta Telefe sobre supuestas incompatibilidades de sus accionistas, dando a entender que no comparten ni ejecutivos ni accionistas con Telefónica de Argentina.

Los riesgos para Telefónica
La decisión deberá ser tomada por Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), controlada políticamente por el kirchnerismo, impulsor de la Ley de Medios, entre otras cosas, en una embestida sin precedentes contra el Grupo Clarín, "amigo" del expresidente Néstor Kirchner, quien autorizó antes de su partida del Gobierno la fusión entre Cablevisión y Multicanal, las dos principales operadores de cable del país.
Telefe tuvo en la década gobernada por Kirchner y su esposa, la actual primera mandataria, Cristina Fernández de Kirchner, una excelente relación, al punto que las críticas al oficialismo desde sus programas periodísticos fueron siempre livianas. Sin embargo, logró mantener ciertos criterios de independencia, en relación a las decenas de medios financiados por las arcas públicas.
El Gobierno está entonces en una disyuntiva: si no obliga a Telefónica de España a desinvertir, el resto de los grupos de medios lo acusarán de tener una posición arbitraria en relación a la aplicación de la Ley de Medios. Si sí lo hace, se ganará un nuevo enemigo mediático.
Según informó el diario El Cronista esta semana, Telefe recurrirá a la Justicia en caso que lo obliguen a desinvertir. Los antecedentes no son los mejores, ya que Telefónica de Argentina actuó en nombre de Telefe en el pasado reciente en más de una oportunidad. En especial, en 2001, cuando vendió Canal 9, que era el tercer canal en audiencia en ese entonces, al empresario Daniel Hadad, tras un acuerdo con el Gobierno.
El titular de la AFSCA, Martín Sabbatella, confirmó que sólo cuatro de los 40 planes de adecuación presentados no fueron tratados por el Directorio, entre ellos el de Telefe. En declaraciones radiales, aseguró que en la próxima reunión de directorio será tratado el tema.
Nadie adelanta cuando será esa reunión, pero en el mundo de los medios existe una sospecha: si Telefe no se vende, será decidido en pleno mundial de Brasil, para evitarse el Gobierno el costo político.
Fuente: El Economista

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