La violencia online disciplina, encorseta las narrativas, limita la libertad de expresión y baja la calidad del debate público. Contra la “política de tierra arrasada” impulsada por la coordinación de trolls y cuentas falsas en redes sociales –con especial saña en conmociones públicas tales #Maldonado, #AbortoLegal, #MiráCómoNosPonemos o #Bolsonaro–, diversas instituciones públicas y de la sociedad civil trabajan en estrategias de regulación viables. PáginaI12 dialogó con los investigadores Martín Becerra y Ernesto Calvo sobre el mapa de interacciones y las prácticas discursivas que se despliegan en el escenario virtual actual.
¿En qué consiste la investigación que están realizando desde Anmesty Internacional acerca de las agresiones en el escenario virtual? ¿Sobre qué aspectos avanza respecto del informe anterior?
M.B.: En el marco de la discusión sobre el proyecto de Ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) tanto en Diputados como en Senadores, nos proponemos sistematizar y analizar las agresiones y la violencia online a mujeres que participaron de ese debate público, que estuvo en el tope de la agenda, comprometió a fuerzas políticas y sociales y movilizó la temperatura de la sociedad. El estudio no será solo un mapeo del modus operandi de esas agresiones, que se detectan en Twitter fundamentalmente. Lo complementamos con entrevistas, no solo a figuras públicas sino a mujeres de a pie que tuvieron participación en el debate.
¿Qué consecuencias prevén que han tenido estas agresiones en redes sociales, tanto en términos de libertad de expresión como en la calidad del debate público?
M.B.: Hay un efecto disciplinador del abuso y la violencia que hace que uno, cuando es una víctima directa, ecualice mucho su intervención en el espacio público. Pero hay también una vía indirecta –el efecto disciplinador sobre los demás–, que en el espacio virtual es muy clara y requiere ser investigada. En las entrevistas nos encontramos con que algunas mujeres muy identificadas en su papel de políticas creen que las agresiones no les afectan. Pero al indagar indirectamente sobre esos efectos vemos que subieron los estándares de privacidad para tener menos cantidad de interacciones o que tomaron medidas en su vida privada, con su familia, sus hijos, sus parejas.
¿Creen que el debate sobre la legalización del aborto en el plano virtual tuvo los rasgos de lo que denominan “política de tierra arrasada”, como consecuencia de la acción coordinada de trolls?
E.C.: A diferencia de lo que ocurrió con #Maldonado, #Nisman o #Tarifazo en Twitter, el diálogo virtual en #Aborto estuvo dominado por activistas que no son los habituales de las redes políticas. Al mismo tiempo, el sujeto de la agresión está “genderizado” (sic). En la red de #Aborto se ve violencia dirigida a la mujer, por un lado, y un esfuerzo por cuidar al otro que es poco común en las redes. Leí en un tuit la siguiente frase: “es tétrico e increíble que, a pesar de que recién nos conocemos, las mujeres nos preguntamos si llegamos bien”. Esa dinámica, ser blanco de ataques y cuidarse recíprocamente, era muy clara en la red de #Aborto. Es una dinámica que vemos también con claridad en las redes que tienen que ver con casos de abuso, como en el reciente caso de Darthes y el hashtag #MiráCómoNosPonemos. Otro hecho que distingue a la red de #Aborto en Twitter es que los tuits que dominaban la red eran explicativos. Es decir, frente a las agresiones no se respondía con contraagresiones sino que había un esfuerzo, proveniente de la onda verde, de explicar, analizar, discutir y reconstruir un lenguaje menos trollero.
M.B.: En torno del hashtag #MiráCómoNosPonemos, que fue tendencia global, confluyeron los reclamos feministas y del debate público promovido y protagonizado por mujeres, tanto en forma organizada como de modo espontáneo. Aun cuando el detonante haya sido la denuncia por abuso de Fardin contra Darthes, pero su trascendencia es mucho mayor y cala hondo en la sociedad porque acompaña la resignificación en curso de los vínculos entre mujeres y hombres y, en ese marco, tributa de modo directo al reclamo #NiUnaMenos. Es un ejemplo paradigmático de asociación entre la experiencia “analógica” y la “virtual”.
