La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) presentará mañana un informe en el que alerta sobre los periodistas “empresarios” que reciben directamente y en mano el dinero de la pauta oficial. “El precio del silencio” -así se llama el libro- denuncia la censura y el reparto arbitrario en la publicidad oficial del gobierno argentino y de otros seis países de la región.
Según consigna el informe, “el sistema funciona, en parte, porque muchos dueños de estaciones de radio o canales de televisión por cable venden segmentos de aire a periodistas y productoras, quienes luego buscan contratos publicitarios para solventar los costos de producción y del espacio y a la vez generar un ingreso”. Así, los datos oficiales muestran que en 2006, el 36% de los pagos del Gobierno en concepto de publicidad por cable se hizo a los canales, mientras que el 62% se destinó a periodistas, productoras, agencias de publicidad o programas específicos. En la radio la proporción también es cuestionable: el 50% va al medio y el resto se distribuye de manera particular.
Estos datos son avalados por la rutina de muchos periodistas, aunque también hay otros que se niegan a esos manejos en nombre de la ética profesional. Carlos D’Elía, gerente de noticias de Canal 13, les dijo a los representantes de ADC que este fenómeno surgió con la aparición de la tevé por cable: “Al principio conseguían en el cable un lugar donde expresar sus ideas libremente sin ningún tipo de presión. Todo muy ideal. Ahora, ¿qué pasó? Aparecieron también aquellos que descubrieron que, a partir de un pequeño programa en la televisión, la radio y el cable, podían tener grandes ingresos. Simplemente, sin decir lo que había que decir”, explicó D’Elía.
En ese punto se basa la polémica de este nuevo tipo de periodista porque los pagos de publicidad suelen hacerse muchas veces en respuesta al pedido del propio periodista. Es decir que gestionan a través de funcionarios –que a la vez son sus fuentes de información y objeto de muchas noticias– el dinero para financiar sus programas.
Luz verde para agencias privadas
La “lavada de cara” que puso en marcha el gobierno nacional para levantar la imagen presidencial después de la derrota en la guerra gaucha, incluirá la contratación –legal– de agencias de publicidad privadas. Cristina Fernández exceptuó ayer por decreto a la Secretaría de Medios que maneja Enrique Albistur de la obligación que rige para todos los organismos del Estado de utilizar el “servicio publicitario creativo, arte y producción gráfica y audiovisual” que presta la agencia oficial TelAm. Argumentando “razones de índole operativa”, la Presidenta le permitió a Albistur contratar a creativos privados para la difusión de los “actos de gobierno que se publiquen en el Boletín Oficial”. Así figura en el decreto 1.311 que fue difundido por el Ejecutivo.
Fuente: Crítica de la Argentina
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