jueves, 25 de marzo de 2010

Camarista que falló contra la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual está acusado de "silenciar" delitos de lesa humanidad

El juez Otilio Roque Romano, uno de los magistrados que dejó firme la suspensión en la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en Mendoza, fue acusado por organismos de derechos humanos de "silenciar delitos de lesa humanidad cometidos por policías de esa provincia.
La denuncia fue presentada en el Consejo de la Magistratura e incluye a sobrevivientes del mayor centro clandestino de Mendoza, que funcionó en el Departamento de Informaciones (D2) de la policía provincial.
La acusación afirma que Roque Romano no investigó denuncias de secuestros, torturas y violaciones, cometidas por miembros de fuerzas de seguridad antes y durante la última dictadura. Según la presentación realizada en febrero pasado, Roque Romano, que en ese momento era fiscal, tenía un "compromiso ideológico con la persecución sistemática de población civil emprendida por el régimen militar".

Fuente: Agencia Noticias Argentinas


Agustín Rossi repudió el fallo
El jefe de la bancada oficialista en Diputados dijo que la resolución en primera instancia contra la polémica norma en Mendoza "es un mamarracho". “Es una instancia más en la pelea”, completó el legislador del Frente Para la Victoria.
“El fallo contra la ley de medios en Mendoza es un mamarracho, no tiene ningún tipo de sustento”, dijo el jefe de la bancada oficialista en la Cámara de Diputados, Agustín Rossi.
Calificó de esta manera el fallo en primera instancia contra la Ley de Medios en Mendoza. “Es una instancia más en la pelea”, completó el legislador del Frente Para la Victoria.
La Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza ratificó este jueves la suspensión de la Ley de Medios Audiovisuales, que había sido puesta en stand by por un fallo de primera instancia, que el Gobierno nacional apeló.
En coincidencia con el dictamen de la jueza Olga Pura de Arrabal y ante la apelación del gobierno nacional, la Cámara consideró que "aparecen vicios de ilegitimidad, arbitrariedad y gravedad institucional" en el proceso de sanción de la Ley, tal como había planteado el diputado nacional por el peronismo disidente Enrique Thomas en su presentación judicial.
Esta situación, agregó, "aconseja mantener el estado de suspensión en la aplicación y actos de ejecución del referido texto legal mientras se sustancia el principal", es decir, la supuesta inconstitucionalidad de la norma señalada por Thomas.

Fuente: Agencia TelAm

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