¿Qué diferencias encuentran entre la red de #Aborto y la red #Maldonado en la conversación en Twitter?
M.B.: Una característica de la campaña a favor de la legalización del aborto fue que se le hablaba a un “paradestinatario” con un esfuerzo de explicación pedagógica y no solo al convencido o al “contradestinatario” con una lógica beligerante (N. de la R.: En el acto de enunciación, el “paradestinatario” ocupa la figura del indeciso, son sectores de la ciudadanía fuera del juego a los que hay que persuadir). Hablar a un “paradestinatario” –en el sentido de que no todos están encuadrados– es un esfuerzo que en Argentina se ve poco en el espacio público. Es un rasgo que se vio en los inicios de la discusión sobre la desaparición de Santiago Maldonado y después se fue desdibujando. En #Aborto se vio de manera más permanente. Incluso después de la derrota en el Senado, se observa un esfuerzo pedagógico de convencer.
Después de esa etapa inicial más “pedagógica” en la red #Maldonado, ¿qué cambió para que se convirtiera en una conversación de trinchera?
E.C.: Para pensar la función de los trolls en #Maldonado hay que imaginar una jauría de perros de ataque. Hay un espacio en el cual la jauría interactúa y se divierten produciendo mensajes. No es un ataque coordinado en el sentido de que se les diga qué hacer sino que simplemente se les da un objetivo. Los trolls comparten un sentimiento de comunidad y acuerdo tácito sobre el tipo de objetivo político y de campañas a ejecutar. Como los perros, están esperando esa señal: “ataque, quédate quieto, ataque, quédate quieto”. En el caso #Maldonado, la coalición oficialista tenía muy claro el tipo de intervención que le cabía en el terreno y cómo distorsionar el discurso virtual. En #Aborto, en cambio, el oficialismo estaba dividido y eso inhibió a los trolls. Hay una parte de la actividad oficialista que dice: “No estamos de acuerdo con trollear este evento”, y esa actitud corta la sinergia de agresión de ese grupo intenso de trolls. En #Aborto hay dos comunidades de ataque y agresión, las dos son pequeñas y no están coordinadas; se ubican relativamente en la misma zona pero se distinguen una de la otra.
Considerando que la conversación en Twitter tiende más a la polarización que al consenso y que en ese escenario se vigoriza la violencia virtual coordinada, ¿cómo se puede regular este tipo de agresiones online?
M.B.: Bueno, hay una parte de esa regulación que las plataformas ya empezaron a hacer por sí mismas de manera creciente; lo peligroso es que lo hacen sin ningún tipo de auditoría pública. Es una iniciativa de las plataformas dado el impacto que tiene en su valorización bursátil y en los negocios en general, como los escándalos por venta de datos y desmanejos de sus plataformas. Tanto en el caso #Maldonado como en #Aborto o #Bolsonaro, esa actividad violenta no es porcentualmente la más grande. Entonces las compañías disminuyen eso porque es absolutamente artificial. Pero hay algo más profundo: la libertad de expresión no es absoluta, tiene límites. Es antipático decirlo porque es un derecho, pero también hay otros derechos, como el derecho a no ser abusado, violentado o discriminado.
Lo cierto es que las regulaciones exceden la implementación de una normativa. La pregunta es: ¿con qué criterio se regula?
M.B.: Las empresas están ejerciendo de facto una reglamentación sin auditoria pública. Otro elemento es que cuando se reporta una situación de violencia en Facebook o Twitter, las compañías no contestan. Allí podría haber un tímido inicio de regulación: si alguien reporta un abuso amerita que haya un seguimiento acerca de cuántos reportes hubo, qué hizo la empresa con eso... Entender la casuística de ello y que sedimente en algún tipo de normativa; pero es cierto que la legislación normativa de prepo puede ser peor que la situación actual.
