En el documento de 20 páginas, en el que explicó las medidas que adoptará para afrontar la creciente violencia social, el gobierno cuestionó que "la caída de la pobreza, la casi erradicación de la indigencia, el más bajo desempleo de la historia, las mejoras del salario real, etc, nada de esto aparece reflejado con la importancia que tienen en los medios masivos de comunicación".
"No ocurre lo mismo con la crónica roja", señala el texto. En 2006, indica, hubo "algo más de 25.000 segundos por mes dedicados a temas policiales, en mayo del 2011 las noticias policiales ocuparon 35.000 segundos, en tanto en mayo de 2012 fue de más de 50.000".
Según el documento, al mostrar determinadas imágenes, "los medios de comunicación, en especial la televisión", terminan muchas veces "exaltando la violencia y estimulando conductas agresivas".El gobierno sostiene que esto ocurre cuando se maneja la información "de manera irresponsable y sensacionalista" y llamó a "reflexionar" para encontrar un "sano equilibrio entre el derecho de los medios de informar sobre asuntos de interés público con los derechos que tienen las personas ante esos propios medios".
"Esto no implica de ninguna manera la censura, la noticia se puede dar perfectamente, pero sin acompañarla de aquellas imágenes que implican un contenido de violencia explícito", aseguró el jueves el secretario de la Presidencia Alberto Breccia.
Así, la resolución de modificar un decreto de 1988 que excluye del horario de protección al menor (que se extiende hasta las 21:30 horas) los informativos de televisión y programas periodísticos será implementada "de forma inmediata", dijo Breccia. Esto implica que se podrá "decir que un funcionario de determinado comercio fue ultimado (...) pero no poder mostrar 42 veces en menos de 24 horas un video que muestra repetidamente la muerte de esa persona", añadió.
En mayo, el gobierno manifestó su malestar por la reiterada difusión televisiva (en 42 oportunidades, según un estudio) del asesinato de un empleado de un bar por parte de un delincuente, grabado por las cámaras de seguridad del comercio.
Breccia se manifestó además partidario de controlar los comentarios difundidos en los sitios de internet de los medios. "En esos espacios de comentarios se incurre en agravios absolutamente imperdonables por quienes, escudados en el anonimato, dicen cualquier cosa de cualquier persona. Nosotros entrendemos que eso amerita una regulación", indicó.
Para el senador del opositor Partido Nacional Jorge Larrañaga, la regulación de la información sobre hechos de violencia es "un cangrejo debajo de la piedra" en el paquete de medidas para combatir la inseguridad. Según el legislador, el anuncio es violatorio de la Constitución, "que prohíbe la censura previa de los medios de comunicacion". "No vamos a poder vivir en una suerte de Gran Hermano. ¿Quién va a ser el censor con respecto a los contenidos de los medios de comunicación?", se preguntó.
Horario protección al menor
El titular de Desarrollo Social aclaró que la modificación a los informativos, limitaciones de emisión de contenidos en el horario de protección al menor, no es una medida de censura sino una medida “ex post”. Aclaró que se prevé organizar un intercambio sobre el tema con los responsables de los medios de comunicación y con los periodistas que trabajan en el tema.
En este sentido, recordó la gestión que realiza la Asociación de la Prensa del Uruguay (APU) mediante un código de ética periodística. “Nosotros queremos resolver esto por la vía del diálogo pero tenemos que tener algunas herramientas para que en base a ellas el diálogo fructifique”, explicó el ministro, quien recordó que actualmente existen sanciones. “El tema es si son lo suficientemente importantes”, puntualizó.
El documento
El texto presentado por el gobierno destina un importante espacio para realizar una dura crítica a los medios de comunicación, tras lo cual anuncia que se incluirá a los informativos y programas periodísticos en el horario de protección al menor, y que se establecerán “regulaciones sobre los contenidos de los comentarios de internet”.
“Entendemos que todas estas medidas y las que ya existen deben ir acompañadas de un compromiso muy fuerte de los medios de comunicación. La caída sustantiva de la pobreza, la casi erradicación de la indigencia, el más bajo desempleo de la historia, las mejoras del salario real, etc., nada de esto aparece reflejado con la importancia que tienen en los medios masivos de comunicación. No ocurre lo mismo con la crónica roja”, expresa el texto.
“En el año 2006 hubieron (sic) algo más de 25.000 segundos por mes dedicados a temas policiales, en mayo del 2011 las noticias policiales ocuparon 35.000 segundos, en tanto en mayo del 2012 fue de más de 50.000. Y no sólo es un problema cuantitativo, sino cualitativo, generando imágenes o escritos que terminan siendo un estimulador de las situaciones de violencia”, agrega.
“Por ello usaremos todas las herramientas que hoy disponemos para el control de estas situaciones y no descartamos la elaboración de medidas de mayor regulación sobre el uso de las imágenes de violencia en los medios de comunicación. Entre ellas creemos que no tiene ningún fundamento que en la norma que regula el horario de protección del menor están excluidos los informativos, por lo cual nos proponemos ser integral de toda la programación el horario de protección al menor”, expresa el texto, que incluso va más allá.
“En esa misma dirección es necesario, como existe en otros países del mundo, regulaciones sobre los contenidos de los comentarios de internet que, en el anonimato, muchas veces intiman a la violencia”, agrega la resolución.
Además, el documento acusa a los medios de “manejar la información de manera irresponsable y sensacionalista, convirtiendo a la información en un espectáculo, ya sea reiterando imágenes de violencia excesiva o mostrando imágenes ostensiblemente crueles o que exaltan el sufrimiento de personas u otros seres vivos”.
Así, el gobierno llama a la “reflexionar, junto con los medios, sus trabajadores y todos los ciudadanos”, para buscar “un sano equilibrio entre el derecho de los medios de informar sobre asuntos de interés público con los derechos que tienen las personas ante esos propios medios”.
“La regulación no puede ser un mecanismo para acallar a los medios o impedir que se informe de cosas que, lamentablemente suceden, pero también hay que decir, enfáticamente, que los medios tienen obligaciones y responsabilidades ineludibles para con la sociedad”.
Para eso el gobierno hace mención a la protección de los derechos de la niñez. "Son ellos quienes están expuestos a programas y contenidos que pueden perjudicar seriamente su desarrollo, y por tanto se convierten en la principal preocupación de este gobierno en relación a medios de comunicación y la estrategia por la vida y la convivencia”.
“Creemos que no tiene ningún fundamento que en la norma que regula el horario de protección del menor estén excluidos los informativos, por lo cual nos proponemos comprenda a toda la programación”, indica.
“Nos proponemos revisar y aplicar la normativa actual que Uruguay ya tiene al respecto, realizando controles efectivos de la misma y estimulando la participación activa e informada de la población en defensa de sus derechos. Pero a la vez creemos imprescindible proponer a los propios medios y sus trabajadores, que desarrollen formas de autorregulación adoptadas por ellos mismos, de manera libre, transparente y voluntaria, y con la más amplia participación ciudadana, finaliza el texto.
Fuentes: Observador, Presidencia Uruguay, Panorama Diario
