hunde, ¿con qué derecho?", dice el Mandatario, que se ha propuesto regular los medios de comunicación. Por: Erika Lüters Gamboa
Según dos encuestas reveladas, el Presidente de Ecuador, Rafael Correa, cuenta con entre el 65 y 68 por ciento de aprobación ciudadana. Los expertos atribuyen esa alta popularidad principalmente al despliegue mediático del gobierno. Sin embargo, el Presidente no tiene una buena relación con la prensa de su país a la que ha calificado de "corrupta", "mediocre" y "malintencionada".
"Claramente, en América Latina y particularmente en Ecuador los medios de comunicación son un poder fáctico. ¿Cuál es el equilibrio de poder para la prensa? La prensa juzga, condena, reivindica, hunde. ¿Con qué derecho? El poder informativo es inmenso y por más ético que se sea, y en Ecuador la gran mayoría no lo es, debe tener un contrapoder", señala el Mandatario en una entrevista con este diario.
Actualmente, la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, debate una nueva Ley de Comunicación que ha despertado mucha polémica en el país.
De ser aprobada, entre las potestades de la ley estaría el aplicar sanciones administrativas contra periodistas y medios, que van desde amonestaciones escritas hasta el retiro definitivo de la licencia de funcionamiento, pasando por multas económicas.
Esto afecta a la libertad de expresión, ¿o no?
"La regulación debe ser seria. Hay que lograrlo constitucionalmente, siempre respetando la libertad de expresión".
La prensa no es el único grupo con el que el Mandatario está enfrentado. Los indígenas, quienes en un comienzo adhirieron a su gobierno, hoy lo combaten.
Correa aclara que no son todos, que en el país hay cuatro grandes confederaciones nativas y que sólo parte de la Conaie es la que se opone a sus políticas.
"La postura de ciertos dirigentes indígenas no es una postura reivindicativa, es una agenda política. Quieren ganar espacios políticos y como no han ganado las elecciones, los pierden, sobre todo con un gobierno que no se somete a poderes fácticos".
La Conaie -que dice representar al 35% de la población ecuatoriana- rechaza un proyecto de ley para el manejo del agua impulsado por Correa, aduciendo que permitirá la privatización de las fuentes hídricas, y se opone a la explotación minera a cielo abierto y de crudo.
Fuente: Diario El Mercurio