¿Qué podría resolver la vía judicial en este tipo de abusos?
M.B.: Resuelve las garantías procesales: derecho a la defensa, presunción de inocencia, un debido proceso. Esto significa que no sepuede remover contenido porque a alguien no le gusta, así que ese procedimiento es fundamental. El Poder Judicial es lento y funciona mal. Entonces, hagamos que funcione bien, creemos un foro. Pero mientras no hacemos nada, el poder de policía lo tienen Google, Facebook y Twitter. ¡Y eso es un espanto!
E.C.: Hace cuatro años empezamos a ver el cambio de posicionamiento de las redes sociales para transformase en el ecosistema dominante en el área de noticias políticas. Los medios tradicionales son figuras dominantes dentro de ese ecosistema aunque la gente ahora accede a noticias a través de redes sociales. En estos cuatro años pasamos de un espacio que estaba totalmente desregulado y era muy jerárquico a una estratificación que ha ido mutando muy rápidamente. Se introdujeron actores externos que impulsan fake news, grupos que se organizan políticamente para producir sinergias y trollear. En este tiempo, estos ecosistemas se fueron estratificando y hay una mayor cantidad de bolsones distintos. ¿Cuál es la respuesta? Cuando uno tiene un ecosistema complejo, la regulación tendrá que ocuparse de un montón de pequeñas aristas.
¿Cómo coordinar esas regulaciones?
E.C.: Lo que observamos ahora es la proliferación de distintos mecanismos de autoregulación por parte de las compañías y los usuarios. Lo difícil es encontrar un modelo de responsabilización democrática en las redes que no afecte la libertad de expresión.
¿Qué singularidad aporta el diálogo político en Twitter durante la campaña electoral de los recientes comicios en Brasil, en el que ganó Jair Bolsonaro?
E.C.: La red #Bolsonaro muestra que ciertos mecanismos de regulación inciden en la propagación de mensajes y en cómo se estructuran estas redes sociales virtuales. En el momento en que se da de baja una gran cantidad de cuentas de WhatsApp y de cuentas de Twitter que distribuían noticias falsas, cambia la dinámica de propagación de mensajes en ciertas áreas de la red. Esa regulación produjo efectos en la difusión de narrativas. Eso quiere decir que podemos aprender cómo administrar esos efectos para producir redes que sean más saludables. Es una tragedia para la democracia que haya ganado Bolsonaro pero eso habla de otra dinámica política, que es el crecimiento de movimientos políticos de derecha, antisistema y conservadores. Esa dinámica no depende simplemente de la polémica que observamos en las redes sociales. Desde el punto de vista mediático virtual, la comunidad pro-Bolsonaro es más pequeña que la comunidad anti-Bolsonaro. Y todo el ecosistema de noticias falsas que lo sostiene fue identificado y dado de baja, de manera que hay mecanismos posibles de regulación.
¿El debate y la coordinación de noticias falsas influyeron en el resultado de las elecciones en Brasil?
E.C.: Todo influye, pero las redes sociales activan a un votante que ya está inclinado. Sin las redes sociales, ¿se habrían inclinado esos votantes a votar por otro candidato? No puedo asegurar que el resultado electoral en Estados Unidos habría sido distinto, pero el margen de victoria de Trump en varios Estados fue tan pequeño que es posible que las redes incidieran. El amplio margen de victoria de Bolsonaro en Brasil, en cambio, me hace dudar de que las redes sociales hayan sido las responsables. Las redes sociales virtuales solo pueden incidir en elecciones que se definen por muy bajos márgenes e incluso esto es extraordinariamente difícil de probar.
Volviendo a los criterios para la regulación de contenidos, ¿cuál es la concepción de información noticiosa para decidir si un contenido puede o no ser dado de baja tildándolo de “falso”?
