Se anunció su incorporación en abril
Por Raquel San Martín
A casi cinco meses del anuncio presidencial de que las universidades se incorporarían al Observatorio de la Discriminación en Radio y TV, que despertó una encendida polémica, no parece haber sucedido mucho para concretarlo.
La decisión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que fue anunciada el 4 de abril pasado -en pleno conflicto con el campo-, consistía en que las facultades de ciencias sociales formaran parte del Observatorio, que existe desde 2005, "para aportar una mirada crítica y conceptos académicos a la construcción de un relato que garantice o fomente la pluralidad de opiniones y la pluralidad de voces".
En estos términos lo anunció entonces el titular del ComFeR, Gabriel Mariotto, en conferencia de prensa. A su lado, estaban las autoridades de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, que había dado forma en ese momento a un crítico informe sobre el tratamiento mediático del conflicto con el campo. El Observatorio está integrado por el INaDi, el ComFeR y el Consejo Nacional de la Mujer.
Ahora, aunque en el ComFeR reconocen que "el proyecto era la inclusión de las universidades de manera sistematizada", admiten que eso no sucedió hasta ahora.
"Tenemos contactos de manera informal con algunas universidades. Les pedimos bibliografía o les hacemos consultas por temas puntuales", dijo a La Nación Verónica Gómez Pujolás, encargada de evaluación de contenidos del ComFeR. La UBA, la de La Plata, la de San Martín y la de Lomas de Zamora -donde fue decano Mariotto- son algunas de las universidades consultadas.
En Ciencias Sociales de la UBA, en tanto, contaron que existieron algunas reuniones tras el anuncio oficial y que la facultad interviene a través de las personas que investigan temas de discriminación.
Pero al mismo tiempo descartaron una participación sistemática: "No hay una integración formal en el Observatorio. Hasta que no estén todas las facultades del país integradas, no nos vamos a meter y algunas no contestaron la invitación", dijeron. Un directivo fue más allá: "Nos tuvimos que autocensurar después de la polémica".
Mientras tanto, el Observatorio continuó funcionando como lo venía haciendo hasta ahora. Así, el martes de la semana pasada se citó a empresarios de emisoras de televisión de aire y cable, en cuyos programas emitidos durante el conflicto entre el Gobierno y las entidades del campo, "se encontraron segmentos en los que se detectó discriminación", según dijo Gómez Pujolás.
"Ahora, los canales tienen un tiempo para hacer una devolución", comentó la funcionaria del ComFeR, quien estimó que esa próxima reunión podría concretarse el mes que viene.
La decisión de las autoridades del Observatorio fue no difundir ese informe todavía, "para mantener un perfil bajo y esperar la respuesta de los canales", según dijo Gómez Pujolás. Luego, afirmó, el documento podrá consultarse en Internet, donde ya pueden verse otros.
"Intento de control"
La invitación presidencial a las facultades, que significó una suerte de relanzamiento público del Observatorio en un momento crítico del conflicto político con el campo, despertó en ese momento inmediatas reacciones de rechazo de periodistas, asociaciones profesionales -como ADEPA, la SIP y FoPeA- y dirigentes políticos, que vieron esa iniciativa como "un intento de control sobre la prensa".
La controversia alcanzó enseguida a la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, que había elaborado un informe -que en principio fue un documento interno- a partir del seguimiento de la cobertura mediática del conflicto entre el 26 de marzo y el 3 de abril pasado, en el que describía una "escalada de violencia simbólica y por momentos racista" en los medios.
Además, su consejo directivo había aprobado una resolución en el mismo sentido. En su defensa, la facultad afirmó que con esa resolución sólo había cumplido "con su obligación".
Fuente: La Nación
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