Por: Rodolfo Barros
Clic en la imagen para ampliarPara el Gobierno, el fallo de cámara mendocina, que mantiene la suspensión, no sólo trunca a la “madre de todas las batallas”, como se denominó a la Ley de Medios. Entiende que si se habilita a los legisladores a cuestionar judicialmente las leyes aprobadas por la mayoría parlamentaria, “en serio no habrá seguridad jurídica”, como explicó uno de los abogados que trabajan en el tema.
De esta manera, esperan que la Corte resuelva tan pronto como lo hizo en el caso de los DNU: consideró el caso abstracto, días después de que la Presidenta emitiera el Decreto 298 que derogaba al 2010 del uso de reservas del Banco Central. Varios abogados consultados por Perfil coincidieron en que la Corte suele expedirse con relativa rapidez en casos de gravedad institucional.
La aplicación de la Ley de Medios es considerada en las entrañas del Gobierno vital para proyectar el modelo K más allá de 2011. Surgió tras la ruptura con Clarín y la evaluación por parte de Néstor Kirchner de que la derrota en las elecciones legislativas fue impulsada por el principal multimedios argentinos más que por la dispersa oposición partidaria. La Presidenta expresó más recientemente esta batalla apelando a la posmodernidad de la década pasada: habló del país real y el virtual.
Las trabas judiciales demoran en al menos dos meses su aplicación. A su vez, la misma ley otorga un plazo de un año desde su reglamentación, para que los grupos de medios se adapten al nuevo contexto, lo que en buen romance significa que Clarín y Uno Medios (Vila y Manzano), entre otros, se desmembren.
En caso de que la Corte desida que la ley puede aplicarse en mayo, al menos hasta junio del año que viene los grupos de medios tendrán espacio para seguir funcionando como tales. De no mediar cambios en el cronograma electoral, en agosto habría primarias y en noviembre, presidenciales.
El desmembramiento de Clarín calzaría en el esquema K si la hipótesis gubernamental es correcta. Pero hay otros caminos y causas que pondrán palos en la rueda oficialista.
A su vez, la semana pasada la AFSCA abrió un espacio de consulta para la reglamentación de la ley, a pesar de que el mismo Gabriel Mariotto, titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, aseveró en diferentes declaraciones públicas que el organismo avanzaba en el articulado. No puso fecha de cierre para la recepción de propuestas. Ayer, Mariotto, aseguró estar “conmovido” por el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, que avaló la suspensión de la aplicación de la Ley 26.522, cuyo prototipo fue presentado con bombos y platillos en el Teatro Argentino de La Plata hace un año y una semana.
Según Mariotto, la Cámara utilizó “argumentos traídos de los pelos”, al “objetar el trámite parlamentario” que siguió la ley durante su tratamiento, ya que “existe una costumbre de uso” por la cual “se sancionaron leyes sin los tiempos que marcan los reglamentos”.
El traspié judicial demora las apetencias gubernamentales de desmembrar al Grupo Clarín, y, según algunos especialistas en medios enrolados en la oposición, podría obligar al Gobierno a negociar el tratamiento de una reforma a la ley. Algunos hasta se ilusionan con un nuevo proyecto en el Congreso.
Sin embargo, en las oficinas del ex Comfer se muestran lejos de pensar en sentarse a negociar.
Tanto es así que, a pesar de que queda claro que la ley seguirá suspendida al menos por unos meses, y en consecuencia no pueden funcionar los organismos de aplicación, como la AFSCA, niegan que el Ejecutivo prepare un decreto para volver a designar a Mariotto como interventor del Comfer, que es la autoridad de aplicación de la vieja Ley de Radiodifusión, vigente mientras no se pueda hacer uso de la nueva norma. “Estamos buscando alternativas”, explicaron fuentes cercanas a Mariotto. El organismo espera instrucciones del procurador para actuar.
Las causas que quedan y las que vienen
La más reciente traba a la aplicación de la Ley de Medios provino de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, que ratificó la suspensión. La resolución de primera instancia fue de la jueza de esa provincia Olga Pura de Arrabal, que hizo lugar a una presentación del legislador del peronismno disidente Enrique Thomas, quien planteó irregularidades en el tratamiento legislativo del proyecto que luego se convirtió en ley.
Contra la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual hay fallos de primera instancia también en San Juan, Salta y la Ciudad de Buenos Aires.
Algunos de estos fallos son por irregularidades en el tratamiento, y otros apuntan a la inconstitucionalidad de algunos de los artículos. Los más cuestionados son los que apuntan a los procesos de desinversión de los medios que no cumplan con los límites que impone la nueva ley.
Fuentes judiciales aseguran que además el Gobierno se está preparando para otro fallo adverso de cámara, en el caso de Salta. Algunos cuestionan la estrategia del Gobierno de apoyar a grupos favorables a la aplicación de la ley, que se manifiestan frente a los tribunales que llevan los casos.
Sin embargo, en declaraciones radiales, Gabriel Mariotto, titular de la suspendida Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, aseguró ayer que entre las agrupaciones que apoyaron la aprobación de la ley no serán pocas las que saldrán a hacerse escuchar.
Fuente: Diario Perfil