M.B.: Hay una gran dificultad para llevar adelante ese propósito, que es la definición misma de noticia y de noticia falsa. No se trata de una definición universalmente estable. Y creo que es peligroso operar sobre un concepto que es inestable reclamando sanciones en torno a contenidos. Yo sería muuucho más cauto de lo que hasta ahora se viene viendo en redes sociales y organizaciones periodísticas y de la sociedad civil a la hora de etiquetar como noticia falsa un contenido. El segundo punto es que buena parte de los contenidos que en el registro coloquial llamamos “noticias” son opiniones o interpretaciones con condimentos noticiosos, así que es imposible desguazar y analizar a nivel átomo cada pieza para decir “esto es noticia y esto es interpretación”.
¿Cómo evalúa el caso de Primereando las noticias, cuyo artículo “El FMI exige liquidar el Anses y vender las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad” fue dado de baja con el argumento de que se trató de una noticia falsa?
M.B.: Según mi lectura, es legítimo que pueda decir eso como que pueda decir todo lo contrario. Por cierto, en la última renegociación con el FMI, columnistas económicos del mainstream argentino decían cosas opuestas. Para algunos era una gran noticia para la Argentina por ser un respaldo inequívoco del FMI. Para otros, una mala noticia porque –dentro del mismo encuadre ideológico– le dan la mitad de lo que prometieron y produce condicionamientos asfixiantes. En definitiva, la de Primereando las noticias era una noticia cargada de interpretación como la mayoría de las noticias que vemos publicadas en portales y sitios webs que circulan en nuestra sociedad. Son pocas las noticias que afirman: “Obama es musulmán”. Es falso: Obama no es musulmán sino que es cristiano. O decir que Cristina no es abogada; resulta que se hace una investigación periodística y tiene el título de abogada. Pero pocas veces vemos eso. La mayoría de las noticias no son dicotómicamente clasificables, por lo tanto el riesgo es muy alto y creo que hay que ser precavidos porque se está afectando el derecho a la libertad de expresión lisa y llanamente. Y después hay otros problemas derivados.
¿Cómo cuáles?
M.B.: Quienes producen estas piezas informativas en muchos casos son instituciones muy consolidadas. ¿Aceptarán las sanciones que ellas mismas y su entorno proponen para terceros cuando difunden noticias fake? Los productores de fake news no son piratas anónimos que están en un subterráneo clandestino sino grandes organizaciones, algunas de medios, otras políticas, otras religiosas. La mayor producción de fake news en elecciones proviene de los partidos políticos que, paradójicamente, dicen querer regular la contaminación del espacio público por las fake news que ellos mismos producen. Acá, en Francia y en Estados Unidos.
E.C.: No hay nadie que sea más promotor del término fake news que Donald Trump, que es la usina más importante de noticias falsas en Estados Unidos. Sin embargo, él popularizó el concepto de fake news aduciendo que los demás mentían.
M.B.: Es la misma estrategia de Bolsonaro en Brasil quien, además, acusa a Folha de Sao Paulo de ser fake media. Lo interesante acá es que mucha acusación de que el otro es fake se basa no tanto en lo que este haya publicado sino en lo omitido.
E.C.: Totalmente. Ahora, hablando de los mecanismos para lidiar con este tipo de cosas, algunas formas de regulación son posibles utilizando “sello de calidad” provisto por organizaciones que les aseguran a los lectores que es válido lo que están leyendo. Hay formas de organización de la sociedad civil que pueden definir los parámetros a través de los cuales aquello que es noticioso, si es controversial, igual satisfaga los requerimientos periodísticos. Una posible solución a estos problemas requiere de la consolidación de comunidades intersubjetivas –como afirma Habermas– que validen contenidos que son aceptables, de modo tal que el que no lo hace pague un precio. En lugar de prohibir las noticias falsas, su precio de mercado debería caer en relación con el precio de las noticias que no son falsas. Por ejemplo, la problematización de que existen noticias falsas ha hecho que la gente sea más reticente a distribuir información porque dentro de las propias comunidades de redes sociales o de WhatsApp se dice: “che, esto no es cierto, tené cuidado que estás distribuyendo fake news”. Ese control intersubjetivo que está apareciendo puede tener un correlato institucional que valide lo noticioso.
