Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre el cómputo del plazo de la medida cautelar referida al artículo 161 de la Ley de Medios, aparecieron las lecturas distorsionadas por parte de funcionarios y medios oficialistas, y también algunas interpretaciones que desconocen los detalles de la causa.
Segundo, es importante destacar que el responsable de eventuales demoras en el trámite del juicio de fondo ha sido el Estado nacional. Clarín, por el contrario, impulsó siempre la causa de manera consistente. La compulsa del expediente es clara: las conductas dilatorias fueron estatales.
El 17 de febrero de 2010 el Estado pidió que no se tenga por interpuesta la demanda, y este recurso demoró el trámite de la causa cuatro meses.
Más tarde, el 9 de marzo, planteó un nuevo recurso buscando que se dicte la caducidad de la cautelar, pese a que esto ya había sido rechazado en febrero.
Luego, el Estado planteó otro recurso, esta vez de queja, que atrasó la notificación tres meses más.
O sea que ese año el expediente estuvo en Cámara durante más de siete meses por decisiones procesales del Estado.
Lo que resulta llamativo además es que el Estado fue notificado de la demanda el 17 de noviembre de 2010, pero recién la contestó el 18 de marzo de 2011, lo que revela que su interés no parecía ser justamente el de impulsar el proceso.
Tercero, otro de los aspectos que fue distorsionado por las usinas gubernamentales fue el de la afectación a la libertad de expresión. Aquí hay que ser claros: la demanda de fondo, la única donde se debate la inconstitucionalidad de la norma, tiene uno de sus ejes principales en esa afectación. De hecho, es allí donde el Grupo Clarín está demostrando cómo los artículos de la ley que desconocen licencias vigentes y restringen la sustentabilidad de los medios audiovisuales llevarán a un progresivo pero inexorable debilitamiento de las voces independientes y a una colonización oficial aun mayor del escenario mediático argentino. Estos planteos son capítulos centrales tanto de la cautelar (noviembre de 2009) como de la demanda (febrero de 2010), y en ambos casos resultaron verdaderamente premonitorios de lo que viene sucediendo con el mercado de medios en nuestro país, en el que ya una amplia mayoría (no menor al 80% de los medios audiovisuales) está directa o indirectamente controlada por el poder político. Lo hace a través de diversos mecanismos: la cesión de medios a empresarios amigos o contratistas del Estado, el financiamiento de los mismos a través de la distribución arbitraria de la publicidad oficial o la tolerancia a la precariedad regulatoria a cambio del disciplinamiento editorial. Estas restricciones no son otras que las que el Pacto de San José de Costa Rica condena expresamente en su artículo 13 cuando prohíbe “restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos”.
Como se enfatiza en la demanda, “la supervivencia de empresas periodísticas económicamente sustentables es la clave de la independencia de la prensa del poder político” y “el atropello a los derechos de propiedad y libertad de comercio es instrumental para restringir su libertad de prensa y expresión como medios independientes”.
Es una trampa nada inocente pretender escindir, como hace el Gobierno, la sustentabilidad de los medios –poniéndoles el “rótulo” de cuestiones patrimoniales (como si fueran derechos de segundo orden)– de la propia existencia de voces económicamente independientes del poder político. Sin medios sustentables en lo patrimonial no hay verdadera libertad de expresión, puesto que los medios que para sobrevivir necesitan de los recursos estatales, o de contratos con el Estado, o de transacciones regulatorias, no son libres de investigar o criticar al poder. Y el rol de la prensa en la democracia es justamente ése: la investigación, la crítica y el debate sin precondiciones.
No se trata de discutir genéricamente cualquier regulación de mercado en materia de medios. Estas existen en las democracias occidentales y apuntan a varios objetivos: garantizar el pluralismo, resguardar la sustentabilidad de los medios, asegurar un espacio real y protagónico a las voces independientes del poder político, favorecer el desarrollo tecnológico y fortalecer la industria audiovisual genuina, no dependiente de los subsidios oficiales. Muchas de estas variables no sólo están alejadas de la Ley de Medios, sino que parecen ir en sentido contrario. Cuando las regulaciones de mercado no son razonables ni responden a estándares internacionales, sino que resultan arbitrarias, direccionadas y discrecionales; cuando las licencias que el mismo Estado otorgó pretenden ser borradas de un plumazo, desconociendo derechos e inversiones; cuando se establece un criterio de discrecionalidad absoluta para el otorgamiento de licencias y sanciones por parte de una autoridad manejada por el poder político; cuando el propio Estado reconoce que su único interés es ir contra determinados grupos porque no le son adictos, está claro que no hablamos de regulación de mercado, sino de libertad de expresión y silenciamiento de las voces independientes. Y esto es lo que hoy está en juego en la Argentina. Basta recorrer el dial o hacer zapping con el control remoto.
*Abogado y apoderado de Grupo Clarín SA.
Fuente: Diario Perfil
