Poco después de iniciado el conflicto con el campo el Gobierno adoptó una serie de medidas y realizó anuncios que poco o nada tenían que ver con aquel problema, pero que trataban de distraer la atención pública sobre la naturaleza de la crisis en ciernes. Una de ellas fue la que un vocero oficial calificó como “madre de todas las batallas”. Se refería a una nueva Ley de Radiodifusión, en sustitución de la vigente sancionada durante la última dictadura pero ampliamente reformada, si bien no figuran en ella las innovaciones técnicas.
De inmediato, se produjo una serie de consultas auspiciadas por el Gobierno, que no tuvieron en cuenta los consensos alcanzados en el Pacto de San José de Costa Rica ni en la Declaración de Chapultepec, donde sostuvo: “No hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión de prensa. El ejercicio de esta no es una concesión de las autoridades; es un derecho inalienable del pueblo”.
Tampoco puede eludirse lo consensuado por las relatorías de Libertad de Expresión de la ONU y de la OEA en 2001, en las que se declara como objetivo principal de la reglamentación de la radiodifusión, la promoción de la diversidad y de la igualdad de oportunidades para el acceso de todos los segmentos de la sociedad a todas las ondas de ese medio de comunicación.
Un análisis y un debate de tal naturaleza pueden ser promovidos por el Poder Ejecutivo, pero la construcción de los consensos requeridos no debe tener otro escenario que el Congreso, cuyas comisiones de Comunicaciones y de Libertad de Expresión son el ámbito adecuado para escuchar a todos los protagonistas: organizaciones periodísticas y gremiales relacionadas, y sectores académicos y sectoriales. Sin embargo, recientemente y en sesión de tablas sin que se produjera diálogo interbloques, el oficialismo de la Cámara de Diputados declaró de interés los 21 puntos básicos por el derecho a la comunicación.
De inmediato, la presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión, diputada Silvana Giudici, advirtió que se pretendía aprobar la Ley de Radiodifusión sin pasar por dicha comisión, y agregó que al eludirla “el Gobierno quiere dilatar el tratamiento de temas más profundos, como el de la publicidad oficial y el acceso a la información”.
En primer término, la ausencia de una ley que regule la publicidad oficial ha provocado un nivel de discrecionalidad que permite favorecer o sancionar virtualmente a los medios de prensa mediante pautas a través de la Secretaría de Medios o por medio de circuitos no esclarecidos de la agencia oficial TelAm.
Un derecho inalienable que debe preceder a cualquier otro propósito como la nueva Ley de Radiodifusión -evidentemente necesaria para incorporar las nuevas tecnologías- es el de acceso a la información pública, trabado desde hace años por la mayoría oficialista parlamentaria, de tal forma que el poder estatal oculta sus manejos administrativos.
En esta trilogía, la futura Ley de Radiodifusión de poco ha de servir a objetivos democráticos, si no es precedida por el control de la publicidad oficial evitando a la vez fines proselitistas, y haciendo transparente la administración del Estado ante los contribuyentes y la ciudadanía.
El ocultamiento y las ausencias que han precedido al proyecto oficial no avalan ciertamente la promesa del interventor del ComFeR, Gabriel Mariotto, quien aseveró: “va a haber reglas clara por vez primera”.
Fuente: Diario La Gaceta
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