M.B.: Los medios tradicionales funcionaban sobre estas convenciones con autoridad. El problema es que hoy tratan de reeditar aquella etapa con viejas herramientas y viejos reflejos. Tengo dudas de que una campaña como la de AdEPA –“tenemos editor responsable”– dé buenos resultados. Por dos motivos: uno es porque ellos también producen fake news y están muy desacreditados. El segundo motivo es más general y desborda las condiciones argentinas, en el sentido de que esas instituciones no tienen las raíces sólidas que tuvieron, entonces el acuerdo social acerca de su legitimidad para ofrecer puntos de vista validados es un acuerdo que está cada vez más descompuesto.
E.C.: El que menciona Martín era exactamente el mismo problema que tenían los medios tradicionales a fines del siglo XIX o principios del XX, antes de que se fuera institucionalizando un conjunto reglas periodísticas. Hay organizaciones de FactChecking que, más allá de si uno acuerda o no con ellas, dan cuenta de que hay un espacio de organización civil que procura reconstituir ese tipo de validación intersubjetiva. Ello muestra que estamos en un momento de clara descomposición, que las redes sociales fueron un golpe a la estructura de la organización económica del periodismo en estos países. Creo que el New York Times tendrá más posibilidades de supervivencia que Fox News.
¿En qué sentido, qué diferencia a ambas organizaciones periodísticas?
E.C.: Hay cierta inconsistencia entre el mensaje de Trump que dice “todo es fake news” y el grupo que le tiene que creer eso, que es el mismo grupo que consume el producto de Fox News. Mientras que el otro grupo que dice “esto no es fake news” es el que consume el New York Times. Hay un mecanismo de estabilización de la reputación periodística que permite defender al New York Times; Fox News no cuenta con ese mecanismo. Entonces, el salvaje Oeste de las redes sociales afecta primariamente a sus promotores. No estamos en el espacio desregulado de hace tres años, tampoco estamos en el espacio mediático que a uno le interesaría tener; pero al menos el actual es un espacio un poco más inhóspito para los trolls. Ello sugiere que algo está pasando independiente de que llegue a buen término o sea exitoso.
Entre la comunicación y la política
La reflexión conjunta desde el campo de las políticas de comunicación y el diálogo político generan un ámbito virtuoso para la reflexión de la circulación de narrativas y estrategias comunicacionales en las redes sociales. Ernesto Calvo se dedica al análisis de la conversación virtual en la red Twitter desde el Ilcss, instituto que dirige en la Universidad de Maryland (UMD). Es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Northwestern y profesor de la UMD. Centra su línea de investigación en el estudio comparado de la representación política, los sistemas electorales y las redes sociales. Es autor de Non-policypolitics (Cambridge U.P., 2019; junto a Victoria Murillo), Anatomía política de Twitter en Argentina: Tuiteando #Nisman (Capital Intelectual, 2015) y Legislator Success in Fragmented Congresses in Argentina (Cambridge U.P., 2014).
Martín Becerra es uno de los expertos argentinos más sobresalientes en el campo de la economía política de la comunicación. Doctor por la Universidad Autónoma de Barcelona y profesor de la UBA y la UNQ, ha trabajado en diversos trabajos sobre políticas de comunicación, TICs y concentración de medios entre los que se destacan Medios en guerra (Biblos, 2017) y La concentración infocomunicacional en América Latina (UNQ, 2017), junto a Guillermo Mastrini. Actualmente coordina la segunda investigación impulsada por Amnesty Internacional –la primera se denominó “El debate público limitado”– sistematizar y analizar las agresiones y la violencia online a mujeres que participaron del debate sobre el proyecto de Ley de IVE.
Foto: Guadalupe Lombardo
Fuente: PáginaI12
